* Transportistas campechanos piden a diputados que nueva Ley no los afecte
“Es un hecho que el transporte urbano en la ciudad de San Francisco de Campeche es deficiente y se requiere una modernización radical que beneficie a los usuarios y eleve la calidad de los servicios que la ciudad ofrece a locales y a visitantes, pero se puede hacer sin afectar a los concesionarios y a las familias que hoy viven de esa actividad”, afirmó el vocero estatal del Movimiento Antorchista en Campeche, Javier Martínez Jaramillo.
Lo anterior, debido a que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que propone la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, ha desatado la inconformidad de los transportistas quienes ven en ella el peligro de perder su fuente de ingresos, pues favorecería al monopolio Grupo ADO al cederle la concesión del servicio de transporte público en la ciudad, en perjuicio de más de 15 mil familias, que por años han vivido de la actividad.
Por tanto, Martínez Jaramillo destacó que es una oportunidad para las sociedades de transporte y los dueños de las licencias de proponer un plan integral de modernización, que sea suficientemente ambicioso, que contemple la inversión de recursos de ellos y públicos, y que justifique su permanencia en el servicio.
La gobernadora ha justificado dicha ley con el argumento de que la ciudadanía merece servicio digno, unidades nuevas, tarifas justas y que se cubran las necesidades de movilidad, pero los concesionarios temen que solo sea una maniobra para favorecer al grupo ADO, empresa que ya se propone desde el año pasado invertir 72 millones de pesos, para poner en servicio 23 unidades modernas, a fin de modernizar la atención a los usuarios en la avenida Gobernadores, aunque con ello desplace a las 12 sociedades de autotransporte que actualmente circulan por esa arteria.
El representante de los transportistas campechanos, Enrique Uribe García, argumentó que los transportistas han realizado una buena labor en los últimos nueve años, ya que, sin los ingresos necesarios, el transporte se ha mantenido.
“Pero otras empresas, y sin duda como el ADO, al primer año sin una tarifa adecuada, hubieran abandonado la ciudad”, comentó.
Indicó que recurrirán al amparo cuando la Ley de Movilidad y Seguridad Vial sea aprobada en el pleno del Congreso.
Los diputados de oposición se han sumado al reclamo de los concesionarios, argumentando que son más de 15 mil familias las que dependen de estas empresas concesionarias. El dirigente estatal del PRD, José Segovia Cruz, acusó a Sansores San Román por “incongruente, ya que ha criticado toda su vida las privatizaciones, y ahora recurre a lo mismo en perjuicio de más de 15 mil familias”; mientras que los diputados Ricardo Miguel Medina Farfán, del PRI, y Paul Alfredo Arce Ontiveros, de MOCI, sostuvieron que “no se puede modernizar al sector si no le destinan recursos públicos”.
Y los tres coincidieron en que pareciera que sólo se busca beneficiar al monopolio Grupo ADO, haciendo a un lado a los concesionarios locales, e insistieron en que “antes de aprobar la ley en comisiones, debió realizarse el parlamento abierto, para escuchar todas las voces, incluyendo a la ciudadanía”.
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