En pleno siglo XXI aún persiste en nuestro país una lacerante discriminación indígena.
Para muestra basta un botón. Resulta que en la actualidad sólo cuatro de 100 alumnos indígenas llegan a cursar estudios universitarios, de acuerdo con los datos oficiales dados a conocer por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El instituto señala que de las 22 mil escuelas indígenas de educación básica del país, 16 % no cuenta con acceso a energía eléctrica; 45 % carece de agua potable y sólo seis de cada diez primarias indígenas tienen acceso a una sola computadora para uso pedagógico.
Además, nueve de cada diez personas indígenas de seis años de edad o más se ubican en los estratos socioeconómicos más bajos, 53.6 % en el bajo y 37.7 % en el medio bajo. Asimismo, dos de cada tres mujeres indígenas residen en localidades no urbanas (66.5 %), es decir, viven en una comunidad con una población menor a 15 mil habitantes. Los niños indígenas siempre han sido ignorados por el propio Gobierno federal.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) expone en su informe Educación para la población indígena en México: el derecho a una educación intercultural y bilingüe que a medida que se avanza a nivel educativo, menos estudiantes de lengua indígena permanecen en las aulas.
Las escuelas en los contextos más pobres son las que, en mayores proporciones, tienen condiciones más precarias y ofrecen menor bienestar y oportunidades de aprendizaje a los estudiantes.
Aunque actualmente existen catorce programas destinados a garantizar el acceso a la educación de los niños hablantes de una lengua indígena, nueve a cargo de la Secretaría de Educación Pública sufrieron recortes.
La reducción del presupuesto destinado a este sector disminuyó la capacidad de los programas que apoyan para cumplir con sus objetivos y metas; repercutió de igual manera en el acceso de materiales educativos de los maestros de educación indígena en los estados, y la capacitación que recibieron se redujo en el periodo de la pandemia de covid-19.
Los niños indígenas siempre han sido ignorados por el Gobierno federal, además de que, como explica el Coneval, a medida que se avanza a nivel educativo, menos de ellos permanecen en las aulas.
Las escuelas endógenas enfrentan graves problemas en comparación con los planteles generales por los recursos pedagógicos a los que tienen acceso.
Por lo anterior, se deduce que existe un panorama diferente para el proceso enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo aprender en un salón bien equipado que en uno que carece de todo, incluso de energía eléctrica.
Si no se atienden estas prioridades en los planteles con una mejor infraestructura, con todos los materiales necesarios y servicios básicos, difícilmente los estudiantes indígenas concluirán su educación básica, que va desde preescolar hasta el bachillerato, condenándolos a vivir siempre en la miseria.
Nunca debemos olvidar que la educación siempre ha sido un motor de desarrollo cultural y movilidad social que permite encontrar trabajos más dignos. Pero si existen barreras y desigualdades, los estudiantes indígenas nunca saldrán del atolladero, pues sus condiciones permanecerán precarizadas en el campo laboral.
El sistema educativo ha abandonado a los niños, adolescentes y jóvenes de poblaciones y lenguas indígenas de todas las maneras posibles al no proveerles de instalaciones, de equipamiento, de docentes bilingües suficientes, así como de personal de asistencia y apoyo a la educación formado para trabajar en un entorno multicultural.
Tampoco les proporciona las condiciones de alimentación escolar, traslado, uniformes, útiles escolares y calzado para que puedan ejercer, bajo una óptica de triple inclusión, sus derechos a estar, aprender y participar en las escuelas mexicanas.
“Ser niño o adolescente hablante de una lengua indígena debería de constituir una fortaleza, no un factor de discriminación”, afirma Erick Avilés académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”.
La educación básica para la población indígena ha sido históricamente segregada por políticos y funcionarios, quienes no han generado las políticas públicas, los presupuestos ni las acciones pertinentes para que el personal, recursos e infraestructura se asignen en forma suficiente a resolver esta problemática del abandono indígena mexicano.
Urge que la 4T presente un plan de acción para remediar estas profundas, vergonzosas e inaceptables brechas que pisotean a niños y jóvenes de origen indígena.
Urge una reforma fiscal progresiva de donde se obtengan los recursos suficientes para aliviar el problema de nuestros indígenas y que ninguno de ellos se quede sin estudiar algún posgrado.
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