Recientemente, en una entrevista concedida a medios locales, el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), Carlos Ríos Castellanos, dio a conocer que las invasiones en núcleos irregulares crecieron un 10 por ciento en los últimos cinco años. En ese tenor, el funcionario concluyó afirmando que la falta de tierra y la mala práctica de vivales, generó invasiones de gran tamaño, pues estos aprovechándose de las necesidades de la gente le cobran por un pedazo de tierra que no tiene agua, luz o drenaje por ser totalmente irregular.

Al respecto, sorprende el discurso simplista y poco sustentado del secretario Ríos Castellanos, al referirse al tema de las invasiones, pues lejos de enfocar el problema desde sus causas fundamentales y de su carácter económico-social, aborda la situación superficialmente, dando muestra de cómo los gobernantes no tienen una visión social de las políticas públicas, sino que se limitan a realizar planteamientos netamente administrativos. De esta forma, es evidente que nuestras autoridades gubernamentales no estudian a profundidad las principales problemáticas sociales o se niegan a hacerlo, en este caso particular, de cuáles son las causas de fondo que motiva a miles de familias en situaciones precarias a buscar un pedazo de tierra propio para que habiten sus familias, con la esperanza de que se le garantice certeza jurídica a su patrimonio.

Pero esto no es así, el titular de la Sedetus, en su escueto análisis sobre la realidad imperante, únicamente se limitó a decir que las personas al establecerse en zonas irregulares se comete una serie de violaciones a las leyes, tanto en materia de medio ambiente, como en materia penal y urbana, entre otras, y hay que mencionar que esta afirmación no es un error, pero no es el fondo del problema; asimismo, Ríos Castellanos, sostuvo que las invasiones se convirtieron en “dolor de cabeza” para las autoridades, limitando su actuar a la mera carga administrativa de sus funciones, sin pasar por su conciencia la difícil realidad y las condiciones de marginalidad en que vive la población más vulnerable que habita estos predios. 

A su vez, el funcionario resalta que la mayor problemática se encuentra en la zona norte de la entidad, desde Tulum hasta Cancún, donde se ubica el 85 por ciento de las invasiones, aunque mencionó que en la zona sur de la entidad, principalmente en Chetumal, el problema no es tan minúsculo como parece, dado que en la actualidad existen 18 asentamientos que se mantienen de manera irregular. Al respecto, cabe mencionar, que estas colonias populares albergan al 10 por ciento de la población de Cancún lo que origina un desorden urbanístico y problemas tanto sociales como ambientales de acuerdo a la apreciación de los funcionarios estatales, quienes tampoco han sido capaces de realizar propuestas claras y viables para solventar las necesidades de certeza patrimonial para las familias en estas condiciones y así poder prevenir futuros incidentes donde la decisión de la autoridad encargada del “progreso y bienestar de todos” no sólo se reduzca al inhumano dictado de desalojo, sin importar el sufrimiento de miles de familias que con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado edificar un pequeño patrimonio.

Cabe resaltar que por un lado, la bastamente promocionada ciudad de Cancún, conocida mundialmente por sus hermosas playas y sus enormes hoteles de cinco estrellas, y que en un extremo de su población genera millonarias ganancias económicas por las actividades turísticas, no obstante, el otro extremo de la ciudad encontramos que las colonias populares y principalmente en las zonas irregulares, se pueden constatar las precarias condiciones en que viven los residentes quienes carecen de servicios básicos de agua potable, drenaje y alumbrado público, mientras que los caminos de acceso son de terracería y están visiblemente deteriorados, ya que en algunas partes hay baches encharcados tras las lluvias recientes. 

Así pues, el desempleo, el trabajo mal remunerado, la creciente inflación, la falta de oportunidades, la incapacidad del Estado para prestar servicios públicos dignos, así como la distribución inequitativa de la riqueza, son algunas de las causas de la pobreza, las cuales son condiciones que actualmente están vigentes en la entidad, lacerando permanentemente la estabilidad social de los quintanarroenses, a quienes se les augura un difícil panorama ya que la crisis continuará mientras que las políticas económicas del gobierno estatal no se enfoquen verdaderamente para solventar estas dificultades, dado que las políticas implementadas actualmente no han sido las más acertadas.  

Los deficientes resultados del gobierno de Joaquín González se refleja en el panorama del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación Empleo, y no es nada alentador, pues afirma que en Quintana Roo la tasa de desempleo es de 4.4 por ciento, mientras que la tasa de informalidad es de 47.2 por ciento, y hasta hoy no se ve el esfuerzo del gobierno del Estado para disminuir esas cifras, pues miles de ciudadanos aún enfrentan dificultades para lograr reunir ingresos suficientes que le permitan alimentar y sostener a sus familias. 

Este es el fondo del problema social, cada vez mayor el número de familias que tienen graves problemas de subsistencia, que sus integrantes no tienen empleo o que se dedican al comercio informal, vendiendo algo para poder alimentar a sus familias. Sin duda la entidad es de las más golpeadas en el rubro del aumento de la pobreza y destacan que en los últimos años la cifra se ha disparado en incremento hasta el 88 por ciento y, a pesar de este lamentable rezago social, las autoridades de los tres órdenes de gobierno lo consideran como “bajo”, en términos generales, lo que, a todas luces es incongruente porque así conviene a sus intereses personales. 

Por esa razón, es inaceptable el razonamiento tan limitado del titular de la Sedetus, porque sus argumentos que no están fundados, porque no logra ver más allá de sus narices, ya que existe limitaciones económicas que impide que muchas familias quintanarroenses tengan mejores oportunidades de vida, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero lamentablemente la máxima Ley es letra muerta porque los que están obligados a hacerla cumplir, no lo hacen, por el contrario prostituyen la construcción para el bien de sus intereses mezquinos.

Finalmente, podemos concluir que las invasiones son efecto de cierta forma, de tanta pobreza y miseria debido a la injusta distribución de la riqueza, ya que ésta no es equitativa porque al trabajador que labora ocho horas o más no recibe el fruto merecido de su trabajo por ese tiempo laborado; sino muchísimo menos, por tal motivo, para que el aumento de salarios tenga un efecto real, debe ser el pueblo organizado el que tome el poder político del país y llegue a una conciliación con las clases empresariales del país, de tal manera que se dé preferencia de manera coordinada, y el aumento sea gradual, racional y efectivo, sólo así se logrará el bienestar social.