Hay una contradicción evidente entre las dos visiones principales que se escuchan en el ambiente político sobre la situación en la entidad, por un lado, está la versión del gobernador Salomón Jara, desde sus conferencias semanales, una versión que nos pinta un estado seguro, que está “mejor que nunca” gracias a la primavera oaxaqueña porque “Oaxaca se está transformando”.
Y, por otro lado, está el panorama que trazan varias organizaciones sociales, redes, colectivos, defensores de derechos humanos, periodistas, analistas y las llamadas organizaciones no gubernamentales, cuyo panorama es no sólo distinto, sino diametralmente opuesto al cuadro optimista que dibuja la versión oficial.
En esta ocasión, mi escrito va en el sentido de invitar a la reflexión de lo que estas visiones muestran y que de no entenderse pueden provocar en Oaxaca una crispación social, igual o peor, a las de 2006 y 2016. Veamos.
En el marco del desfile y festejo de los primeros 100 días de haber iniciado la administración estatal, el gobernador del estado dijo que en la entidad se está combatiendo en serio los lastres de la época neoliberal que les dejaron una administración en crisis y con una deuda de 29 mil millones de pesos; con un gobierno que se alejó del pueblo convirtiéndose el caos y el chantaje en un ejercicio cotidiano que beneficiaba a unos pocos; que se marginó a las organizaciones y sindicatos que son indispensables para el buen funcionamiento social.
Por ello, según él, se promulgó la ley de austeridad republicana, con lo que se ahorraron 500 millones de pesos para destinarlos a programas sociales y mejoramiento de servicio públicos; se promulgó la revocación de mandato; que después de 12 años, se recuperó el zócalo de la ciudad y los portales del palacio de gobierno que es de todos; que ahora hay un gobierno dialoga, concerta y respeta todos, que se ha instaurado la Paz como fórmula de solución de conflictos en todos los pueblos y comunidades; que se ha reducido la incidencia delictiva en homicidios dolosos, el robo a domicilio y a transeúntes, reconociendo el lamentable papel en la violencia y crímenes contra mujeres que nos coloca en los primeros lugares del país en este rubro. Finalizando con la sentencia de que hay un gobierno de un estado progresista, listo para defenderse de los embates conservadores.
Sin embargo, luego de este informe, 30 organizaciones, redes y colectivos sociales, así como 43 defensores de derechos humanos y periodistas, urgieron al gobernador asumir con seriedad un compromiso en favor de los derechos humanos, paz, justicia y democracia en Oaxaca. Porque, en los hechos, la violencia ha incrementado de manera dramática tanto en su incidencia como en los niveles de crueldad, afectando particularmente a las mujeres y aún más a las niñas. Pues los primeros 100 días de este gobierno, se han registrado 43 feminicidios, uno cada dos días y durante este mismo lapso, desaparecieron 116 mujeres, 66 de ellas menores de edad; aunado a ello, se menciona que nos hemos colocado como una de las entidades con mayores ataques contra defensores, pues con base en datos del propio Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, somos la segunda entidad federativa con más homicidios en contra de este sector.
Frente a este contexto, demandaron al Ejecutivo estatal garantizar una participación ciudadana real en la construcción de políticas públicas de derechos humanos integrales, además de garantizar el ejercicio libre del derecho a la protesta social. Por ello, alertaron sobre la criminalización y represión ocurrida en este lapso, como en el caso de la detención arbitraria en Tehuantepec del defensor y opositor al Corredor Interoceánico, David Hernández Salazar el pasado 17 de enero, los desalojos de mujeres triquis el pasado 28 de febrero y de pobladores de Santiago Xicauí Ixtlán, el 1 de marzo; condenaron además el uso de gases lacrimógenos para reprimir las protestas como fue en el caso de los pobladores de Ixtlán, así como más recientemente el 8 de marzo contra mujeres jóvenes que se manifestaron frente a la dramática crisis de violencia feminicida e impunidad en Oaxaca.
Asimismo, demandaron a Jara Cruz, la construcción de paz y justicia a partir de la voluntad política y una visión de la seguridad no militarista, a la vez, garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. En ese contexto, rechazaron el fortalecimiento de la postura militarista de este gobierno que en menos de cuatro meses ya ha desplegado más de 600 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en municipios del centro del estado, una lógica que da continuidad a la política neoliberal de imposición, de control y sometimiento de los pueblos y territorios.
Pues bien, después del citado informe, se ha visto radicalización en las manifestaciones, como el ataque violento al palacio de gobierno por parte de normalistas que incendiaron las puertas del edificio el pasado domingo, en el que quebraron vidrios y lanzaron bombas molotov; además de la manifestación el día de ayer, de integrantes del sindicato de burócratas que manifestaban desatención, con visos de molestia e intentos por ingresar a la fuerza.
Por ello, el Movimiento Antorchista advierte de la peligrosidad de respaldarse en el discurso de la justificación en los errores del pasado y en el combate a los conservadores que quieren mantener privilegios, para negar solución a las demandas legítimas de amplios sectores oaxaqueños, visión que empieza perfilarse por las palabras del gobernador al cierre de su informe de los cien días. Porque la excesiva fuerza con que se ha atendido a algunos manifestantes, empieza a enardecer a las organizaciones y colectivos, con lo que puede propalarse un discurso radical que fomente la creación de corrientes sociales que, al no medirse y calcularse de manera responsable, nos pueden sumergir en un ambiente de violencia y caos de nueva cuenta y en este tipo de eventos nadie sale beneficiado, y si, por el contrario, se afecta a los sectores productivos y empobrecidos, como ocurrió en los conflictos a que me referí hace unos minutos.
Por otro lado, invitamos a las organizaciones y sindicatos, que vean la peligrosidad que se encierra en las medidas radicales y violentas con que expresan su molestia ante la negativa de atención y solución, porque pueden, aún sin desearlo, proporcionar el pretexto perfecto para que se les tilde de conservadores y con ello, en primer lugar, negarles atención y solución, pero en segundo, justificar ante la opinión pública, que molesta por excesos y abusos en la manifestación, avalará la represión y la reglamentación del derecho a manifestarse y a hacer peticiones, pidiendo la reformando la Constitución con claras violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños, amparado todo esto, en las formas, estrategias y tácticas de lucha erróneas que ocultan la legitimidad de sus peticiones.
Ante la gama de manifestaciones y respuesta represiva del Gobierno del estado, el Movimiento Antorchista de Oaxaca, invita a reflexionar sobre la necesidad y urgencia de legitimar nuestras demandas, de buscar una forma de expresarlas que sea comprendida y compartida con la sociedad oaxaqueña, privilegiando en los hechos la atención legítima y clara de los oaxaqueños con demandas genuinas y urgentes. Pero eso no se podrá hacer sobre la base del fraccionalismo y la división, sino de la unión de todos los que buscan progreso y desarrollo verdaderos, dentro del marco constitucional.
Etanto, el antorchismo seguirá insistiendo en la solución de nuestras peticiones pacíficas y mesuradas, esperando que sean atendidas y no se niegue la atención a los oaxaqueños de pleno derecho que militan en nuestra organización. Porque si al rato nos vemos en la necesidad de manifestarnos, será única y exclusivamente por la negativa de atender y dar solución a demandas legítimas que podemos presentar en público, de ser necesario. Los meses pasan y la transformación debe incluir también a los antorchistas y, sobre todo, demostrarse en los hechos y no solo en las declaraciones.
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