Algunos estudiosos, caracterizan el desarrollo de la educación pública en el país destacando etapas como la del México colonial, con una cultura religiosa, escolástica y tradicional; la del México independiente que opone a la fuerza de las tradiciones el peso de la razón y preconiza el desarrollo de una personalidad individual, enérgica y nacionalista con los ideales de la ilustración de libertad, igualdad y progreso.
La del México de la Reforma, teniendo como guía la filosofía positivista, que veía en el desarrollo científico naturalista el único camino de la educación y del progreso; la primera etapa del porfirismo, que es, dicen, cuando alcanza una articulación más coherente, teniendo por antecedentes las leyes expedidas por Gómez Farías , en octubre de 1833, que establecieron la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales, mismas que alcanzaron la madurez en la Constitución de 1857.
Hablan también de que, con la revolución, intentó sobreponerse el principio de la justicia social, lo cual trastocó todo el sistema de enseñanza, ya que del desarrollo de la personalidad individual se pasó, dicen, al desarrollo equitativo y equilibrado de la colectividad, lo cual quiso significar, en su momento, la educación socialista en la época de Lázaro Cárdenas del Río, que pretendía clarificar los objetivos de la revolución. Y es, según esto, con Ávila Camacho, cuando Torres Bodet, como secretario de Educación, logró dar expresión cabal a los ideales educativos mexicanos en el artículo tercero constitucional.
Si nos atenemos a lo sostenido por el filósofo francés Louis Althuser, citado por Martha Harneker en sus Conceptos Elementales del Materialismo Histórico, el cual señala que la educación, como parte integrante de los aparatos ideológicos del Estado, juega un papel fundamental en la reproducción de las relaciones sociales de producción (parte sustancial de la estructura social o modo de producción), y las cuales en nuestros días son de tipo capitalista, que se caracterizan por la concentración en pocas manos de todos los elementos materiales necesarios para producir las mercancías (máquinas, fábricas, terrenos, herramientas, vías y medios de transporte), y del capital, de un lado; y por el otro la ausencia total de posesiones, salvo de su fuerza de trabajo para vender a quienes detentan el capital, de las grandes mayorías; el artículo tercero constitucional entonces vendría a ser, pues, el borrón del desbarajuste revolucionario mediante la institucionalización de los intereses de la fracción de la burguesía que se hizo del poder con la revolución.
El gobierno actual, también en este sentido, es el representante de la clase poderosa, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador le diga que primero los pobres y les dé becas a algunos de los estudiantes en edad de votar.
Sin embargo, la clase dominante, cuando siente que le estorban las leyes que ella misma ha hecho para preservar sus intereses, las viola o las ignora simplemente, por eso, por ejemplo, la neoliberal 4T y sus aliados embisten las escuelas para imponerles a su personal quitando a quienes han laborado por años incluso sin el respectivo pago de un salario, sin importarle que con ello atropellen los derechos humanos de muchas personas, basados sólo en la arbitraria aplicación del ‘aquí yo soy la autoridad y yo mando’; como en el caso de las comunidades donde éstas han levantado escuelas sobre sus terrenos, con recursos propios y con el esfuerzo, lucha y trabajo del pueblo organizado que, junto a sus maestros han invertido su trabajo y simplemente se les desconoce; violentando de paso el derecho de los estudiantes a tener una educación verdaderamente científica que promueva en serio el conocimiento y el pensamiento crítico y científico, profundo y libertador, más acorde con el desarrollo de las fuerzas productivas actuales, de tal manera que ésta sirva al desarrollo de toda la sociedad, incluida la clase trabajadora, creando así la posibilidad de arribar a una sociedad más justa y equitativa, como la que merecemos todos los mexicanos.
Veamos otro ejemplo: el gobierno actual, desde antes de la pandemia, sólo invertía en educación el 3,84 por ciento del PIB; 0,76 por ciento menos que lo recomendado por el Banco Interamericano de Desarrollo que es del el 4.0 al 6.0 por ciento; y mucho menos de lo estipulado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), obligación asentada, además, en el artículo 25 de la Ley General de Educación que es del 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
El problema fundamental está, desde mi punto de vista, en que hace falta un gobierno interesado en desarrollar el país y llevarlo hacia nuevas formas de producción, distribución y consumo de los bienes que produce la sociedad, más justa y equitativa, es decir un gobierno de los pobres, para que éste haga realidad una educación de calidad para todo el pueblo, la cual le sirva a todos los mexicanos.
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