Las cifras revelan un patrón persistente de desigualdad: en Quintana Roo, al igual que en Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León y Sinaloa, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres alcanza más del 20 %.
Según el observatorio México, ¿cómo vamos?, una de cada cinco mujeres en México gana menos que un hombre pese a desempeñar funciones similares, lo que incrementa su vulnerabilidad social.
La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue reflejando un país profundamente desigual, donde el trabajo femenino continúa sin el reconocimiento económico y social que merece.
Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestran que los hombres perciben en promedio 11 mil 490 pesos mensuales, mientras que las mujeres ganan apenas 9 mil 82 pesos, en claro desacato al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo.
La brecha salarial de género —la diferencia porcentual entre los ingresos de hombres y mujeres— no sólo evidencia una desigualdad económica, sino que también agrava condiciones de pobreza, particularmente entre mujeres rurales e indígenas.
Esta situación contribuye a problemáticas como desnutrición, violencia, embarazo adolescente, exclusión social y falta de acceso a oportunidades educativas o laborales.
El último censo económico revela que las mujeres representan el 41.3 % de la población ocupada del país. Sin embargo, su tasa de participación laboral es considerablemente menor (45.7 %) comparada con la de los hombres (76.5 %), y se concentra en sectores precarios, como el trabajo doméstico y los servicios personales.
A estas condiciones se suman obstáculos como el limitado acceso a créditos, seguridad social, formación profesional y participación política, así como la prevalencia del acoso y la violencia, tanto en el hogar como en el ámbito laboral.
Frente a este panorama, es urgente reconocer el papel fundamental que tienen las mujeres en la economía. Su inclusión efectiva y equitativa no sólo contribuiría al crecimiento económico y a la innovación, sino también a la equidad social y al desarrollo sostenible del país.
Sin embargo, para lograrlo se requieren políticas públicas integrales, coordinadas y sostenidas que garanticen igualdad de oportunidades, protecciones laborales y acceso real a derechos.
Aunque se han logrado avances, persisten desafíos estructurales como la desigualdad salarial, el trabajo no remunerado y la invisibilización del aporte femenino al bienestar social y económico. Superarlos requiere una acción decidida por parte del Estado y la sociedad.
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