Hace unos días, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al criticar la reforma eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), alertó que su aprobación significa el incremento de por lo menos el 17 por ciento para las tarifas domésticas y del 150 por ciento para las empresas.
Esa misma reforma también dañará las finanzas públicas, atentará contra la sustentabilidad ambiental y contravendrá acuerdos internacionales.
La advertencia de la organización empresarial contradice las afirmaciones de AMLO y de su secretaria de Energía, Rocío Nahle, quienes argumentan que la reforma, también conocida como ley Bartlett, conviene a los mexicanos porque, según ellos, la CFE generará el 54 por ciento de la electricidad y las empresas de la iniciativa privada el 46 por ciento, esto garantizaría a todos los mexicanos seguridad energética y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación.
Sin embargo, como en el casi olvidado caso del gas para el bienestar, no queda claro cómo y a qué costo la CFE va a vender electricidad más barata a los consumidores domésticos, cuando no solo los expertos y analistas, sino los mismos ciudadanos nos damos cuenta de que mientras las plantas de la CFE son viejas e ineficientes, las de las empresas privadas son nuevas y además amigables con el medio ambiente, ya que producen energías limpias y más baratas.
Los investigadores del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideran que podrían producirse apagones, como los ocurridos hace unos meses, ya que es posible que la CFE no tenga la capacidad para producir suficiente electricidad para satisfacer las necesidades de México; incluso, si hubiera suficiente, la electricidad, inevitablemente, se volvería mucho más cara, ya que la empresa paraestatal gasta un 40 por ciento más que sus rivales privados para generar un kilovatio-hora de electricidad.
Así que, aunque el gobierno lopezobradorista pregone, todo el tiempo, que los mexicanos no pagarán más por su electricidad, en caso de que llegara a cumplir su palabra, el Estado tendría que absorber los enormes costos adicionales por sí mismo, pues las finanzas de la CFE, al igual que Pemex, han estado en pésimo estado durante mucho tiempo. Para tal efecto, la CFE necesitaría gastar al menos 62 mil millones de pesos adicionales al año para generar la energía requerida, sin tener en cuenta la necesidad de nuevas inversiones en generación o subsidios para mantener bajos los costos para los consumidores.
Respecto al tema, la organización no gubernamental México Evalúa, en una de sus publicaciones del año pasado, señala que las tarifas eléctricas acumularon 63 mil millones de pesos, el 90 por ciento de lo aprobado para todo el año 2021, por lo que seguramente serán de nueva cuenta superiores a lo aprobado para el presente año.
Con el subsidio eléctrico, implica que no se gaste en otros servicios públicos en los que se requiere la presencia sustancial del Estado, como educación, la salud y el Estado de derecho. Para dimensionar los costos que representan estos subsidios: los 73 mil millones de pesos presupuestados para este fin representan, el 71 por ciento de los recursos presupuestados en 2022 para el Insabi, que es de 103 mil millones de pesos o el 94 por ciento del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos, que contará con 77.5 mil millones de pesos para el presente año.
Pese a los gigantescos subsidios eléctricos, con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, subirán las tarifas eléctricas en las empresas del país, costo que pagarán los consumidores vía aumento de precios en alimentos, bienes y servicios, o bien, en el pago de más impuestos para subsidiar el impacto multimillonario que le costará a la CFE generar energía.
Frente a esta realidad, es difícil asegurar que las tarifas por consumo de electricidad no subirán en los hogares, cuando subirá el costo para producirlo. La soberanía energética no se construye con retórica, sino con mejores decisiones que garanticen elevar la productividad. El problema no es la obsesión del presidente López Obrador por rescatar a las empresas del Estado, como la CFE y Pemex, sino en hacerlas productivas, eficientes y competitivas. Para ello se necesita mejorar la educación de nuestra sociedad, la tecnología empleada y la organización de la producción.
Estamos ante un verdadero riesgo porque el Estado mexicano pretende construir un monopolio con poder absoluto que impida la intervención de otras instituciones o empresas en la producción de bienes de consumo, pero en el caso de la 4T, ya hay evidencia que desde que asumió el derecho exclusivo del acceso a la vacuna contra la covid-19, de las medicinas contra el cáncer, entre otros medicamentos básicos, provocó mil carencias, al igual que la escasez de gasolina. Todo esto por la incompetencia y la ignorancia de los morenistas.
Tenemos un gobierno inepto y despótico y por eso no se puede augurar nada bueno para el grueso de los mexicanos, por lo que es indudable que, con la reforma eléctrica de AMLO, los recibos de luz serán más caros en los hogares.
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