Como una verdadera bomba que cimbró la estructura gubernamental de la 4T, así cayeron las declaraciones del Auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, quien en cumplimiento a su mandato dio a conocer los resultados de la auditoría de desempeño de la cuenta pública que se realizó a distintas instituciones del gobierno federal correspondientes al ejercicio fiscal 2019 que denotan corrupción, opacidad y mal manejo de los recursos del erario.
¿Qué fue lo que levantó la airada protesta del supuesto prócer de la transparencia en el show de la mañanera? Entre otras observaciones importantes por la cuantía, que el informe referente a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tendrá un costo de 331 mil 966 millones de pesos, es decir, un 332 por ciento más de lo presupuestado inicialmente; cantidad que representa el 1.3 por ciento del PIB de 2019 o una cuarta parte del endeudamiento generado en 2020.
Y aunque orondamente el presidente de la República afirme que la cancelación del NAIM sólo costará la “irrisoria” cantidad de 71 mil millones de pesos; según el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM), responsable del proyecto del NAIM, la obra que inició en 2015 tenía ya construido parte del edificio terminal, la torre de control y la cimentación de las tres pistas que incluía la primera etapa de funcionamiento, así como el muro que rodea el proyecto; el avance en construcción era del 31.8 por ciento, con una inversión de 100 mil millones de pesos; datos confirmados por el entonces y ahora ya finado Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, de acuerdo con las declaraciones que hizo a BBC News el 29 de octubre de 2018.
Todo este dinero tirado a la basura por cumplir los caprichos presidenciales. Se va a gastar más sin tener aeropuerto de primer mundo y como costo adicional, se pagarán 75 mil millones de pesos en la central guajoletera de aviones de Santa Lucía.
Algunos analistas financieros reconocen que todavía hay 84 mil millones de pesos en bonos que no han sido recomprados, continúan en manos de inversionistas y el cálculo aproximado de los intereses es de 168 mil millones de pesos. Este hecho significa que el costo por la cancelación del NAIM se incrementará y la deuda la tendrán que pagar las administraciones federales siguientes porque deberán pagarse a largo plazo; haciendo recaer el costo de estas operaciones sobre las espaldas del pueblo trabajador.
Y sigue el desfile de irregularidades encontradas por la ASF al gobierno de la 4T; las más destacadas son: “servidores de la nación” 562 millones de pesos; en becas bienestar Benito Juárez 263 millones; en Jóvenes Construyendo el Futuro 57 millones; en la Secretaría de Agricultura mil 701 millones de pesos; en Segalmex 3 mil 396 millones por compras fantasma y contratación de personal que no está registrado en el IMSS; en Conacyt 367 millones de pesos por pago de becas no comprobadas; en la Conade 187 millones por falta de documentación comprobatoria; en Capufe 83 millones; el Tren Maya por 135 millones de pesos por pagos indebidos y todavía muchos más, pues se trata de mil 400 auditorías.
El más interesado en conocer los informes de la ASF debiera ser el ejecutivo federal para demostrar con hechos sus “políticas anticorrupción, de transparencia y rendición de cuentas y de eficiencia en el manejo de los recursos”; pero, no es así; tomó los resultados del informe como una agresión, como una traición a su gobierno y acusó al auditor de dar información a sus adversarios para atacarlo; presentando como único argumento su ya conocida cantaleta de “yo tengo otros datos” y en una clara violación a la autonomía de poderes, ordenó a la Cámara de Diputados que exigieran la comparecencia del auditor superior de la federación David Colmenares, para hacerle un “juicio sumario” a los auditores y obligarlos a cambiar los informes. El resultado fue la destitución fulminante del director de auditoría especial de desempeño; con este acto, López Obrador evidenció su política: o informas lo que me conviene o te destituyó; con lo que evidenció que los auditores no tienen la independencia técnica, profesional y legal, necesaria e indispensable para realizar su trabajo; causándole un daño irreparable a la credibilidad de la ASF, institución supuestamente autónoma.
La situación es tan grave, que los montos observados al gobierno de la 4T ascienden a cantidades superiores a las observadas en los seis años de la administración neoliberal de Peña Nieto.
¿Qué debe seguir? Según la ley, el gobierno federal debe aclarar y solventar las observaciones y en el caso de que no lo haga o lo realice de manera incompleta se debe ordenar una auditoría de cumplimiento financiero para luego dar seguimiento mediante una auditoría forense con sus respectivas consecuencias jurídicas. ¿Se hará?
El pueblo trabajador, preocupado por satisfacer sus necesidades inmediatas, no alcanza a dimensionar que la mafia de impostores que nos gobiernan, derrochan descomunalmente los recursos del erario que son producto del trabajo de los obreros, campesinos, empresarios, etcétera; que es determinante su intervención para detener el empobrecimiento del país y el despilfarro de la riqueza nacional.
Niños con cáncer sin quimioterapias, madres solteras sin apoyo, millones de mexicanos sin empleo, sin vacunas contra la covid-19, miles de muertos por la enfermedad pandémica, miles de contagiados de coronavirus sin atención médica; estos males y otros que padece México se pueden erradicar cambiando a la mafia gobernante, que está llevando al despeñadero a la nación; urge, que en las próximas elecciones del 6 de junio, sea derrotada de manera contundente Morena para quitarle, incluso, la mayoría relativa en el Congreso de la Unión e iniciar la modificación de las políticas públicas en favor del pueblo y llamar a cuentas a todos los corruptos de la 4T.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario