Como en muchas partes de México, en Yucatán también se dan los problemas de la tierra, donde quien tiene más pretende quedarse con las tierras de los que tienen menos, un claro ejemplo está en el municipio de Kanasín.
Para sostener lo que digo, me remontaré al año 2010, cuando se hizo una asamblea en la que el ejido favoreció a varios empresarios a sabiendas de que en esos lugares existían varias colonias del municipio que se estaban asentando, de esta manera, las empresas se hicieron propietarias de los predios.
En este sentido, por petición de cientos de habitantes, con el entonces mandatario Rolando Zapata Bello, se creó un fideicomiso para darle certeza jurídica a los ciudadanos antes mencionados, permitiendo regularizar y escriturar sus predios a favor de los posesionarios, que son las decenas de familias humildes; de esta manera intervino una la dependencia federal Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), que fue la responsable de hacer el proceso de regularización y quien entregó los primeros títulos de propiedad.
Hasta aquí todo bien, pero la situación se complicó en la actual administración que encabeza Mauricio Vila Dosal, porque el IVEY entregó la responsabilidad a Sofimex con la finalidad de continuar regularizando colonias de Kanasín como la Nicte-Ha, sin embargo, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No. 34 con sede en Mérida deshizo todo el esfuerzo e invalidó toda una parcela que es la 395, sin revisar que existe ahí una colonia y fraccionamientos afectados derivado a la mala averiguación del Tribunal.
El TUA acreditó como propietarios de las tierras donde está asentada la colonia Nicté-Ha a dos particulares, perjudicando a familias humildes que fomentaron ahí su patrimonio desde hace nueve años, después de haber pagado, primero, al ejido de Kanasín y posteriormente al IVEY, representantes del fideicomiso formado en 2014 por los tres niveles de gobierno (Sedatu, Gobierno del estado y el municipal), quienes en su momento les proporcionó certeza jurídica y que hoy pretenden quitárselas.
Ante el fallo emitido por el TUA, coloca de nueva cuenta en la incertidumbre a poco más de 300 familias asentadas en la colonia Nicte-Ha, pues, sin previo aviso, sus escrituras las están dando de baja, reitero, a pesar de darles el documento y haber pagado su respectivo predio.
Éste sin duda es un caso, pero hay otros como el de las colonias Cecilio Chi y Leona Vicario donde en la misma asamblea dieron los derechos para poder hacerse de los predios a pesar, sin importarles, que familias vivían en los predios desde hace varios años. Resulta que personas ajenas que no viven en el predio desde hace muchos años, ahora pelean las tierras que nunca fueron de ellos.
Ante esta situación, las familias continúan en la incertidumbre de qué va a pasar con su patrimonio, aunado a que viven en condiciones infrahumanas, pues al tener este “pleito”, el gobierno municipal no introduce los servicios para mejorar la colonia, violentando así el derecho de toda persona a tener una vivienda digna, donde puedan vivir bien.
Queremos que el tribunal intervenga y dé soluciones favorables para las familias que habitan en estas colonias. De igual forma urgimos al Gobierno del estado para que intervenga, les dé certeza jurídica y se regularicen estos asentamientos, porque es injusto que con tierras ajenas se hagan negocios a costa de los que menos tienen, pues es sabido que en estos lugares se pretenden construir casas para venta, dejando de lado a familias que en verdad requieren un patrimonio y que lo adquirieron de manera legal.
Ante esto, un día sí y el otro también, familias de las colonias tienen que manifestarse para que les den certeza jurídica, es necesario que los pobres nos unamos y creemos esa fuerza social que quite del poder a esos gobiernos que sólo administran para los intereses de unos pocos, desprotegiendo a la gran mayoría.
Por ello, desde aquí, hacemos un llamado urgente al Gobierno estatal que encabeza Mauricio Vila Dosal y al TUA que den pronta solución y que, de nuestra parte, si no la hubiera, defenderemos nuestro patrimonio que tanto esfuerzo hemos construido y que hoy pretenden violentar nuestro derecho a una vivienda digna.
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