Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder de la república no ha habido evento público, o conferencia mañanera en la que no conteste las preguntas que politologos y periodistas de distintos medios de comunicación nacional e internacional le hacen con cierta dosis de acidez y calificativos discriminatorios, despectivos y en muchos casos humillantes como “chayoteros”, “prensa fifí”, “conservadores”, “maiceados”, señalarlos en tono sarcástico como “paladines de la transparencia y de la honestidad”, de ser “el hampa del periodismo”, etcétera. Pero me llamó particularmente la atención cuando dijo les dijo que “muerden la mano a quien les quitó el bozal”.
Pero como se ve en el gasto por concepto de comunicación social que informa el gobierno de la 4T (el informe oficial), este trato no es con todos los medios. A pesar de que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar leyes que prohíban el uso de medios indirectos para coartar la libertad de expresión, como la asignación discrecional de publicidad oficial por los gobiernos, en la vida real esto sigue y seguirá ocurriendo. En 2010 estos organismos subrayaron la urgencia de aprobar reglas claras, objetivas, transparentes y no discriminatorias para la contratación de publicidad oficial, tanto a nivel federal como estatal, debido a que cuentan con un marco jurídico que permite y propicia su asignación de manera discrecional.
Una prueba de ello es que, según cifras del Sistema de Comunicación Social del gobierno de la morenista, que publica la Secretaría de la Función Pública (SFP), es decir ellos mismos, en 2019 presupuestaron 5,212 millones de pesos para publicidad oficial; sin embargo, según sus cifras, por austeridad sólo gastaron 3,245 millones de pesos, dejando sin ejercer cerca de dos mil millones de pesos. Si bien el monto ejercido en este año representa alrededor de una tercera parte del gasto ejercido en el primer año de Peña Nieto (9,632 mdp) y casi la mitad de Calderón (7,381 mdp), lo preocupante es que se mantienen las malas prácticas en el ejercicio del gasto, tan criticado a los gobiernos neoliberales y corruptos del pasado.
Del total del monto erogado en 2019, cinco de 564 medios de comunicación concentran el 40% de los recursos, es decir, poco más de 1,253 millones de pesos, y de las 117 instituciones del gobierno federal que destinaron gasto para publicidad oficial, a pesar de su promesa de una política de austeridad, tres de ellas, Televisa, TV Azteca y La Jornada, concentraron el 40%, es decir, poco más de 2,170 mdp. Y como dato curioso según la SFP, de los 3,246 millones de pesos ejercidos, el 83%, 2,720 millones se gastaron únicamente en diciembre y 306 millones, el 9% en el mes de noviembre. ¿Alguien les cree?
En 2020, de un gasto programado de 2,452 millones de pesos para servicios de comunicación social y publicidad de todo el gobierno federal, según datos de la SFP, Televisa de Emilio Azcárraga Jean, con 17 contratos, recibió 147 millones de pesos, TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, con 24 contratos obtuvo 141 millones de pesos y La Jornada, con 51 contratos, obtuvo 144 millones de pesos. Estos tres medios concentran el 66% de los 654 millones de pesos por gastos en comunicación social del gobierno federal, de acuerdo con los datos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Finalmente, en el primer semestre de 2021, del total del gasto programado para publicidad, 688 millones de pesos, 95% han sido entregados directamente, sin una licitación, la cifra más alta desde que se tiene registro. Este repetido hecho en sus tres años de gobierno de continuar con las viejas y tan criticadas prácticas como candidato, y el reclamo a los periodistas, politólogos y comunicadores de que “muerden la mano a quien les quitó el bozal” pintan al gobierno, especialmente a López Obrador, no sólo como mal presidente sino como un ordinario, que no entiende lo que es el poder, a años luz de un estadista.
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