Hasta ahora, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integra por once ministros y su permanencia en el cargo es de quince años, y la renovación de sus integrantes es escalonada, de modo que nunca quede incompleta ni se renueve por completo. El objetivo es que los ministros del máximo tribunal tengan experiencia.
El artículo 96 de la Constitución establece que quien ocupa la Presidencia envía al Senado una terna de personas propuestas por cada cargo, quienes deben comparecer ante el pleno, y la responsabilidad recae en quien obtenga el voto favorable de dos terceras partes de los miembros de esa cámara, mediante el voto depositado en urna transparente por cada legislador, dentro del plazo improrrogable de 30 días.
La reforma atenta contra el equilibrio entre los poderes del Estado y se busca centralizar el poder en una sola figura, lo cual consideran una amenaza para el sistema de contrapesos democrático.
Si el Senado no resuelve dentro de ese plazo, el cargo de ministro recaerá en la persona que designe el presidente de la república. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente someterá una nueva, y si esta segunda terna fuera rechazada, el cargo lo ocupará la persona de dicha terna, que designe el presidente de la república.
Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y al verse limitado a tener el poder absoluto del país, teniendo mayoría en el Congreso, mucho ha insistido en la reforma judicial, que curiosamente consiste, según él, en la “independencia” de poderes.
Dicha reforma radica en la elección de los cargos de ministros de la SCJN, de los consejeros de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral Federal (TEF), magistrados de circuito y jueces de distrito, significando que más de mil seiscientos cargos irían a las urnas, a los que podrán postularse miles de abogados a partir de junio de 2025.
El morenismo propone, entre otros muchos puntos, que la Suprema Corte esté integrada por nueve ministros en lugar de los once actuales. Para ello, que el Ejecutivo proponga a diez candidatos, la Suprema Corte a otros diez y el Congreso, con el voto de una mayoría calificada de dos terceras partes, proponga a diez más: cinco la Cámara de Diputados y cinco el Senado.
Asimismo, propone que los nuevos ministros duren en el cargo ocho, doce y catorce años, en función de la votación que obtengan. Los más votados, dice la iniciativa, durarán más tiempo en el puesto.
La propuesta también contempla que los ministros, magistrados y jueces de distrito sean elegidos por la ciudadanía en elecciones cada tres años, coincidiendo con los comicios federales para elección presidencial o para renovar la Cámara de Diputados.
Igual para los 32 estados de la república, donde tendrán que reformar sus legislaciones locales para garantizar la “independencia” de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, a través del voto directo y secreto.
Según la presidenta electa, Claudia Sheinbaum:
“… lo que Morena y sus aliados plantean en la reforma judicial es que los ministros, jueces y magistrados sean elegidos por el pueblo, para que rindan cuentas al pueblo de México, pues no vamos a permitir que regrese la corrupción. Vamos a seguir gobernando con la división clara entre el poder económico y el poder político; el gobierno es democrático y eso quiere decir que el gobierno representa al pueblo de México".
López Obrador, por su parte, justifica la reforma del Poder Judicial diciendo que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque "no está al servicio del pueblo" y "responde a intereses de la delincuencia organizada", argumentos a todas luces absolutamente falsos, pues, como todos sabemos, los 34.9 millones de votos de los mexicanos obtenidos el 2 de junio fueron por la “tarjetita” con la que los mexicanos reciben 3 mil o 6 mil pesos en efectivo cada dos meses.
Igual de falso es el argumento de López Obrador. En el mundo es conocido que él y la presidenta electa defienden a la delincuencia organizada que encabezan Rubén Rocha Moya de Sinaloa y Javier Corral Jurado de Chihuahua, entre otros muchos.
Por eso, mucha razón tienen los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Querétaro al señalar en su movilización de protesta del pasado veintiuno de agosto, de la Alameda Hidalgo al Jardín Guerrero, que la reforma atenta contra el equilibrio entre los poderes del Estado y busca centralizar el poder en una sola figura, lo cual consideran una amenaza para el sistema de contrapesos democrático.
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