Interesante resulta la información presentada hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para entender la problemática que actualmente vivimos los mexicanos, resultado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada entre el 30 de octubre y el 15 de diciembre de 2023 para recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población sobre los trámites y servicios públicos proporcionados por los diferentes niveles de Gobierno, incluyendo el tema de los servicios de seguridad pública y justicia, que hoy nos ocupa.
El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy insistente en sus mañaneras sobre que la desbordada inseguridad y la corrupción de los Gobiernos pasados durante su administración es un asunto superado; un problema resuelto. Sin embargo, la percepción de los mexicanos no concuerda con sus datos.
De quince estados que se hallan entre los peor calificados a nivel nacional, trece son gobernados por Morena y los peores diez tienen un gobierno emanado de ese partido.
Los resultados de esta encuesta revelan todo lo contrario: que el 83.1 % de los mexicanos considera frecuentes los actos de corrupción en México, y que no es casual que entre los estados más corruptos del país figuran nada más y nada menos que diez entidades gobernadas precisamente por el partido del presidente: Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Puebla, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Baja California, Estado de México y Tabasco.
Vale destacar que en el caso particular de la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum, y ahora por Martí Batres Guadarrama, sustituto de esta al postularse como candidata a la Presidencia de la república, la corrupción alcanza un preocupante 87.8 %, incrementándose exponencialmente a partir de 2019, y costándole la cantidad de 3 mil 368 pesos a cada una de las víctimas durante el año 2023.
Otro escandaloso dato de la encuesta es el que se refiere a la sensación de seguridad de la ciudadanía por entidad federativa, en la que de quince estados que se hallan entre los peor calificados a nivel nacional, trece son gobernados por Morena y los peores diez tienen un gobierno emanado de ese mismo instituto político.
Destacan por su pésimo resultado los Gobiernos de Cuitláhuac García en Veracruz, Ricardo Monreal de Zacatecas, Evelyn Salgado de Guerrero, Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Layda Sansores de Campeche, Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán, Claudia Sheinbaum de Ciudad de México, Mara Lezama de Quintana Roo, Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Delfina Gómez del Estado de México, Rutilio Escandón de Chiapas, Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, Carlos Manuel Merino de Tabasco, Marina del Pilar de Baja California y Sergio Salomón Céspedes de Puebla.
En estos estados convertidos literalmente en zonas de guerra por el crimen organizado, donde campea el secuestro, la extorsión, el cobro de piso y los asesinatos, consecuencia de la política de los abrazos del presidente de la república, es explicable lo que también revela un informe de The Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice, ubicada en Houston, Texas, Estados Unidos, que las organizaciones criminales podrían convertirse en un importante aliado electoral de Morena en las próximas elecciones de junio de 2024, en las que se disputará, además de otros 20 mil 79 cargos, la Presidencia de México.
Según este informe anual llamado “Perspectiva de México 2024”, las organizaciones criminales han demostrado su capacidad para intimidar e incluso matar a candidatos de la oposición y a trabajadores electorales en 2021, y es probable que vuelva a suceder este año en donde a dos meses de realizarse las elecciones, han perdido la vida 27 aspirantes a algún cargo de elección popular, y además se han presentado nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas de muerte.
El informe también señala que aunque la corrupción y el crimen organizado son áreas de gran preocupación, “el Gobierno no tiene una estrategia coherente para reducir los niveles de corrupción”, y que por el contrario, su estrategia de seguridad es esencialmente un acuerdo para no interferir en actividades criminales.
Esto se debe, en gran medida, a que el partido del presidente, Morena, espera que el crimen organizado opere a su favor durante las elecciones de 2024.
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