Nuestra Constitución es la Carta Magna, la ley de leyes de la cual emanan las leyes secundarias, encargadas de regular la vida constitucional de nuestro país. Todos los países del mundo que se digan republicanos cuentan con la división de poderes, entre los que se incluye al Poder Judicial, que contiene los órganos garantes de hacer valer nuestra Constitución.
Cabe mencionar que el Poder Judicial ya fue víctima, en el actual sexenio, de la eliminación de fideicomisos “corruptos” que existían; en total fueron trece los desaparecidos, afectando las pensiones complementarias de magistrados y jueces y los apoyos médicos complementarios. Para no variar, no se demostró ninguna corrupción en su manejo.
Los ciudadanos deben conocer el trabajo que realizan los jueces de todos los niveles y competencias, que necesariamente deben continuamente capacitarse porque la labor diaria así lo demanda.
El actual Gobierno, próximo a concluir, ha dicho en reiteradas ocasiones que se requiere una reforma al Poder Judicial. Ahora, la virtual presidenta electa ha retomado la idea y, en fecha reciente, lanzó una encuesta a través de varias casas encuestadoras para justificar la necesidad de dicha reforma.
Tal encuesta contenía preguntas burdas y simples, cuyo eje central es demostrar que existe corrupción y nepotismo. A continuación, el resultado de la misma:
A la pregunta “¿Qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial?” respondieron entre el 55 y 61 % que todos o la mayoría de los ministros, magistrados y jueces son corruptos.
Un 26 % cree que sólo algunos lo son, mientras que apenas entre el 2 y el 5 % afirma que ninguno.
La segunda pregunta fue: ¿Cómo deberían ser elegidos los ministros de la Suprema Corte, los magistrados y jueces del Poder Judicial? Entre el 68 y el 75 % de los encuestados opinó que deben ser elegidos por el pueblo.
En cuanto a los ministros de la Suprema Corte, del 18 al 25 % prefiere que sean seleccionados por la Cámara de Senadores, mientras que del 19 al 24 % cree que deben ser elegidos por el Poder Judicial de la Federación (El Economista, 18 de junio de 2024).
Como se observa en las preguntas formuladas en la encuesta practicada para validar la intención de justificar esta reforma, se ve lo general de las preguntas y el hecho de incluir en un mismo saco a los jueces locales y federales.
Sin ir más allá, por ejemplo, los ciudadanos deben conocer el trabajo que realizan los jueces de todos los niveles y competencias, que necesariamente deben continuamente capacitarse porque la labor diaria así lo demanda, y eso no es tomado en cuenta.
Aunado a esto, la materia de la iniciativa de ley propone que los cargos de los ministros de la Suprema Corte, de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, sean elegidos por voto popular.
Pudiendo postularse cualquier abogado que así lo desee, estarán vacantes bajo esta iniciativa mil 600 puestos, y será el Senado de la república el que sancione a estos nuevos funcionarios del Poder Judicial.
Aquí aparecen las primeras letras chiquitas de la reforma: en el próximo Congreso de la Unión, en el que Morena y sus aliados tendrán la mayoría simple en la cámara alta, serán ellos quienes al final elijan a los integrantes del nuevo Poder Judicial. Por tanto, será fácil entender a quién le deberán el cargo los nuevos integrantes del Poder Judicial.
Lo cierto es que esta reforma solamente busca desaparecer los contrapesos que constitucionalmente existen para el presidente de la república, y la forma de hacerlo es justificando a través de la corrupción, el lema propagandístico del gobierno lopezobradorista.
Pero en denuncias e integración de expedientes está reprobado, pues no existe ningún funcionario del Poder Judicial Federal que haya sido procesado ni siquiera investigado.
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