El programa Precios de Garantía (creado en enero de 2019) tiene como objetivo ayudar a los pequeños y medianos productores de granos básicos y leche a través de los precios de garantía. Se orienta en dos sentidos: 1) apoyo en el precio de garantía directamente a los productores; es decir, se les compran los granos y la leche a un precio determinado por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y 2) se les otorgan apoyos económicos a los productores para la compra de Instrumentos de Administración de Riesgos (IAR) que respalden el precio de venta de sus granos, así como apoyos para cubrir diferencias entre el precio de garantía y el precio de referencia al que venden sus productos. Pero, a tres años de su implementación, ha servido para atender el problema de la seguridad alimentaria en México?
El programa tiene una asignación importante en el presupuesto de egresos de la Federación, en 2022: 11 mil 373 millones de pesos. El recurso contrasta mucho con la población objetivo y la población a la que realmente atiende. Si observamos el año 2021, la población objetivo se calculó en 242,625 productores, mientras su población atendida fue de 93,619 productores, o sea, apenas un 40%. Al primer trimestre de 2022, se había atendido apenas a 39,060, cantidad que no es, ni de lejos, una cifra que se proponga cubrir la población objetivo.
El Programa Precios de Garantía tiene varios problemas más allá de no atender los objetivos propuestos, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Enumeraré algunos relevantes: 1) Problemas en el proceso de planeación, programación y presupuestación, 2) no existe un mecanismo claro para determinar los precios de garantía, ni se encontró alguna metodología para su ajuste, 3) la difusión del programa es limitado, pues no se informa a los productores de las regiones del país qué beneficios pueden tener de acuerdo al cultivo que trabajan y 4) se observó que no existe un mecanismo que permita a terceros evaluar en qué medida logra sus objetivos.
La caracterización que hace el Coneval del programa no es una novedad, pero muestra que a tres años de iniciada su ejecución no se han implementado mecanismos que ayuden a atender el problema para el que fue creado. Esas evaluaciones son por el lado de su operación, pero por el lado de sus resultados -garantizar la seguridad alimentaria-, todos los días queda en evidencia que no hay resultados.
Si revisamos, por ejemplo, la producción de los cuatro granos básicos (maíz, trigo, frijol y arroz) en 2021, se obtuvieron 32.3 millones de toneladas, 1.8% sobre 2020. La de maíz fue de 27.5 millones de toneladas, sólo 0.3% más que en 2020; el trigo aumentó 9.9%, el frijol 22%, y la producción de arroz disminuyó -13%. Si se compara lo que se producía en 2018 con lo producido en 2021 caeremos en cuenta que no se ha avanzado en nada, pues los datos son muy parecidos. Al 2021 también había una alta dependencia de las importaciones en México, las exportaciones ese año de cada uno de los granos fue de 12.7% en frijol, 38.9% del maíz, 67.3% del trigo, y 81% del arroz.
La autosuficiencia alimentaria es un tema pendiente en México y los Precios de Garantía no son un garante de que siquiera se esté en la senda correcta para atender este grave problema. Además de ello, habrá que sumar el alto costo que representa la violencia para la producción agrícola y cómo los productores ven limitadas sus oportunidades de negocio.
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