Hace algunos días, se dio a conocer en los medios de comunicación locales la nueva Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit. Dicha ley sustituye el nombre de “Fraccionamiento Social Progresivo” por el de “Fraccionamiento de Interés Popular” en cuyo término o figura legal se agrupan los más pobres de Nayarit para poder tener acceso a una vivienda.
A decir de la diputada local Georgina López Arias, “la figura de fraccionamiento social progresivo, se le da la apertura para que ahora con un convenio asignado ante el Instituto Promotor de Vivienda de Nayarit, mejor conocido como el IPROVINAY, puedan los grupos socialmente constituidos y legalmente constituidos con características legalmente bien establecidos, convenir y poder tomar la figura de fraccionamiento de interés popular”.
“Con las iniciativas presentadas por el gobernador, se pretende dar una certeza de que la nueva constitución de fraccionamientos tenga la dignificación, tanto en los servicios públicos como en las áreas verdes, con calles, banquetas, servicio de alumbrado, plantas de tratamiento, luz eléctrica, entre otras más. Significa que, para constituirse una nueva colonia, se necesitan que se antepongan los servicios públicos para que cuando se vaya a habitar no se esté sin lo básico, agua y luz”. (Nayarit Noticias, 31 de marzo de 2023.
¿Qué significa esto? Quiere decir que ahora, si se quiere formar una nueva colonia popular, primero se tendrán que poner los servicios públicos como el agua, la luz, el drenaje, etcétera. Quien lea lo que dijo la diputada seguramente estará de acuerdo en que así debe de ser, que la ley es correcta al exigir primeramente los servicios.
Pareciera que basta con que se modifique la ley para que se acabe con el problema de la falta de vivienda, pero no, el problema es más complejo de lo que parece.
En primer lugar, el gobierno argumenta que la nueva ley es necesaria porque las ciudades han crecido sin orden, que los fraccionamientos no tienen la infraestructura necesaria, que antes se construía en terrenos no aptos para construir habitaciones, que la figura de Fraccionamiento Social Progresivo (FSP) sirvió para especular con la venta de terrenos y que por eso, ahora, con la nueva ley queda más claro y más definido que los fraccionamientos tendrán que cubrir ciertas características y cumplir con trámites bien definidos.
O sea que, se les sube la tranca a los requisitos, trámites, licencias, etcétera, a todos aquellos que deseen formar una nueva colonia popular. Todo lo que argumenta el gobierno es cierto, pero le faltó decir que esta figura es para ayudar a que los más jodidos puedan adquirir una vivienda, y ahí donde se formaron colonias a través de esta figura legal, si no hay servicios es porque el mismo gobierno se ha negado a introducir los servicios públicos, cuando debería de brindarlos, y además, hay que recordar que muchos de los líderes que lucraban y hacían negocios con terrenos, era porque tenían la protección de funcionarios del mismo gobierno, que se utilizaban a los líderes de asentamientos irregulares para proporcionar votos a los políticos que aspiraban a un cargo de elección popular, es más, en nuestros días actuales, aunque hoy se diga que las cosas se hacen de otra manera, que no son iguales a los anteriores gobernantes, en varios predios irregulares de la ciudad de Tepic se siguen tolerando los viejos vicios a gente afín al partido político actual en el poder.
Ahora bien, ¿qué pasa con la necesidad de la vivienda que tiene la gente pobre de la capital y de todo el estado? Lo que sucede es que ahora, con la nueva ley, se vuelve más difícil para que una familia pobre pueda tener acceso a una casa, a una vivienda, porque serán más los trámites burocráticos, el fraccionador que es FSP (que se le compara con las grandes inmobiliarias) tendrá que invertirle dinero en poner los servicios públicos, pagos de licencias, etcétera, todo ello elevará sin duda el costo total de la vivienda lo que hará más difícil que las figuras como las de FSP puedan ayudar a las familias que viven del diario.
Las posibilidades de que los FSP cumplan los requisitos se reducen muchísimo, está claro que el gobierno actual, aparentando dignificar a los fraccionamientos, busca cómo acabar con toda forma o figura legal de defensa de los sectores más desprotegidos, es querer cancelen los últimos mecanismos que a la gente pobre le queda para acceder a una vivienda.
Por mi parte no veo otra salida para los sin vivienda, más que dar la lucha organizadamente en el Movimiento Antorchista de Nayarit para defender el derecho a tener una vivienda digna. No hay de otra.
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