Han pasado 10 meses desde que el país se vio obligado a volcar el sistema educativo hacia la modalidad de enseñanza a distancia, a causa del cierre de las escuelas como medida sanitaria para la contención de los contagios de covid-19.
Los medios digitales pasaron a ser la herramienta esencial para ejecutar los programas que sustituirían las clases presenciales en las aulas. Maestros, padres de familia y alumnos no estaban en condiciones de asumir el cambio, y muchos no contaban con los dispositivos y servicios básicos, como el televisor, computadora e internet. Sin embargo, el gobierno desestimó las graves consecuencias que su estrategia acarrearía. Llegó el primer corte de evaluaciones académicas y los resultados no deben sorprendernos. Aquí algunos datos.
Al inicio de la pandemia, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo el 53% de los hogares mexicanos contaban con acceso a internet, en las zonas rurales este porcentaje era de tan solo 22.3%; con computadora contaban el 44.3% de ellos.
Por otro lado, el encarecimiento de las computadoras y teléfonos móviles, así como del servicio de internet, hizo aún más difícil que los hogares pudieran cubrir estas carencias, quedando así excluidos de facto del sistema de enseñanza. A los hogares más pobres les fue negada la educación pública. La falta de un programa educativo eficiente e incluyente, y el nulo apoyo del gobierno para garantizar la conexión a internet, y en general para facilitar un poco la tarea titánica de miles de alumnos y maestros, nos han llevado a la consecuencia fatal: el aumento de la deserción escolar.
Según datos oficiales de la propia Secretaría de Educación Pública, 2.5 millones de alumnos abandonaron ya el sistema educativo, la mayoría de los casos lo hizo para poder ayudar en el sustento familiar: Inegi reveló que al cierre del año 2020 el trabajo infantil aumentó 11.3% respecto al primer semestre del año pasado.
Aunque al inicio de la pandemia se decía que las medidas sanitarias durarían dos o tres meses la situación está completamente fuera de control. El panorama es desolador. A la crisis sanitaria se ha sumado toda una amalgama de crisis en casi todos los ámbitos: económico, social, de seguridad y educativo. Las autoridades, en lugar de dirigir recursos y esfuerzos suficientes al combate del virus, gastan más en manipulación mediática para ocultar y minimizar su irresponsabilidad de cara a las campañas electorales. Las clases presenciales son una posibilidad todavía lejana. El aumento de los contagios mantiene en luz roja el semáforo epidemiológico y la vacunación es lenta, improvisada y manejada con fines políticos. Mientras tanto, las escuelas son víctimas de la delincuencia y el deterioro. No en pocos casos, los gastos de mantenimiento y vigilancia son cubiertos por los padres de familia, pues las escuelas no tienen la solvencia ni siquiera para contratar a la plantilla de maestros completa. Adicionalmente, varios maestros se han visto en la necesidad de, además de las clases, conseguir otro trabajo para subsistir a la crisis.
Ante el problema de la deserción escolar, la Secretaría de Educación Pública ha iniciado la campaña "nadie afuera, nadie atrás” con el propósito de frenar o disminuir la tasa de abandono y lograr que los alumnos culminen con éxito el ciclo escolar 2020-2021. Esta campaña asigna la tarea de recuperar a los alumnos directamente a los maestros y padres de familia. Sin embargo, ha tiempo que los mismos maestros se ocupan de ello, a la par que se adecuan a las nuevas condiciones en las que tienen que llevar a cabo su trabajo, también prestan ayuda a los alumnos en el proceso, aunque ello represente un riesgo para la propia salud de los docentes. La campaña de la que hablamos se plantea como si fuera el "santo remedio” a la situación actual. Sin embargo, por más campañas y programas que se impulsen, mientras la población siga estando expuesta al peligro del virus y el regreso a clases no sea posible, el rezago educativo aumentará y el futuro se verá cada día más comprometido.
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