El Gobierno federal, representado por Andrés Manuel López Obrador, presentó su propuesta con la que pretende hacer frente a la inflación, la peor que vive nuestro país en los últimos años y que afecta a la mayoría de los mexicanos porque amenaza con convertirse en un serio peligro social porque el incremento en los precios, principalmente de los productos de la canasta básica, se ha presentado vertiginosamente y ha dejado sin oportunidades al pueblo trabajador que cada día se encamina más a una vida miserable.
Su proyecto, llamado Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), fue dado a conocer a la opinión pública el pasado 4 de mayo y también fue criticado por haber sido creado sobre un análisis erróneo que, al igual que su teoría sobre la corrupción como origen de la desigualdad social en nuestro país, acabaría por ser otro intento fallido más en esta larga cadena de desatinos irresponsables, que más daño que beneficio han traído a la mayoría de los mexicanos.
En ese momento, el Gobierno federal anunció a la población que dicho plan no tendría medidas coercitivas ni control de precios, sino acuerdos para que se garantizara que tuvieran precio justo los productos que componen la canasta básica de alimentos.
A simple vista, parece algo convincente, sin embargo, no se debe olvidar que, en el capitalismo, basado en la producción de mercancías, la competencia entre los empresarios puede provocar la prosperidad de unos a costa de la quiebra de otros y que, por lo tanto, aquellos grandes productores que no quieran perecer como como tales, deben, a toda costa, obtener ganancias. De otra manera, no podrían hacer frente a esa competencia.
Por esta razón, están obligados a realizar negocios con quien sea y donde sea, no importándoles si la situación es tan dolorosa como la de los mexicanos, agudizada por la pérdida de seres queridos, por un lado y, por otro, por la miseria, el desempleo, el abandono escolar, la violencia y la incertidumbre que ha provocado la irracional política gubernamental frente a la pandemia de covid-19, aunada a la incapacidad por detener la creciente ola de aumento de precios en los productos de primera necesidad.
La filantropía de los industriales y banqueros sólo es una ficción, sólo una simulación; en el fondo se esconde su necesidad irrefrenable de ganancia, aún a costa del sufrimiento de los pueblos. Para eso, diseñan las maniobras más audaces con las cuales tratan de ocultar sus verdaderos intereses. Un intento más: ahora, se pretende que creamos, que han llegado a un acuerdo entre ellos y el gobierno para participar en un plan que pretende hacer frente a la inflación y, lo mejor, sin que ellos obtengan beneficio alguno ¡A ver quién les cree! En realidad, ¡Se trata de acceder al dinero del pueblo con la autorización del gobierno federal! De esa manera, pueden seguir obteniendo ganancias bajo la apariencia de solidaridad con los más necesitados. El gobierno, claro está, se presta a esta maniobra.
En varias de las medidas que conforman este paquete, se nota claramente esta situación; por ejemplo, en la estabilización del precio de los combustibles, gasolina y diésel, sólo es posible lograrlo, si el gobierno federal continúa subsidiándolos; de la misma manera, cuando se nos menciona que no aumentarán, para la población, los precios de servicios de telefonía e internet, no significa precisamente eso; lo que sucederá es que el gobierno pagará a los empresarios la diferencia, si es que hay que hacer un ajuste.
Lo que se les ha olvidado decir, es que el dinero con que se pagan los subsidios es fruto del esfuerzo del pueblo trabajador; el gobierno sólo administra y al parecer dispone impunemente de lo que no es suyo. De esa manera los empresarios recibirán el dinero de la mayoría laboriosa de nuestro país sin mayores trámites.
La falsa solidaridad de los empresarios comienza a vislumbrarse de forma más abierta: esta semana nos encontramos con la noticia de que una de las empresas firmantes de dicho pacto, Bimbo, ha subido los precios de sus productos, con excepción, aparentemente del pan blanco. Su argumento principal es que se ven en la necesidad de hacer dicho incremento debido a la inflación.
Bimbo pertenece a Daniel Servitje, uno de los empresarios más acaudalados de México y, además, uno de los que ha sabido aprovechar en beneficio propio su cercanía con el proyecto de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la información proporcionada por Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el compromiso de la empresa Bimbo sólo fue con respecto a mantener el precio del pan blanco grande en 42 pesos durante los seis meses que le restan al año; sin embargo, no hubo compromiso concreto con respecto a las demás presentaciones y variedades que produce esa industria.
Era de esperarse. Los empresarios no pueden aceptar pérdidas económicas y ante el aumento de los costos de producción, como siempre, se ve reflejado en los precios que al final tiene que pagar el consumidor. Lamentablemente, como bien dice el presidente de la ANPEC, este aumento, incentivará el aumento del pan que se produce artesanalmente, dando continuidad a la cadena de aumento de los productos de la canasta básica y demostrando la ineficiencia y perversidad del PACIC.
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