En octubre del año pasado, el desastre que provocó el paso del huracán “Otis” por la costa de Guerrero nos mostró dos cuestiones: por un lado, la fuerza de la madre naturaleza y, por el otro, la ineficacia de los tres órdenes de gobierno para la gestión ante estos sucesos naturales, tanto en su prevención como en la actuación posterior al evento, mismo que cobró la vida de al menos cincuenta personas, según datos oficiales.
Un año después de la catástrofe, los estragos siguen presentes: pérdida de empleos, de viviendas, y ninguna autoridad ha presentado un plan integral que ayude a disminuir las brechas de desigualdad y pobreza que se presentan con mayor acento en aquella zona de la entidad guerrerense.
Un año después de la catástrofe, los estragos siguen presentes: pérdida de empleos, de viviendas, y ninguna autoridad ha presentado un plan integral que ayude a disminuir las brechas de desigualdad y pobreza.
En junio de este año, debido a lluvias torrenciales en el Estado de México, se vieron afectados, por inundaciones, al menos cinco municipios de aquella entidad, donde más de dos mil viviendas resultaron dañadas. Mientras tanto, las autoridades, tanto locales como estatales, minimizaron los acontecimientos y no reconocieron los graves daños causados en el patrimonio y la salud de miles de familias de aquella entidad.
Asimismo, públicamente señalaron que era una situación que no podía predecirse y, por tanto, evitarse.
La población civil, nuevamente ignorada por los gobiernos, ha tenido que salir adelante desde aquel desastre, donde se perdieron enseres domésticos, ropa, muebles, vehículos y, en algunos casos, hasta las viviendas.
En nuestra entidad veracruzana, los fenómenos naturales han tenido secuelas igualmente catastróficas para miles de personas, especialmente por los efectos de las lluvias constantes, ocasionadas por huracanes, tormentas tropicales y frentes fríos, que traen consigo inundaciones, desbordamiento de ríos y arroyos, entre otros problemas.
Sin embargo, aun cuando estos efectos son bien conocidos por las autoridades, pues han sido reiterativos, han seguido cobrando la vida de personas y poniendo en situación precaria a miles de familias, que han visto reducido su patrimonio.
Al día de hoy, los medios por los cuales se informa a la población civil respecto a los fenómenos naturales y sus posibles efectos son insuficientes e ineficaces. La información tarda hasta última hora en darse a conocer por parte de las autoridades.
Por ejemplo, la suspensión de clases en zonas de alto riesgo se anunció apenas dos horas antes de iniciar la jornada escolar, poniendo en riesgo a toda la comunidad: alumnos, padres de familia y trabajadores de la educación.
Asimismo, los comunicados no contemplan a todos los municipios afectados ni toman en cuenta los riesgos al trasladarse por las vías de comunicación, ya que ante las intensas lluvias ocurren también derrumbes, deslaves, socavones, etcétera.
En las ciudades, los daños que producen los efectos de los fenómenos naturales son terribles: dejan anegadas las colonias, exponiendo problemas de insalubridad y pérdida del patrimonio de las familias. Pero en el campo la situación no es diferente; las comunidades quedan incomunicadas, a veces por varios días, siendo los habitantes los que tienen que tomar acciones para abrir los caminos.
Los campesinos ven mermada su producción; en varios casos con pérdidas totales, lo cual significa varios meses de trabajo intenso e inversión tirada a la basura o, más bien, ahogados bajo el agua, lo que genera más empobrecimiento y aumento de la brecha de desigualdad.
Por su parte, los gobiernos se limitan a decir que el campesinado cuenta con programas sociales de apoyo; sin embargo, es bien sabido que dichos programas apenas si alcanzan para los insumos de producción. Por ello, siempre se ven solos ante los efectos de los desastres naturales.
Ejemplo puntual de lo anterior es lo que padecen los campesinos de la zona de Actopan y San Rafael, entre muchos otros municipios.
La gestión de desastres naturales implica la preparación, mitigación, respuesta y recuperación ante estos eventos. Los tres órdenes de gobierno deben trabajar para desarrollar planes de emergencia, mejorar la infraestructura de prevención y de respuesta ante los efectos que producen estos fenómenos naturales.
Si bien los desastres naturales no se pueden prevenir en su totalidad, también es cierto que su impacto se puede reducir con la ayuda de la ciencia y la ingeniería, y sobre todo destinando recursos públicos para la planeación y ejecución de los mismos.
En la sociedad civil debemos organizarnos y exigir a las autoridades que cumplan su obligación de velar por la vida de todos y apliquen recursos para la prevención y el apoyo ante desastres naturales, pues hasta el día de hoy los ciudadanos, los trabajadores, las familias humildes somos quienes nos las hemos ingeniado para sobrevivir y salir adelante ante la inacción de los gobiernos.
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