“Tengo que sacar a mis tres hijas, no pueden hacer eso, miren tengo las manos vacías”, fueron las palabras de desesperación de un colono al percatarse de que decenas de antimotines de la Policía Estatal y de elementos de la Guardia Nacional, armados hasta los dientes y con actitud prepotente valiéndose y abusando de su cargo, se dispusieron a desalojar violentamente a las indefensas familias que habitan un predio irregular desde hace muchos años ubicado en la Prolongación Avenida Satélite del municipio de Tulum.
Lo anterior se hizo evidente a través de un video que se hizo viral en las redes sociales, mediante el que se logra apreciar la actitud altanera, autoritaria y violenta de los elementos policiacos quienes lejos de buscar una forma de conciliación, de resguardo del estado de derecho y de garantía de los derechos humanos, llegaron a confrontarse directamente contra los colonos y sus familias, desarmados y en ejercicio de sus actividades cotidianas, quienes debido a la agresión manifestada por los supuestos guardianes del orden, temen a ser desalojados de los predios donde con el esfuerzo de años de trabajo y sacrificio han construido sus patrimonios familiares.
Sin duda, en Quintana Roo estos acontecimientos están al orden del día, como ejemplo de lo anterior en el 2017 en Cancún se registró en múltiples medios informativos el desalojo con lujo de violencia de 80 familias de la colonia “El Fortín” mediante orden dictada por el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, y ejecutada por las fuerzas de seguridad pública del estado, destacando que dichas familias quedaron al desamparo toda vez que sus viviendas fueron totalmente destruidas; sin embargo en cambio recibieron el ofrecimiento del mismo mandatario estatal de que serían reubicados y que se les garantizaría el derecho a una vivienda digna, pero hasta hoy, el ofrecimiento del mandatario estatal no se cumplió.
Por otro lado, el grupo informativo SIPSE en su sitio electrónico informó que el 25 de marzo en la ciudad de Cancún, vecinos locales lograron evitar que una familia sea desalojada ya que “se registró una fuerte movilización de los elementos de Seguridad Pública por un intento de desalojo en la supermanzana 215, debido a una demanda interpuesta por una hipotecaria. Al menos seis patrullas llegaron con la actuaria del Poder Judicial… Los propietarios del inmueble mencionaron que ellos continuaron pagando a la financiera que se declaró en bancarrota y el banco no quiere reconocer esos pagos, al no poder ejercer la orden la actuaria se retiró del lugar amenazando con regresar”.
Asimismo, el 22 de abril mediante su portal electrónico capitalmexico.com dio a conocer la protesta de habitantes de Cancún por desalojos violentos, informado de la siguiente manera: “ciudadanos de diferentes fraccionamientos de Cancún se manifestaron este jueves frente a la sede del Poder Judicial de la Federación para exigir que paren los desalojo que están ejecutando bancos y autoridades municipales; hasta el momento son mil 300 familias afectadas e indicaron que ya presentaron 150 amparos para proteger las propiedades e integridad de las personas”.
En este sentido, el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), Carlos Ríos Castellanos, reconoce que los asentamientos irregulares son motivados, en la mayoría de los casos, por invasiones y se han convertido en dolor de cabeza para las autoridades. A su vez, resalta que la mayor problemática se encuentra en la zona norte de la entidad, desde Tulum hasta Cancún, donde se ubica el 85 por ciento de las invasiones, aunque mencionó que en la zona sur de la entidad principalmente en Chetumal el problema no es tan minúsculo como parece, dado que en la actualidad existen 18 asentamientos que se mantienen de manera irregular.
Al respecto, cabe mencionar que las colonias populares albergan al 10 por ciento de la población de Cancún lo que origina un desorden urbanístico y problemas tanto sociales como ambientales de acuerdo a la apreciación de los funcionarios estatales, quienes tampoco han sido capaces de realizar propuestas claras y viables para solventar las necesidades de certeza patrimonial para las familias en estas condiciones y así poder prevenir futuros incidentes donde la decisión de la autoridad encargada del “progreso y bienestar de todos” no solo se reduzca al inhumano dictado de desalojo, sin importar el sufrimiento de miles de familias que con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado edificar un pequeño patrimonio.
Cabe resaltar que la excesivamente promocionada ciudad de Cancún, conocida mundialmente por sus hermosas playas y sus enormes hoteles de cinco estrellas, y que en un extremo de su población genera millonarias ganancias económicas, no obstante, si nos referimos al otro extremo encontraremos que las colonias populares y en las irregulares se pueden constatar las precarias condiciones en que viven los residentes quienes carecen de agua potable, drenaje y alumbrado público, mientras que los caminos de acceso son de terracería y están visiblemente deteriorados, ya que en algunas partes hay baches encharcados tras las lluvias que trajo consigo la tormenta eléctrica que azotó recientemente.
En este contexto, el desempleo y la falta de oportunidades son algunas de las causas de la pobreza, los cuales son padecimientos que actualmente persisten vigentes en la entidad, vulnerando permanentemente la estabilidad social de los quintanarroenses, a quienes se les augura un difícil panorama ya que la crisis económica continuará mientras los contagios no disminuyan y las políticas económicas que debieran implementarse para solventar estas dificultades no han sido las más acertadas y que esta situación afecta a poco más del 85 por ciento de los quintanarroenses y que además perciben salarios injustos. Lo anterior, toda vez que de un millón 182 mil quintanarroenses en edad para trabajar, están empleados solamente 811 mil personas pero con salarios injustos de los cuales 181 mil trabajadores perciben un ingreso mensual de 7 mil 500 pesos y están inscritos a una institución de seguridad social, situación que detalló el reciente informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de este año, realizado por el Instituto Nacional de Estadifica Geografía e Informática.
Finalmente, podemos concluir que una de las causas de que exista tanta pobreza y miseria es la injusta distribución de la riqueza, ya que esta distribución es dispareja porque al trabajador que labora ocho horas o más no recibe el fruto de su trabajo por ese tiempo laborado; sino muchísimo menos, por tal motivo, para que el aumento de salarios tenga un efecto real, debe ser el pueblo organizado el que tome el poder político del país y llegue a una conciliación con las clases empresariales del país, de tal manera que se de preferencia de manera coordinada, y el aumento sea gradual, racional y efectivo.
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