Recientemente, en un conocido noticiario de una televisora nacional, salió un reportaje sobre las elecciones locales del pasado 5 de junio en seis estados del país; decían que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se estaba hundiendo y hacían un comparativo de las gubernaturas que había perdido por todos los errores y exceso que tuvo durante 70 años, pues bien, algo se puede encaminar con el Partido Acción Nacional (PAN), ya que el pueblo no olvida el trato que le dan por parte de los que están en el poder, esto viene a colación por los sucesos ocurridos el 10 de junio en la ciudad de Querétaro, durante una manifestación frente a la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
Activistas, científicos, representantes de comunidades y pueblos originarios, que integran La Red en Defensa del Agua y la Vida, organizaron una manifestación en defensa del agua afuera de las instalaciones de la CEA, en avenida 5 de Febrero, ya que aseguran que la aprobada Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado del Estado de Querétaro promueve la mercantilización del recurso mediante la concesión del servicio y la infraestructura hidráulica, y es una ley anticonstitucional que promueve el despojo del agua, sobre todo, de las comunidades y pueblos originarios.
Hasta aquí todo iba bien, pero ellos mismos denunciaron, en voz de Claudia Romero, encargada de asuntos legales de la organización Bajo Tierra Museo del Agua, una de las 30 organizaciones de la sociedad civil que presentaron solicitudes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de Derechos Humanos del estado para declarar inconstitucional la ley, el uso excesivo y arbitrariedad de la fuerza pública durante la manifestación pacífica, donde además la Policía Estatal detuvo a tres personas. También Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), condenó el uso de la fuerza pública, y señaló que algunas personas ingresaron a la universidad a pedir auxilio, algunas personas en crisis y otras golpeadas.
La Ley Nacional del Uso de la Fuerza, publicada en mayo de 2019 en el Diario de la Oficial de la Federación, establece las obligaciones de todas las corporaciones policiales y militares del país, y cómo deben actuar en detenciones y manifestaciones. Todas las fuerzas de seguridad pública del país, desde municipales hasta la Guardia Nacional y los efectivos de la Fuerzas Armadas, se rigen bajo esta ley. Tiene una vigencia para los siguientes cinco años y dictamina que tanto los agentes que hagan uso de la fuerza excesiva y sus superiores son responsables de los actos, al no impedirles o denunciarlos; además, sólo se justificará cuando la resistencia sea real o actual o inminente, es decir, que la agresión debe estar materializada y no ser hipotética; incluso presentarse en el momento y no después o esté próxima a ocurrir y esto puede ser si hay absoluta necesidad, legalidad prevención, proporcionalidad y rendición de cuenta.
Todo esto es importante porque circulan videos donde hay manifestantes adultos que son tratados con lujo de violencia y de forma denigrante. A veces uno se pregunta si el o los policías que agredieron a los manifestantes no han sufrido por el problema del agua, o si toda la vida tendrán ese trabajo, en el peor de los casos si fue sólo por cumplir una orden.
Decía arriba que se ha manifestado la forma de actuar del partido en el poder; se ha revivido la forma de actuar de quien hizo lo mismo cuando fue alcalde en Corregidora.
Nadie es eterno en el poder y de seguir con esa actitud el gobierno actual, el pueblo se cansa. El gobernador debe entender que si llegó al poder es para servir al pueblo y no sólo a los empresarios, y que si tuvo una mala experiencia con lo que ocurrió en aquel partido de fútbol, donde no actuó la policía, tampoco debe irse al extremo con quienes se manifiestan de manera pacífica, hay que recordarle que en manifestaciones, el artículo 31 señala que debe privilegiarse a los agentes con capacidad de persuasión antes de llegar a la violencia y su actuación debe estar limitada a la protección de los manifestantes como de terceros.
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