La razón fundamental que obliga a ocuparme del asunto y que pudiera parecer intrascendente para mis escasos lectores, no es solamente el total de la población beneficiada (490 habitantes perjudicados en el caso particular del que me ocupo) y/o el monto total de la inversión aplicada en la construcción de la obra en sí; ambas razones serían ya más que suficientes para ocuparse del tema, pues se trata de un derecho humano fundamental contar con agua potable y se trata además, de los recursos públicos que a través de nuestros impuestos recauda el Estado y que son patrimonio de todos los mexicanos y no de los funcionarios de gobierno en turno, como parecen seguir pensando todavía muchos de estos. Además de estas (para mi sobradas) poderosísimas razones, hay una, todavía más importante: ninguna de las cuatro comunidades ha contado (ni cuenta ahora mismo) con el servicio, lo que significa que los millones de pesos invertidos (que no son pocos) fueron tirados a la basura, los pobladores fueron engañados y lo que es peor, ninguna autoridad de ningún nivel, se ha ocupado y preocupado hasta ahora (cinco años después) por cumplir con su obligación de atender esta necesidad tan elemental de la población. Está a punto de concluir la actual administración estatal que encabeza el licenciado Omar Fayad Meneses, concluyó una más a nivel municipal y los pobladores siguen en espera de ser escuchados y recibir una respuesta favorable a una necesidad elementalísima y vital para la sobrevivencia humana. ¿Se imagina amable lector, lo que significa vivir cinco años sin contar con servicio de agua potable al interior de su vivienda? ¿Tiraría usted al bote de la basura, once millones de pesos? Los pobladores (sobre todo mujeres en su mayoría), para obtener un poco del vital líquido, se ven obligadas a caminar kilómetros por caminos escarpados y en mal estado; recorren veredas sinuosas por entre las montañas para lavar sus ropas y obtener una cubeta que luego sobre sus cuerpos trasladan hasta su domicilio. En suma, sufren, padecen y arriesgan su propia vida. Hay que insistir en que es esta una de las tantas demandas contenidas en el pliego petitorio que los hidalguenses organizados en el Movimiento Antorchista vienen planteando al gobierno del estado y que este se niega a resolver.

A las razones plenamente justificadas ya señaladas, importa agregar, que debido a los recortes presupuestales y a la desaparición de programas como el PEF y el ramo 23 por parte del gobierno federal y que afecta principalmente a los municipios; los recursos de que estos últimos disponen para obra pública resultan más que insuficientes para atender el rezago; por lo que las posibilidades de que las carencias y necesidades que el pueblo ha padecido desde siempre sean atendidas por los ayuntamientos, es prácticamente imposible, en tanto la política del gobierno federal y estatal no se modifique. 

Y esta política irresponsable, insensible y hasta suicida, no será posible modificarla en tanto los millones de mexicanos afectados, continuemos conformándonos con la limosna social que el gobierno federal está promoviendo a través de sus programas de apoyo con dinero en efectivo como: “sembrando vida”, “apoyo a los adultos mayores” y/o becas “Benito Juárez”. En principio, hay que exigir que estos programas de transferencia directa beneficien a toda la población vulnerable y dejen de ser usados para la compra de votos y conciencias como ocurrió en las pasadas elecciones del seis de junio; pues nunca hay que olvidarnos que esos recursos son el dinero de nuestros impuestos por lo que nada tenemos que agradecer al gobierno en turno.

 Para lograr que el gobierno en sus tres niveles, se ocupe realmente de atender y resolver las necesidades de sus gobernados; hace falta que al poder llegue una nueva clase política que ponga en práctica los siguientes cuatro ejes que modifiquen en serio la situación que padecemos millones de mexicanos: 1) garantizar empleo para todos, 2) salario remunerador que cubra por lo menos las necesidades básicas de la población, 3) reforma fiscal progresiva, es decir, que paguen más impuestos los que más ganan y 4) que el gobierno garantice que los impuestos recaudados se regresen en obras y servicios como: agua potable, construcción de escuelas, centros de salud, vivienda, pavimentación de caminos, etc. Y para hacer realidad todo esto, es necesario (más ahora que antes) que los pobres nos organicemos, nos eduquemos, cobremos conciencia de nuestra situación; entendamos las causas más profundas que explican nuestra pobreza y marginación, y nos dispongamos a librar una lucha tenaz, decidida y sin claudicaciones, en contra de los gobiernos insensibles e indolentes como los que padecemos ahora. Esa es la tarea para todos los mexicanos de la ciudad y el campo, que con el trabajo diario producimos la riqueza social de este país y que la acaparan unos cuantos. Difícil la tarea, pero necesaria y urgente.