En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han ocurrido al menos cinco escándalos de presunta corrupción en los que han sido involucrados funcionarios de su gobierno. Ninguno de los señalados ha sido sancionado por la autoridad.
A dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y 18 meses de gobernar el país, las promesas de nuestro flamante presidente de combatir la corrupción, que se Gobernaría para el pueblo pobre y que no más influyentísimos e impunidad, se ha quedado en pura palabrería y las cosas siguen igual o peor que en las administraciones pasadas, tan criticadas por el actual presidente de la República, la corrupción sigue en todo su apogeo desde la misma cúpula del mismo López Obrador, y el pueblo pobre no ha visto ningún beneficio de mejoría para paliar la pobreza que padecen las familias mexicanas.
A continuación, algunos datos de la corrupción que existe en esta etapa del nuevo Gobierno de la cuarta transformación, que tanto prometió combatir.
La casa de campaña de López Obrador
Mayo de 2020
Una investigación periodística señala que la casona de Chihuahua 216, Colonia Roma, la cual funcionó como casa de campaña y luego del gobierno de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador, es parte de la red de propiedades, empresas e intereses del grupo encabezado por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz. En medios periodísticos se difundió que cuando fue usada por el ahora presidente de la República, esa casa era de Jesús González Torres, un político que ha trabajado desde hace 49 años con Bartlett y que es socio de su hijo León Manuel Bartlett ávila.
El negocio de los ventiladores al IMSS
Mayo de 2020
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que el pasado 30 de abril del 2020 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró un contrato con León Manuel Bartlett Díaz, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para la adquisición de 20 ventiladores para uso en el tratamiento de pacientes con afecciones en sistema respiratorio y en estado crítico. La institución pagaría 1.5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado la Federación hasta el 1 de mayo.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que cuenta con más de siete líneas de investigación abiertas sobre ese asunto y que las diligencias y visitas de verificación e inspección iniciaron desde el 1 de mayo y ya se cuentan con los elementos para los procedimientos de asignación de la sanción correspondiente por presuntas irregularidades. En tanto el IMSS informó que levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores. Explicó que luego de una revisión física, detectó que los ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir no cumplían con los requerimientos funcionales acordados.
Nuevo negocio con Levanting Global Servicios, sancionada años atrás.
Abril de 2020
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denunció que el gobierno federal siguió un inusual procedimiento exprés, de apenas cuatro días, para asignar directamente un contrato por 93 millones de dólares a un proveedor que desde hace 20 años ha sido acusado de fraude, sobornos e incumplimiento.
La empresa Levanting Global Servicios presentó una propuesta al IMSS para venderle hasta 3,000 ventiladores pulmonares; ese mismo día la institución respondió que era viable asignarle el contrato y dos días después, el 30 de marzo, formalizó la adjudicación. La empresa expidió ese día una factura para cobrar 660 millones de pesos de adelanto, pese a que el contrato se formalizó hasta el día siguiente, 31 de marzo.
El 8 de abril MCCI reveló que el dueño de esa empresa es Baldemar Pérez Ríos, un empresario guanajuatense residente en Houston que había sido sentenciado por fraude bursátil en Estados Unidos y por falsificación de documentos e incumplimiento de contratos en Pemex y en la CFE. Señaló que Baldemar Pérez fue investigado por la Función Pública por tejer una red de 30 "empresas fantasmas" con las que se hizo de contratos millonarios con Pemex entre los años 2000 y 2010, además de haber sido acusado de sobornar a funcionarios.
El Caso del (ex)delegado Carlos Lomelí
Junio de 2019
El (ahora ex) delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, fue señalado de ser el eje detrás de una red de empresas farmacéuticas que venden a gobiernos y que buscaba ser contratista de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la mega licitación de medicinas que convocó la oficial mayor de Hacienda y Crédito Público.
Además, fue denunciado de ser el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el exfuncionario sólo reconoce como propias cuatro de esas compañías. A mediados de julio Lomelí Bolaños, renunció a su cargo.
