Ante el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, se cierne una ola de incertidumbre sobre los mexicanos, pues la amenaza de una deportación masiva es cada vez más latente. Trump se está inclinando hacia el proteccionismo de la economía estadounidense, ya que por el camino del libre mercado va perdiendo frente a los productos chinos, que son de menor costo y, por ende, más accesibles para el pueblo.
Esta determinación trae consigo repercusiones para México, entre las que se encuentra el aumento de un 25 % de aranceles a los productos mexicanos que importan y, además, la temible deportación masiva de connacionales que residen en EU. Se estima que cinco millones de mexicanos están en situación irregular.
Las remesas que cruzan el río Bravo a México se han convertido en uno de los pilares de la economía de consumo del país.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado en varias ocasiones que México está preparado para enfrentar esa problemática, pero la realidad nos dice otra cosa.
Las familias mexicanas están divididas por una frontera de 3 mil km, y las remesas que cruzan el río Bravo a México, mismas que provienen de paisanos que están en Estados Unidos y que periódicamente envían a sus familiares, se han convertido en uno de los pilares de la economía de consumo de este país.
Según el reporte “Las remesas a América Latina y el Caribe, disminuyendo el ritmo de crecimiento”, se considera que los flujos que recibe México provienen en 96 % de Estados Unidos y 1.8 % de Canadá.
Un corte del 20 % en las remesas costaría la muerte de 800 niños menores de un año anualmente. Duplicaría la deserción escolar de niños de entre doce y dieciséis años, con el antecedente de 2009.
En 2025, ignorar la deportación, más que un error, sería un crimen, menciona Horacio Saavedra (El Universal, 28 de noviembre de 2024). Esto, por un lado. Pero ¿hay fuentes de empleo suficientes? Datos del Inegi dicen que, en el segundo trimestre de 2024, el 54.3 % de los trabajadores en México tuvieron un empleo informal.
Entonces queda claro que no estamos preparados para recibir una gran cantidad de connacionales sin que colapsen las fuentes de empleo tanto formales como informales, misma situación para el sector salud.
A nivel estatal las cosas no pintan diferente. Michoacán atrajo 4 mil 165 millones de dólares del flujo que recibió el país (8.6 % del total), colocándose solo por debajo de Guanajuato.
Ante el panorama descrito, son alarmantes estos números, pues somos el segundo estado a nivel nacional que tiene una entrada importante de recursos económicos y, con la deportación, disminuiría al grado de afectar el poder adquisitivo de las familias michoacanas.
Recordemos que, en el año 2020, partieron de Michoacán poco más de 50 mil personas para radicar en otro país, y según las estadísticas, 94 de cada 100 se fueron a los Estados Unidos; es decir, al menos 47 mil personas que, en su mayoría, envían dinero a distintos municipios del estado.
Para miles de familias michoacanas de pueblos y rancherías, los dólares que reciben de sus familiares son el principal medio para su subsistencia, que complementan con labores en el campo o con empleos informales de bajo impacto.
Para variar, los datos del gobierno estatal revelaron que la entidad exportó mil 306 millones de dólares en producto agrícola, en el que destacan el aguacate y frutilla como fresas y otras berries.
Entonces, Michoacán se encuentra frente a un grave problema: por un lado ocupa el segundo lugar en remesas, y por el otro es uno de los principales exportadores de productos.
Si se realiza la deportación masiva y se aplica el 25 % de aranceles, las familias michoacanas se verán afectadas por ambas determinaciones.
Después de describir mínimamente las consecuencias de los cambios a los que no estamos preparados, nos queda claro que la economía de nuestro país es dependiente y, aunque se nos diga un discurso muy bonito de que vivimos en una patria libre, soberana e independiente, la realidad se está encargando de decirnos lo que realmente sucede. Dependemos de Estados Unidos en muchos ámbitos y sus decisiones tendrán un impacto en la economía de México.
Es necesario que el gobierno federal tome decisiones aterrizadas en la realidad y en favor del pueblo mexicano, mismo que enfrentará las consecuencias en primera fila.
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