EL 15 de febrero de este año, se conmemora el 475 aniversario de la fundación del municipio de Irapuato, un acto sin precedentes que sin duda ha inundado las redes sociales y medios de comunicación en el municipio, con un festejo alusivo en el que se destinarán más de 8 millones de pesos; así lo informó la alcaldesa municipal, Lorena Alfaro García en un acto alusivo.

Me ocupo del tema, a riesgo de que se me tome como aguafiestas, para hacer algunas reflexiones respecto a la celebración de la que tanto se pavonea la presidenta, para que mis posibles lectores llegan a la conclusión ¿en verdad hay algo qué celebrar?

El municipio de Irapuato cuenta con una población de 592 mil 953 habitantes, de los cuales, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en sus estimaciones del 2020, Irapuato cuenta con una población de 239 mil 101 personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, 40% de su población.

Por otro lado, en el municipio existen comunidades que carecen de los servicios más elementales como alumbrado público, electrificación, red de agua potable, drenaje, pavimentos, entre otras, comunidades que por mas de 25 años han sido olvidadas, y que, “de acuerdo con los criterios propuestos por la CONAVI, se considera como población en situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características: El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la adquieren por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante; no cuentan con servicio de drenaje o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta; no disponen de energía eléctrica; el combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.” Como se ve, esta es la situación real en la que viven miles de personas.

Por otro lado, el 5 de febrero de este año se conmemoró el 105 aniversario de la promulgación de nuestra constitución, un hecho histórico que sentó la bases para el fortalecimiento de nuestro sistema político; garantizó los derechos sociales de las personas al incluir por primera vez en el mundo garantías sociales en una Constitución, del cual cito textualmente algunos artículos:

En el artículo 4° de la Constitución se establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda digna y decorosa. De acuerdo con estos criterios, la CONAVI considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos una de las siguientes características: El material de los pisos de la vivienda es de tierra; el material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos; el material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.

De igual forma, el Articulo 8º menciona que: Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En el Articulo 9º: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.

Pretender coartar nuestra libertad a la libre organización con fines lícitos y a la libre petición, tachándonos de intermediarios muy al estilo Obradorista, es atentar contra los derechos constitucionales de toda persona. Vemos con preocupación la actitud que toma la presidenta municipal, al querernos dar ese trato discriminatorio a los que nos hemos organizarnos para construir un mejor municipio, por tanto ¿hay algo que celebrar cuando la situación que viven los irapuatenses es hostil y con carencias sociales?

De cualquier forma, dejo constancia y al mismo tiempo hago extenso nuestro llamado a las autoridades municipales a que atiendan y resuelvan las necesidades de los habitantes organizados, de lo contrario nos verán obligados a salir a manifestarnos las veces que sean necesarias para hacer valer nuestros derechos. La decisión la tiene la presidenta, que conste.