A principios de septiembre, los Laboratorios Solfran y Lomedic, empresas de Carlos Lomelí, fueron inhabilitadas por dos años y seis meses.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó el pasado 15 de julio que tenía siete investigaciones abiertas contra Lomelí y en esa fecha adelantó que existían indicios de que incurrió en conductas irregulares, por lo que podría ser sancionado.
En septiembre de 2019, Laboratorios Solfran y Lomedic, empresas de Carlos Lomelí, fueron inhabilitadas por dos años y seis meses.
Las casas de Manuel Bartlett
Agosto de 2019
Los periodistas Areli Quintero y Carlos Loret de Mola revelaron que desde que dejó el gobierno de Puebla y se convirtió al lopezobradorismo, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha amasado en familia una fortuna que no parece corresponder con los ingresos de alguien que ha dedicado su vida a la política. Señalaron que en los últimos 18 años Manuel Bartlett, su pareja, e hijos, han construido un imperio inmobiliario con 23 lujosas casas ubicadas en las zonas más caras del valle de México: Las Lomas, Polanco, Tecamachalco, la Roma y la "milla de oro" en el Paseo de la Reforma.
La SFP investigó el caso y determinó que de la revisión exhaustiva de sus declaraciones patrimoniales, se concluyó que no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad.
Corrupción en la Conade dirigida por Ana Guevara
Junio de 2019
Una investigación realizada por la revista Proceso señala que desde que Ana Guevara asumió la Dirección General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tres empresas, en complicidad con las federaciones deportivas, son utilizadas para triangular los recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias.
En febrero de 2020, una auditoría del órgano Interno de la Secretaría de la Función Pública reportó el mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos desvió en 2019 recursos federales del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. La revisión revela que el dinero del fondo fue comprobado con documentación "alterada, apócrifa y carente de validez fiscal" y que los recursos públicos fueron triangulados mediante empresas que facturaron a sobreprecio la realización de eventos deportivos.
El gobierno prefiere la adjudicación directa de contratos
Hasta el 5 de mayo de 2020 la base de datos de Compranet registra 50,447 contratos celebrados el gobierno federal durante 2020. De estos, el 77.2% han sido entregados por vía de la adjudicación directa, 16.5% por licitación pública y 6.3% mediante invitaciones restringidas. Esta proporción de adjudicaciones directas es la tercera observación más alta de toda la década, sólo por debajo de 2017 y 2019, que fue el año con más contratos entregados por esta vía, con 78.1 por ciento.
Gobierno de Veracruz no está fuera de la corrupción
En Veracruz, también gobernado por Cuitláhuac García Jiménez, de la cuarta transformación la situación es la misma y Aumenta la corrupción en el estado. -Pese a que lucha contra la corrupción es una de las banderas que enarbola con más ahínco el gobierno estatal, esta no sólo no disminuyó el año pasado, el primero completo del mandato de Cuitláhuac García, sino que aumentó significativamente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Veracruz registró un aumento sustancioso del 24.9 por ciento en las experiencias de corrupción vividas por la ciudadanía en los últimos dos años.
El documento revela que el número de víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes pasó de 10 mil 592 personas en 2017 a 13 mil 225 el año pasado 2019, una cifra que derrumba la estampa de honra que la actual administración estatal proclama al interior de cada una de sus dependencias y que inclusive, ha estado en tela de juicio debido a los señalamientos de creaciones de empresas fantasmas.
Los actos de corrupción también tuvieron un incremento importante. Según la ENCIG en 2017 la entidad reportó 14 mil 277 corruptelas, mientras que en 2019 hubo 18 mil 422, es decir, lo que significa una añadidura del 29 por ciento.
La pregunta ¿Dónde está la honestidad que tanto pregonaban nuestros gobernantes? Todos los gobiernos de antaño y actuales son lo mismo, están cortados con la misma tijera y la historia los juzgará.
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