Ha empezado a comentarse que el actual gobierno de la 4T reprueba en todos los grandes temas que tienen la vida de los mexicanos en un hilo. En materia de seguridad pública, la gente censura el “Abrazos, no balazos”, pues según una encuesta de “El Economista” del 4 de julio, el 54% de los entrevistados considera que da malos resultados. El asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en un templo de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, tiene consternados a muchos mexicanos, pero según la revista Proceso, el presidente, enseguida de acusar a la institución religiosa “de estar apergollada por la oligarquía”, afirma que (…) “no modificará su estrategia de seguridad”. (Proceso, Rodrigo Vera, 2 julio 2022).
Para el sector empresarial, el principal obstáculo para invertir sigue siendo la incertidumbre por el contexto económico, sin embargo, cobró relevancia la inseguridad como segunda causa, por lo que Gerardo Trejo de COPARMEX hizo un llamado urgente para cambiar la estrategia lopezobradorista: “Urge dar un golpe de timón. El Gobierno existe para garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. Nadie quiere declaraciones de guerra, pero tampoco rendiciones”. (El Financiero, Leticia Hernández, 4 julio 2022).
No hay duda de que la inseguridad avanza en perjuicio de toda la población pues, si comparamos el periodo de diciembre 2012-mayo 2016 en el sexenio pasado, con el periodo diciembre 2018-mayo 2022 del actual, vemos que en todos los delitos de alto impacto se han incrementado las carpetas de investigación, de la manera siguiente: “Homicidio doloso, de 59,938 a 99,784; extorsión, de 22,832 a 30,426; lesiones dolosas, de 506,945 a 546,838; robo total, de 2,281,988 a 2,294,669 y violación, de 44,821 a 65,899”, según Maritza Pérez, de “El Economista” del 26 junio 2022.
En economía, la perspectiva ciudadana de la inmensa mayoría de los trabajadores es que éstos mueren en el intento por alcanzar un mejor nivel de vida pues no hay generación de empleos, ni empleo para todos, y los pocos que hay están mal remunerados, la carestía está incontrolable y el Pacto Contra la Inflación de 24 artículos de la canasta básica fue una farsa porque quienes monopolizan su producción y comercialización no son almas caritativas, y aunque lo fuesen, se trata de un fenómeno internacional que no se le puede detener.
Al final… ¿a quién se le cargan los costos de estas políticas fallidas de la 4T?... Indudablemente, a la clase trabajadora. En seguridad, son los más pobres los que pagan el costo a precio de sus vidas, pero también los contribuyentes (o sea los trabajadores) que no solo se chutan el alto precio de los consumibles, sino también el ISR, el IVA y otros impuestos, sin decirles cómo ni por qué.
En consecuencia, no queda más que organizarnos como una sola clase social, consciente de sus intereses históricos e inmediatos, para que sean los propios trabajadores los que luchen por liberarse del yugo capitalista y neoliberal, pues esa es la obligación y el derecho de quienes producen la riqueza con sus manos.
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