En el corazón de las políticas económicas de México se encuentra un dilema que no es nuevo, pero que persiste con notable intensidad: un gobierno que, pese a sus promesas de transformación, sigue sin atender de manera estructural las desigualdades que carcomen al país.
El Paquete Económico 2025 (PEF 2025) de la presidenta Claudia Sheinbaum refleja esta encrucijada, siendo un espejo de las continuidades y limitaciones del modelo económico mexicano.
Es necesario que las mayorías excluidas de los beneficios del desarrollo económico exijan un cambio estructural.
Sheinbaum calificó al PEF 2025 como “muy sólido”, una declaración que contrasta con la realidad de recortes generalizados, particularmente en áreas clave como la salud, la educación y el medio ambiente. Mientras se buscan reducir déficits presupuestarios para contentar a los mercados financieros, el costo de estas medidas recae, como siempre, en los sectores más vulnerables.
El gasto público proyectado, que se reduce en términos reales un 1.6 % respecto a 2024, representa un retroceso en la capacidad del gobierno para atender necesidades básicas. En particular, el gasto en salud pública se estima en un 2.5 % del PIB, muy lejos del 6 % recomendado por la OMS. Este nivel de inversión no sólo es insuficiente; es un atentado contra el derecho a la salud de millones de mexicanos.
Uno de los aspectos más alarmantes del paquete económico es la incapacidad del gobierno para proponer una reforma fiscal integral que grave de manera justa a los sectores más ricos. México recauda apenas el 22.3 % del PIB, comparado con el promedio de 37.3 % en países de la OCDE.
Esta debilidad recaudatoria perpetúa un sistema donde las élites económicas siguen sin contribuir de manera proporcional a su riqueza.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ejemplo, tiene un impacto desproporcionado en los ingresos de los más pobres. Aunque se podría argumentar que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) es progresivo, su estructura actual apenas roza los niveles de los más acaudalados, aplicando una tasa máxima del 35 %, significativamente menor a la de otros países.
Para cubrir el déficit proyectado, el gobierno propone endeudarse en 1.2 billones de pesos, lo que equivale al 3.9 % del PIB. Aunque este nivel de endeudamiento es menor al de 2024, sus implicaciones son preocupantes: mayores compromisos futuros para el pago de intereses y menor flexibilidad presupuestaria en años venideros.
El costo financiero de esta deuda será equivalente al 14.9 % del gasto total en 2025, una cifra que, en lugar de financiar programas sociales, engrosará los bolsillos de los acreedores. Este modelo perpetúa un ciclo en el que las finanzas públicas dependen más de satisfacer a los mercados que de garantizar derechos básicos.
Es evidente que el PEF 2025 no responde a las urgentes necesidades de un México profundamente desigual. La solución no radica únicamente en distribuir mejor lo que ya se recauda, sino en ampliar significativamente los ingresos del Estado mediante una reforma fiscal integral.
Esto implica gravar de manera efectiva la riqueza y el ingreso de los sectores más privilegiados, así como combatir la evasión fiscal que mina los recursos públicos.
Claudia Sheinbaum ha prometido fortalecer la recaudación, pero sus acciones concretas hasta ahora han sido limitadas. Sin una voluntad política real para enfrentar a las élites económicas, el discurso de transformación seguirá siendo eso: un discurso.
El debate sobre el futuro de la política fiscal no debe quedar relegado a las cámaras legislativas o a los despachos gubernamentales. Es necesario que las mayorías excluidas de los beneficios del desarrollo económico exijan un cambio estructural.
Sólo así podremos imaginar y construir un México donde el gasto público sea una herramienta efectiva para corregir desigualdades, garantizar derechos y fomentar un crecimiento inclusivo.
El Paquete Económico 2025 refleja una paradoja persistente en la política económica mexicana: un gobierno que, mientras busca mantener la estabilidad fiscal y satisfacer a los mercados financieros, perpetúa dinámicas de desigualdad y rezago social.
Aunque la administración de Claudia Sheinbaum ha presentado este plan como un esfuerzo sólido y necesario, sus recortes en áreas clave como salud, educación y medio ambiente contradicen la narrativa de un gobierno comprometido con el bienestar de los más vulnerables.
La ausencia de una reforma fiscal integral que grave de manera justa a las élites económicas, así como el limitado esfuerzo recaudatorio, ponen de manifiesto la falta de voluntad política para enfrentar las raíces estructurales de la desigualdad en México.
El endeudamiento, aunque menor al de años anteriores, hipoteca el futuro del país al priorizar el pago de intereses sobre las inversiones en infraestructura social y económica.
Si realmente se busca un México más justo, el camino no puede ser otro que un cambio estructural profundo. Esto implica un sistema fiscal equitativo que redistribuya la riqueza, un gasto público estratégico orientado a cerrar brechas sociales y una política económica que privilegie a las mayorías en lugar de proteger los intereses de los más ricos.
Sólo con un enfoque decidido y transformador será posible garantizar los derechos básicos de todas y todos los mexicanos y avanzar hacia una sociedad más equitativa y solidaria.
Este no es sólo un llamado a la reflexión, sino a la acción colectiva. Porque más allá de las promesas y los planes, es la movilización ciudadana la que puede inclinar la balanza hacia un país más justo y equitativo.
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