Quien sepa o se preocupe por saber algo sobre el modelo económico neoliberal, variante salvaje del capitalismo, impuesto por Estados Unidos desde fines de los años 60 del siglo pasado, se dará cuenta de que ha dejado resultados devastadores para muchos pueblos del mundo. Proclama el “libre mercado”, odia las fronteras con sus impuestos para defender los productos que fabrican los países, es enemigo de los obstáculos para la circulación de los capitales y la consecuente explotación de la fuerza de trabajo. “Si no pasan las mercancías, pasarán los soldados”, dijo algún imperialista sincero.
Uno de sus aspectos vitales consiste, por tanto, en la reducción drástica del Estado y sus funciones. El Tratado de Libre Comercio que firmó nuestro país durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, renovado y protegido cuidadosamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el nombre abreviado de T-MEC, es una buena muestra de esa política económica imperialista: de las mil 155 empresas que tenía el Estado en 1982, para finales de 1999 ya sólo le quedaban 203. Una privatización brutal como pocas en el mundo.
Los grandes capitales norteamericanos se han instalado y explotan la fuerza de trabajo muy barata de millones de mexicanos que les produce colosales ganancias. La entrada de mercancías extranjeras a México está en boga y las inversiones son claramente visibles como gigantescas naves industriales que cada día invaden más el territorio nacional. Nada ha hecho la histórica Cuarta Transformación para atenuarlo, menos todavía para cambiarlo, no lo ha tocado ni con el pétalo de una declaración mañanera. Los “revolucionarios” de Morena viven y conviven con el neoliberalismo imperialista en buena paz y compañía.
El neoliberalismo exige un Estado pequeño que se limite a garantizar el orden y la paz indispensables para el buen desarrollo de los negocios. Aunque, ahora, con el horror de la violencia desatada, cabe dudar si no está en curso también la privatización de la seguridad, es decir, si en adelante no la gozará sólo el que pueda pagar por ella, pues no deja de llamar la atención que la delincuencia embista principalmente al pueblo trabajador, pues las grandes fábricas y los grandes comercios pagan eficiente policía privada y, hasta a muchos camiones de transporte de mercancías, los sigue atento un auto particular con guardias armados.
¿Y cómo no habían de ser un apetitoso bocado para devorar y hacer negocios con ellos, la salud y la educación? ¿Qué ha hecho con ellas la 4T? Veamos el caso de la salud: el porcentaje de los mexicanos sin acceso a los servicios más básicos pasó de 16.2 por ciento en 2018 a 39.1 por ciento en 2022 porque el sistema de salud pública que antes existía fue desmantelado, lo que en términos de población equivale a 50 millones 300 mil mexicanos que tendrán salud privada sólo si pagan por ella. Eso es la privatización de la salud, ni más ni menos, como lo ordena el neoliberalismo.
Algo similar está pasando con la educación pública. Con orden fulminante se cerraron las estancias infantiles, no eran completamente públicas ni gratuitas, pero eran apreciada ayuda para muchas madres trabajadoras y, en lugar de hacerlas oficiales, gratuitas, dotarlas de desayunos y comidas y maestras especializadas (que casi siempre son mayoría), como correspondería a un verdadero intento de educación popular, se cerraron y, ahora, el que quiera estancia infantil que pague por ella. La privatización, otra vez, como prescribe el neoliberalismo.
Con orden presidencial, faltaba más, se cerraron las escuelas de tiempo completo que ayudaban a 3 millones 600 mil niños con alimento y con algo de tiempo para que sus padres trabajaran. No se generalizaron en el país que clama por una jornada más prolongada, como sucede con otros muchos educandos del planeta que salen a las 5 o a las 6 de la tarde y, por tanto, con ellos nunca van a poder competir unos niños inteligentes y creativos como los nuestros, pero que ya a las 12 y media del día van de regreso a su casa.
Los datos son espeluznantes: Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la proporción de personas con rezago educativo alcanza a 19.4 por ciento de los mexicanos y, ahora, el que quiera educación más completa para sus hijos, similar o mejor de lo que intentaron las escuelas de tiempo completo, tendrá que pagar por ella en una escuela privada. Exactamente como señala el neoliberalismo.
En las preparatorias la deserción es alarmante y la Secretaría de Educación Pública (SEP) reporta que el Sistema Educativo Nacional sólo atiende a 72.9 por ciento de los jóvenes de 15 a 17 años que logran concluir su educación básica. No hay esperanzas de que se funden internados con comedores y servicios asistenciales para combatir las deserciones por razones económicas. Nada de esos sueños. Antes bien, se reparte dinero a los jóvenes, lo que no promueve la vida colectiva y la unidad, sino que exacerba el consumismo, el individualismo y la dispersión.
En la educación superior siguen aplicándose exámenes de admisión absolutamente discriminatorios. Los exámenes de conocimientos apartan a millones de jóvenes que ya terminaron con éxito el ciclo anterior y, por tanto, se supone válidamente que están preparados para continuar sus estudios en el nivel siguiente, mediante el invento de un examen de admisión que, sólo este año y sólo en la UNAM, dejó fuera al 90 por ciento de los solicitantes.
Si alguien dice que esa es la UNAM y esa es autónoma, le informo que sucede exactamente lo mismo con los 33 sistemas de educación media superior que ya diseñaron la opción uno, la dos, la tres, etcétera y sucede también con las normales rurales, que sí dependen del gobierno federal, a las que ya se les “limpió” de corrupción y se les sometió al justísimo examen de conocimientos que elabora, aplica y califica una empresa particular, el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).
La 4T aplica y afama el examen de conocimientos y, en un país tan desigual como el nuestro, siempre saldrán mejor calificados los jóvenes que han tenido salud, vivienda, buena alimentación y que abrevaron cultura de sus padres y amigos, que los hijos de obreros de la ciudad y jornaleros del campo que no pudieron disfrutar de esas condiciones. Así de que, considerar como el non plus ultra de la justicia, aplicar y reconocer los resultados de un examen de conocimientos, no es más que convalidar la exclusión y defender la educación para una minoría privilegiada. Tal como quiere y reclama el neoliberalismo.
Mientras este vendaval reaccionario azota y marca a la educación pública, siguiendo la aceda práctica de la cargada, toman la palabra los gobernadores morenistas para decir que “los valores de los nuevos libros (de texto gratuitos), afirmaron, se sustentan en lo que mandata el propio Artículo 3º y que hacen del humanismo, la libertad, la justicia, la fraternidad, la democracia, la pluralidad, la inclusión, la no discriminación y los derechos humanos, los contenidos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje”. ¿Pueden, acaso, 10 conceptos de la demagogia barata e insultante de las clases explotadoras tapar el ataque artero contra la educación pública?
Las modificaciones a los libros de texto no pasan de ser meras añagazas, fintas vulgares para tratar de engañar, de distraer al pueblo, para seguir acondicionando la educación pública del país al servicio del neoliberalismo. Con esos libros los niños no se van a volver comunistas, ni humanistas, ni fraternos, ni inclusivos, ni adversarios de la discriminación, ni nada de eso. Serán, si bien les va, mano de obra asalariada de este lado de la frontera, o del otro, para enviar remesas que son orgullo del presidente de la República.
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