MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Programas y proyectos prioritarios, resultado de una bola de cristal

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El Plan Nacional de Desarrollo es el documento en el que el gobierno de México explica cuáles son sus objetivos prioritarios, enuncia los problemas nacionales y enumera las soluciones en una proyección sexenal. De acuerdo con lo publicado a través del Diario Oficial de la Federación con fecha 12 de julio de 2019, el gobierno de López Obrador tiene como sus líneas principales distintos ejes; dentro del de "Política y Gobierno", se desarrolla la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que establece como objetivos, erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto a los derechos humanos, regeneración ética de las instituciones y de la sociedad; y reformulación del combate a las drogas. El eje de "Política Social", establece distintos programas para personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, para impulsar la agricultura, el desarrollo urbano y la vivienda, la educación, la salud, y la cultura. El eje de "Economía", establece sus líneas de acción y presenta proyectos regionales y programas para la actividad económica, alimentarios, para la Ciencia y Técnica y deportivos.   

Para todo plan deben existir herramientas y acciones que nos conduzcan a alcanzar los objetivos y metas que se visualizan a determinado tiempo, aquí el hecho de emplear Programas Institucionales, los cuales definen la manera en que se aplicarán y operarán los instrumentos de política con que cuentan la federación, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos, prioridades, estrategias y políticas del PND.

Muchos de los cambios que el gobierno propone están cimentados en más de 90 programas que prometen acabar con la pobreza y desigualdad, así como erradicar la corrupción e impunidad.

A poco más de la mitad del sexenio de López Obrador, la organización no gubernamental Gestión Social y Cooperación (GESOC) alertó que 81 de los 96 programas sociales que tenía el gobierno federal en 2020, que representaron el 68.6% (641,280 millones de pesos) del presupuesto aprobado para ese año, no estaban en condiciones de resolver el problema público que les dio origen debido a su bajo desempeño u opacidad. De acuerdo con el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP), 54 de estos 96 programas que se analizaron tienen un nivel de desempeño escaso debido a que cuentan con bajos niveles de cobertura de su población potencialmente beneficiaria y tienen avances bajos o mediocres en el cumplimiento de sus metas.

En estos se encuentran algunos programas estrella de la administración actual, como Atención a la Salud del IMSS, con una calificación de 77.1; Sembrando Vida a cargo de la Secretaría de Bienestar, con un puntaje de 35.1; el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (INPI) con 34.4, y Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (SEP) con 24.

El presidente se llena la boca en las mañaneras hablando de ellos, pero prácticamente todos están envueltos en graves escándalos de ineficacia e incluso de corrupción. En este rubro están 23 de los 96 proyectos analizados como Atención a la Salud del ISSSTE, el Programa IMSS Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que tuvieron una calificación de 55, pero una cobertura de 29.05, al atender a poco más de un millón de personas, cuando la población potencial es de 7.8 millones, entre otros.

GESOC consideró al programa de Desarrollo y vinculación de la investigación científica y tecnológica con el sector de la Secretarías de Desarrollo Rural (Sader) y la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez (SEP) en el rubro de “caja negra”, debido a que son programas que no reportan su población beneficiaria ni en la base de datos de programas y acciones federales de la Secretaría de Hacienda ni a través de solicitudes de información.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, de abril de 2021, la información que la SHCP dio a conocer en su documento Pre-criterios 2022, específicamente en el Anexo IV Programas Prioritarios, muestra las prioridades de la actual administración se vuelven a advertir cambios en el listado de Programas Prioritarios y no se cuenta aún con información adicional que explique el criterio de selección de los “Programas Prioritarios” y sus cambios. En la enumeración de los Programas Prioritarios 2022 se identificaron cambios relevantes tanto en el número de programas como en los montos deseables de cada uno de ellos.

De un total de 81 programas que se enlistaron en los Pre-criterios 2021 como prioritarios, al cotejar la lista con la formulada en los Pre-criterios 2022 se advierte ahora un total de 78 programas prioritarios en esta última. Lo que implica 3 programas menos. Y al comparar la suma total de los recursos aprobados 2021, se identifica una diferencia de 14 mil 170.8 mdp entre ambas para igual concepto. A pesar de que 2021 contempla un número menor de programas. La comparación deja ver una falta de consistencia en la consideración de los programas como prioritarios.

La sabiduría es la habilidad de ver con anticipación las consecuencias de las acciones actuales, es la preocupación por el futuro; el sabio aplica su voluntad para lograr cambios de mayores beneficios a largo plazo, no como el vidente que solo trata de predecir el futuro. Con estas acciones y manejos turbios en los programas que deberían de proyectar a nuestro país hacia una mejor vida para los más desprotegidos, lejos estamos de que nuestro presidente se muestre como un sabio, por el contrario, en su bola de cristal solo alcanza a ver proyectos mal planeados y opacos.

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