Al anunciar en enero de 2019 la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), mega obra que llevaba en construcción un avance del 31.5% y un gasto en aquellos días de 78 mil 172 millones de pesos, el presidente López Obrador dijo que otros 100 mil millones de pesos serían necesarios para sufragar todos los compromisos que ya no se cumplirían a causa de la medida tomada por él, a saber, la cancelación del aeropuerto. La suma total gastada en el malogrado proyecto del NAIM ascendería a 178 mil 172 millones de pesos, juntando lo ya gastado con lo que habría que pagar por la cancelación a los acreedores. De esta manera quedaría cerrada y sellada para siempre la página de una obra que pudo y finalmente no fue, arrojando directamente al caño del drenaje tantísimo dinero por la voluntad soberana del presidente.  

Dos años después de esos hechos que en su momento llamaron poderosamente la atención del mundo por el despilfarro de dinero que significaba y el rompimiento de contratos con empresarios que invirtieron capitales en dicho proyecto, ahora nos enteramos con enorme sorpresa que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entidad dependiente de la Cámara de Diputados y cuyo fin de ley es “fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen gobierno”, en su análisis de la Cuenta Pública del año 2019, dice que en realidad el costo de la cancelación del NAIM es tres veces superior a lo afirmado en su momento por el ejecutivo federal. El costo real de dicha cancelación, dijo, es de 331 mil 996 millones de pesos, un aumento de casi 232% a lo originalmente dicho por el presidente. Semejante despilfarro bien serviría para equipar y ampliar los hospitales, que tanto necesitan para atender a los pacientes por covid-19, comprar vacunas, atender a los niños con cáncer a quienes se les ha dejado sin medicina, y otras miles de necesidades urgentes de los más olvidados en nuestro país.  

Yo debo decir, de paso, que los informes de la ASF son regularmente sacados a la luz pública, transcurridos dos años del año que se revisa. Por eso la Cuenta Pública, lo gastado por el Gobierno federal en 2019 se informa por parte de la ASF en estas fechas. Por eso hasta ahora sabemos de la enorme cantidad de dinero dilapidada finalmente por AMLO y su régimen de la cuarta transformación en el NAIM, ríos de dinero que no sale de sus bolsillos, recurso de los mexicanos, principalmente de los impuestos que pagamos. Pero eso no es todo, además, informó la ASF, que está pendiente la liquidación del 70% del valor de los bonos emitidos por el anterior gobierno para financiar el proyecto, que representan 168 mil 455 millones de pesos, y que no están recomprados.  

Solo que, ni al presidente ni a nadie de su administración le agrada que le saquen sus trapitos al sol. Con su intolerancia y amenazas, características de la 4T, se han lanzado a coro contra el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, sacando “otras cifras” como acostumbran ante cada denuncia cierta que reciben. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera ha desvirtuado las cuentas exhibidas por la ASF con “otras cifras”; sin embargo, la cobertura de los medios de comunicación a las aclaraciones del secretario ha sido prácticamente nula, no le creen. Y el jefe de todos, genio y figura hasta la sepultura, el presidente del país pidió a la Cámara de Diputados que “investiguen” al que descubrió sus maniobras y mentiras con el NAIM, el auditor superior David Colmenares. Es bien sabido por medio mundo que la mayoría de legisladores son morenistas, por lo que se da por descontado que propondrán algún tipo de sanción. El acusador, el titular de ASF, saldrá acusado y lapidado públicamente en el espectáculo rutinario, al que está acostumbrado el Gobierno de la 4T.  

Conforme se acerca el día de las elecciones intermedias, el primer domingo de junio, se redobla la campaña electoral del presidente a favor de los candidatos de su partido, todos impresentables tal como nos lo descubren diariamente los medios de comunicación y redes sociales. Pero al mismo tiempo, las denuncias de las atrocidades y fracasos de los gobiernos morenistas son cotidianas, para muestra, solo algunos ejemplos: la falta de vacunas suficientes y su rápida y eficiente aplicación, en el municipio de Ecatepec, gobernado por Morena. Son noticia los miles y miles de ancianos, sobajados en su dignidad, tiempo y salud, por su urgencia de ser vacunados, enfrentados y afrentados por la desorganización imperante y sin solución de las autoridades locales y de la Secretaría de Salud del gobierno de López Obrador.     

Hacer creer a alguien con palabras o, de cualquier manera, algo que no es verdad, es la tónica desde el principio de esta administración desde el inicio de su gobierno, desde 2018, y puedo asegurar sin temor a equivocarme que no cambiará el modo, sino todo lo contrario. Va para tres años, la primera mitad de este gobierno que según su repetido dicho gobierna para los pobres de México, y sus resultados son, sin duda alguna, desastrosos: los pobres han acentuado su miseria, los que conocen de la economía de los países aleccionan que de no cambiar profundamente la política económica por parte del gobierno de este país, la recuperación económica y social de los más pobres, que sumamos en números redondos, alrededor de cien millones de almas, tardaremos una década, es decir, diez años, para recuperar por lo menos el nivel que teníamos.    

Es de vital importancia para ponerle un freno a la destrucción del país que viene haciendo Morena, quitarle por medio del voto ciudadano la mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados, para que AMLO ya no sea dueño y señor también del poder legislativo, como hasta ahora sucede. Urge frenar los abusos de poder.