Las legislaciones de Estados Unidos también estaban diseñadas para que las empresas pudieran importar productos terminados en México (ensamblados), pagando aranceles muy bajos, puesto que eran sobre el valor agregado en México. En 1966 se creó el primer parque industrial en Ciudad Juárez, dedicada al ensamblaje de televisiones; en 1968 se hizo otro en Nogales, Sonora. Para 1973, ya existían parques industriales en casi toda Baja California (Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana), en Tamaulipas (Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros), Sonora (Nogales, Agua Prieta y San Luis Rio Colorado) y Coahuila (Acuña y Piedras Negras). El grueso de estas empresas era de capital norteamericano. Esto se expresó en el aumento de la participación de las empresas maquiladoras en las exportaciones: si en 1980 era del 14% del total, para 2000 ya era del 47.8% (De la Mora, 2017).
A partir de la década de los ochenta se conjugó la situación mundial y nacional para que se diera un vuelco hacia las políticas neoliberales, que no explicaremos en este documento por falta de espacio y porque no es el objetivo. Lo que sí es importante decir es que a raíz de la adopción del Consenso de Washington y el TLCAN, cambió la forma de percibir a la IED por parte del estado mexicano y de la comunidad académica. Desde entonces, se pretendía que la IED ayudara a modernizar a la economía mexicana; se buscaba que este capital extranjero completara la insuficiencia de ahorro del mercado interno, aumentara el empleo y las empresas nacionales adoptaran tecnologías más avanzadas (De la Mora, 2017). Así, los flujos de IED se multiplicaron, pasando de 2 mil 633 millones de dólares en 1990 a 18 mil 246 millones en 2000; además, el stock de IED pasó de 22 mil 424 millones de dólares a 121 mil 691 millones en el mismo periodo. El sector maquilador tuvo un gran auge con la implementación del TLCAN, puesto que se eliminaron las restricciones en cuanto a requisitos de exportación y se permitió que cualquier empresa mexicana pudieran entrar en los programas de maquila, siempre y cuando cumplieran algunos requisitos mínimos de impuestos de importación. Es decir, se eliminó toda restricción a su producción. Pero la maquila, al emplear niveles de capital relativamente menores y centrarse en la habilidad de los trabajadores, tiene poca capacidad de impulsar la competitividad de la economía. Además, si se importan del exterior casi todos los componentes que se requieren para ensamblar cierto producto terminado, la economía a la que llega la inversión no se va a ver beneficiada de la creación de encadenamientos productivos, al contrario, solo va a servir como exportador de plusvalor, a partir de los relativos bajos salarios que se pagan, para así cumplir el objetivo de impedir la caída de la tasa de ganancia de las empresas de los países imperialistas[1].
La IED, por medio de las EMN y ET, no tiene la capacidad de generar un impulso autónomo sobre el desarrollo de las economías subdesarrolladas. Sin la intervención consciente de una entidad política que los obligue a eso, como es el Estado, estas sólo tienden a velar por la maximización de las utilidades de sus empresas, sin importarles lo relacionado con la economía del país en el que invierten. Con la adopción de las recomendaciones del FMI en el Consenso de Washington (1989), sin embargo, México y los países latinoamericanos coartaron toda posibilidad de regular la economía por medio del Estado. Como hemos argumentado en todo este documento, la intención de las EMN y ET de externalizar actividades y ubicarse en los países subdesarrollados persigue únicamente el fin de disminuir sus costos productivos para que la tasa de rentabilidad se mantenga creciente o al menos no disminuya. En este punto es importante darse cuenta que si los países subdesarrollados llegaran a tener niveles de desarrollo similares a los de los países imperialistas de donde son originarios los capitales de las EMN y ET, ya no habría manera de frenar la caída tendencial de la tasa de ganancia por los mecanismos de la disminución de los costos laborales incluso por debajo de su valor y de las materias primas, lo que haría más encarnizada la lucha entre capitales que buscan extraer mayores niveles de ganancias.
¿Cómo hacen las EMN y ET para que este estado de cosas se mantenga para no perder el nivel de rentabilidad de sus capitales? Fajnzylber (1976) distingue dos formas características. La primera es desde su lugar de origen. Los grandes capitales expresados en las EMN o ET tienen la necesidad de controlar todo el contexto social, lo que implica no solo planificar las actuaciones de la empresa misma, sino también planificar el comportamiento de la población y del gobierno:
“[…] Esto no es un problema de ambición sino de necesidad. […] Las actividades que desarrollan [las EMN y ET] son de tal naturaleza que no se pueden permitir quedar expuestas a las caprichosas apreciaciones de los consumidores o a la conducta impredecible de los gobernantes” (Fajnzylber, 1976, pág. 629).
