MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Las acciones gubernamentales se deben implementar con base en datos

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En las últimas semanas varios periodistas vertieron su opinión derivada de la publicación de resultados con base en la aplicación de la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED), que fue aplicada por el Inegi vía telefónica a personas mayores de edad del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2020. Aunque con sus respectivos matices, lo llamativo de los artículos de opinión es la coincidencia que tienen los escritores referentes a lo superficial e inconcreto de las medidas educativas que se ha implementado en las instituciones correspondientes a partir del inicio del confinamiento por la pandemia y que siguen sin rumbo a más de un año de iniciado el acontecimiento.

Según el documento mencionado, el objetivo central de la aplicación de dicha encuesta es: “conocer el impacto por la cancelación provisional de clases presenciales en las instituciones educativas del país, para evitar los contagios por la pandemia de la covid-19, en la experiencia educativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 3 a 29 años, tanto en el pasado ciclo escolar 2019-2020, como en el actual ciclo 2020-2021”. Evidentemente la institución más interesada en el resultado debería ser la Secretaría de Educación Pública, pues de este tipo de análisis dependen las acciones a ejecutar para revirar en los índices negativos, pero hasta el momento no hay pronunciamiento de las autoridades educativas sobre algo que es claramente un problema.

Afortunadamente, hay a quienes sí les preocupan los resultados de la encuesta, por ejemplo: El periódico El Universal, en su nota editorial del día 23 de marzo de 2021 publica “Fuera 5.2 millones de estudiantes del ciclo escolar por pandemia o pobreza: Inegi”.

La nota hace énfasis en la cifra de alumnos no inscritos en el ciclo escolar 2020-21 que asciende a la cantidad de 5. 2 millones, de los cuales 2.3 millones de estudiantes no lo están por causas derivadas de la pandemia y por falta de recursos.

Por su parte, Rodrigo Pacheco publica el 24 de marzo su artículo “Impacto educativo de covid-19” www.dineroenimagen.com. El autor menciona: “El hecho es que covid-19 habrá afectado la preparación de 5 millones 411 mil jóvenes de entre 16 a 29 años, lo cual los dejará con un impacto permanente en su capacidad de generar ingresos, ya que el mundo laboral se sofistica cada vez más y ya incluso una licenciatura o ingeniería no es suficiente para poder cumplir con el ascenso social a través de los estudios.” Uno más: Pascal Beltrán Del río 26 de marzo de 2021 “Un silencio de vergüenza ante el colapso educativo” www.excelsior.com.mx, “Una mirada más profunda a los resultados de la encuesta lleva a una inquietud mayor: de los 12.2 millones de mexicanos de entre 13 y 18 años de edad, hay cerca de 2.7 millones, más de la quinta parte, que no están en el sistema educativo. Estamos hablando de quienes debieran estar en secundaria o prepa, una edad en la que se define el porvenir del individuo, en medio de las dudas propias de la adolescencia.”

El 13 de marzo, en su conferencia mañanera el presidente de la República anunció el regreso a clases presenciales, muy seguramente varios sectores de la población reciben con emoción esta noticia puesto que es urgente el regreso a clases, no solo por todos los resultados que ya se tienen a causa del confinamiento, sino por los problemas que se exacerban, pero cabe preguntar: ¿quién da garantía de sanidad en las aulas para el regreso a clases?, ¿cuál es el mecanismo por el que se da seguridad, tanto a alumnos como a maestros, de que estarán a salvo del mortal virus?, y de los alumnos que no regresarán: ¿qué pasará con ellos?, ¿se convertirán solo en cifra de deserción?. Y de los que regresarán: ¿cuál es el plan de atención a los programas curriculares?

El desarrollo y continuo crecimiento de una sociedad está definido por la calidad de la atención médica y educativa de sus individuos por lo que no se debe actuar de manera improvisada, las autoridades de educación deben diseñar una estrategia de regularización para el regreso a clases y las autoridades de salud deben garantizar las medidas de sanidad para todos los estudiantes y maestros.

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