Inflación, altas tasas de desempleo y covid, nadie puede darse el lujo a perder o poner en riesgo su trabajo en la coyuntura actual. En el pico más alto de contagios desde el inicio de la pandemia en noviembre de 2019, la gente se muestra desesperada por poder cumplir con su jornada laboral incluso sobre la enfermedad, pese a que represente un riesgo para sí mismos y sus compañeros, lo que han aprovechado algunas mafias para la distribución a bajos precios de pruebas falsas para la detección del coronavirus.
México y Coahuila enfrentan en la actualidad el peor momento del virus SARS-CoV-2 con la variante Ómicron, cuya velocidad de transmisión supera incluso a Alpha o Delta, lo que ha llevado a miles de personas a salir diariamente a realizarse una prueba que permita conocer si contrajeron o no la enfermedad respiratoria, lo que ha desembocado en la compra y realización de análisis no aprobados por la Comisión Federal de Prevención y Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Estas pruebas falsas representan un gran problema para la salud pública y la economía nacional, puesto que implica, por un lado, la probabilidad de que alguien enfermo se presente a laborar y contagie a otros compañeros y, por otro lado, la posibilidad de que se incremente el ausentismo laboral con un resultado falso positivo que lleve a los y las trabajadoras a incapacitarse por siete días, afectando la productividad de las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas, que cuentan con plantillas limitadas y son, a dicho de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación Delegación Torreón (Canacintra), las más afectadas en la actualidad.
Si bien Luisa Morales, presidenta del Clúster Automotriz de La Laguna, ha negado que en las áreas de Recursos Humanos se hayan presentado pruebas falsas de covid, el presidente de Canacintra, Carlos González, precisó que han optado por costear los análisis para sus empleados por dos motivos: apoyar la economía de sus empleados y la detección de pruebas “que no son tan efectivas”.
De hecho, la diputada local en Coahuila, Claudia Elvira Rodríguez Márquez, realizó el 25 de enero de 2022 una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud Federal a detectar y sancionar la venta no autorizada de pruebas covid de procedencia desconocida, sobre todo por medio de redes sociales, donde incluso hay grupos donde se venden de manera masiva estudios de origen desconocido.
Identificar pruebas falsas covid es básicamente imposible para la persona con síntomas covid, quien confía en el análisis para conocer su estado de salud, mientras que un resultado apócrifo no se puede autentificar por un empresario, puesto que estas vienen rubricadas por un “profesional”. Las pruebas falsas covid, que se venden a bajos precios “en beneficio” de enfermos y laboratorios (para hacer negocio), pone en riesgo la salud pública y la economía nacional.
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