Ha sido costumbre en nuestro país que quienes tienen el poder en sus manos designen directamente a los funcionarios de los principales puestos de los tres poderes del gobierno. Siempre ha habido un acuerdo entre cúpulas, nadie engaña a nadie, hay valores entendidos. Finalmente son el poder del Estado, a pesar de que la Constitución Política establezca un equilibrio e independencia de poderes en nuestra muy maltrecha y desgastada república.
Sin embargo, a pesar de todos los defectos de nuestra incipiente democracia construida con la participación de todos los ciudadanos, instituciones, organizaciones y partidos políticos, podemos afirmar, sin duda, que los gobiernos anteriores cuando menos eran más recatados y más respetuosos (que ya es mucho decir) de las instituciones responsables de aplicar las leyes electorales, que el gobierno de la 4T y su falso combate la corrupción e ilegalidad. Esto está por demás demostrado con la actitud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quién con su ladino discurso y la mayoría absoluta del Poder Legislativo, ha trapeado con las leyes de nuestro país, reformándolas a su gusto y conveniencia, en perjuicio de la dignidad y los avances democráticos a lo largo de la historia moderna.
El Gobierno morenista ha impulsado modificaciones, como la Reforma Educativa, de la Guardia Nacional (que sirvió para legalizar el desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública), la abrogación del fuero del presidente, la Reforma al Poder Judicial federal, la Ley de la Industria Eléctrica, y ahora el relativo a la ampliación del mandato del ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hasta 2024 y no en 2022 como establece nuestra Carta Magna, con el argumento de que es para combatir la corrupción y el nepotismo, mejorar los servicios de defensoría pública e impulsar la capacitación y profesionalización del personal judicial.
Darle más facultad al CJF para resolver asuntos jurisdiccionales e investigar y sancionar faltas que se cometan, y finalmente, para hacer cambios en la estructura del Poder Judicial y en reglas del trámite de amparo, actos de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, reformas aparentemente inobjetables e inofensivas, que buscan acabar con los vicios del pasado; con jueces, magistrados y ministros limpios que aplicarían la justicia de manera correcta y expedita entre los mexicanos. Sin embargo, llama la atención que se haga la propuesta de reforma cuando varios jueces han resuelto amparos contra actos de inconstitucionalidad, como sucedió con la reforma eléctrica impuesta por el presidente López Obrador a través de sus fieles diputados y senadores sin quitarle una coma, como les ordenó.
Y con el mayor cinismo y desfachatez, el presidente López Obrador y el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se burlan de los mexicanos al afirmar respectivamente: "Si la ampliación del periodo de dos años, que repito no es reelección, lleva a que se mantenga el actual presidente del Consejo de la Judicatura, yo estoy a favor, así de claro porque el presidente de la Corte (porque lo dice él) es una gente integra, honesta y es muy difícil en estos tiempos”, expresó el primero. Y el honorabilísimo aplicador de la justicia dijo en un comunicado: "es cierto que, de último momento, se incluyó un artículo transitorio con el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), más no se extiende el plazo de encargo como Ministro de la Corte", indicó. "Ejerceré el cargo de presidente de la SCJN y del CJF por el periodo por el cual fue electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto al precepto en cuestión". Qué vergüenza, ¿alguien les cree que fue una simple ocurrencia de último momento, del senador del Partido Verde Ecologista, Raúl Bolaños?
¿Suponiendo que el ministro sea muy honesto como dice López Obrador, eso quita lo inconstitucional y violatorio de la ley? No hay duda, esto revela a los mexicanos la supremacía del CJF sobre todo el Poder Judicial para decidir el funcionamiento de la estructura judicial, quienes ocuparán los cargos de este poder a nivel nacional, para resolver lo que al Consejo y al presidente le dé la gana, incluido por supuesto, prolongar el período presidencial de López Obrador, violando la Constitución Política de nuestro país.
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