La EMN y ET se convierten en agentes activos en toda la política económica. Esto dependerá de las condiciones políticas, sociales y económicas de su país; pero no puede hacerse a un lado porque es un requisito para la misma expansión de su actividad económica. En este sentido, cuando este tipo de empresas salen de sus países a otros mercados llevan todo el respaldo conseguido de sus respectivos Estados. Por ejemplo, cuando se dedican a la explotación de los recursos naturales, sus Estados argumentan que están garantizando el abastecimiento de insumos estratégicos a las economías a precios “razonables” para conseguir precios beneficiosos para las EMN y ET que respaldan. En el caso de Estados Unidos, se realizaron las modificaciones legales necesarias para minimizar los riesgos de los capitales de su país. Un caso que lo ejemplifica es la Enmienda Hickenlooper y González y la existencia de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Sin embargo, estas políticas pueden llegar aún más lejos, como los conflictos internacionales que ha enfrentado EUA cuando los intereses de su EMN y ET entran en conflicto con los del país receptor (Fajnzylber, 1976). En la actualidad, por ejemplo, Estados Unidos llevó a cabo represalias importantes hacia China cuando la empresa Huawei intentó vender su red 5G a las empresas de otros países; esto afectaba la supremacía de las ET y EMN de origen norteamericano.
En el lugar del país receptor, principalmente cuando el país es subdesarrollado como los de América Latina y México en particular, lo que ocurre es que además de lo que comentábamos líneas arriba sobre la modificación de las políticas de los países a donde arriban las ET y EMN, mediante la coerción del Estado de su país de origen, su posición económica ventajosa les permite someter a las pequeñas empresas nacionales a través de lo que Gereffi denomina “gobernanza”. La gobernanza es un elemento fundamental en el enfoque de las CGV porque identifica a los actores que tienen el poder de una cadena, generalmente son las EMN y ET, y muestra cómo ellos determinan la distribución de beneficios y riesgos entre quienes conforman la cadena. De acuerdo con Ha-Joon Chang y Andreoni (2020) las ET son tan poderosas que ejercen su poder oligopólico en los mercados globales de forma estratégica para captar mayor valor agregado, creando barreras de entrada y sometiendo a los proveedores. Existe, por ejemplo, la “situación de rehenes” que se da, generalmente, en las CGV de fabricación de productos de baja tecnología. Allí, las ET se apropian de valor induciendo a los proveedores a aumentar la escala y a mejorar la calidad de los productos, pero una vez comprometidos los recursos, los presionan a bajar los precios. Otra manera de captación de valor es que las ET o EMN controlen las fases de venta al por menor; esto generalmente pasa en las CGV de productos básicos.
A manera de conclusión, podemos decir que, antes de que la IED signifique desarrollo y progreso para los países pobres, ha significado la perpetuación del subdesarrollo. Así lo corrobora Araceli Damián, Directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, a través de un estudio publicado por la revista El Trimestre Económico, donde mide la evolución de la pobreza y desigualdad en México desde 1983. No obstante, como también se mencionó, cuando la IED es regulada por parte de los Estados, ésta puede significar una gran ayuda para el desarrollo de los países atrasados como México. China, a través del Partido Comunista, por ejemplo, ha logrado acoplar las acciones de los capitales extranjeros a las necesidades de cada fase de desarrollo de su país, convirtiéndola en la segunda economía del mundo, pero, además, y esto es lo más importante, en la nación que más pobres ha sacado de esa condición. El caso opuesto, el libre comportamiento de las empresas extranjeras, por recomendación de la teoría económica mainstream y los países imperialistas que están tras de sí, ha significado pobreza, explotación del trabajo y recursos naturales, y subdesarrollo. Ese es el caso de México y los países latinoamericanos.
Aunque oficialmente México es un país independiente desde 1821, lo cierto es que los hechos hablan de una histórica dependencia del país a las migajas del capital extranjero, específicamente a la “ayuda que nos prestan al invertir en el país, ya que crean muchos empleos”. Como se mencionó, esas inversiones que solo vienen a explotar la mano de obra del mexicano, ninguna ayuda aporta, más que para el mismo capital imperialista que no quiere pagar los salarios establecidos en su país. Extracción de plusvalor, eso es todo lo que hacen las EMN y ET en México. Queda mucho camino por recorrer para hablar de una real independencia política y económica. Se requiere de un Estado fuerte, gobernado por el pueblo, que garantice soluciones a las demandas históricas del capitalismo mexicano y de su población más pobre, donde la IED antes de ser el eje sobre el que gira la política mexicana, se apegue a un proyecto mayor liderado desde el Estado en beneficio de su gente.
*Con autorización del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales
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