Al momento de escribir esta colaboración, no dejo de compartir la preocupación de lo que acontece a nivel mundial, el ver que todavía no terminamos de salir de la pandemia, y ahora como se avecina la posible conflagración mundial. Aprovecho para recomendar el excelente análisis de nuestro Secretario General Ing. Aquiles Córdova Morán, titulado ¿Nada aprendimos de dos guerras mundiales? Lo recomiendo por toda esta campaña falsa y de odio que contra Rusia buscan poner como culpable de ser la que agrede a Ucrania, buscando ganar simpatía para los EE.UU., y de esa manera justificar su intervención militar en la zona, bajo la bandera de libertad. Los invito pues a tener una visión mas amplia y no dejarnos llevar amables lectores de la enajenación de la campaña mediática en torno al acontecimiento. Por lo pronto, la lucha organizativa sigue en nuestro quehacer antorchista.
Es necesario recordar que hace poco más de 10 días, comisiones de antorchistas Sudcalifornianos se manifestaron con cadenas humanas tanto en Los Cabos, como en la propia capital La Paz, a consecuencia de la nula atención en las oficinas del Instituto de Vivienda de Baja California (INVI), para exigir a la titular, Fernanda Villarreal, el cumplimiento del acuerdo de entregar terrenos a solicitantes humildes faltos de este en los municipios mencionados. Con pancartas, banderas y sonido, los manifestantes expresaron su descontento, por el hecho de que la funcionaria se niegue a resolver esa demanda social que garantizaría a familias vulnerables contar con un patrimonio. Además de la Titular del INVI, también otro de los funcionarios, el Secretario de Desarrollo Social, dejo plantados a nuestros representados en La Colonia La Pasión. Amén de que queremos que sean atendidas y resueltas en la medida de lo posible, las peticiones entregadas en tiempo y forma al gobierno del estado. A raíz de la intervención del Licenciado, Homero Davis, Secretario de Gobierno, le hemos puesto pause a las manifestaciones, a pesar de que hemos sido atacados por la Lic. Fernanda Villarreal quien, por alguna filia o fobia que nos tiene, utilizo el canal de radio y televisión del Gobierno del estado para declarar, no sabemos si a título personal, que no cederá dice ella “a chantajes y presiones”. Ítem más, de una caterva de “juicios” calumnias sin fundamento. Pero no importa, en Antorcha estamos acostumbrados a las dificultades y peleamos al lado del pueblo, quien también está acostumbrado a librar las peores batallas, así que estamos seguros de vencer en esta, como en otras adversidades. Esa pausa es por que hemos privilegiado las mesas de dialogo y de respeto, pero que de no haber avance sustancial en los compromisos se reanudaran en lo inmediato. De todos modos, es necesario amables lectores realizar las siguientes reflexiones:
Así como son innegables los cambios que ha experimentado la conciencia nacional, en el quehacer político, también es necesarios que quienes ejercen directamente el poder, desde las distintas dependencias, tienen que comenzar, a mi parecer, por cambiar la concepción misma que los funcionarios han tenido hasta hoy del ejercicio del poder. ¿Por qué digo esto? La Constitución General de la República consagra, en su Artículo noveno, el derecho a la reunión y manifestación pública de los ciudadanos para formular una petición o protestar contra un acto de autoridad, con la condición de que no se profieran injurias contra ésta ni se haga uso de violencia o amenazas para intimidarla. De la existencia misma de este derecho, se colige que el constituyente sí aceptó como legítima la presión que los ciudadanos pueden ejercer, a través de su número y de la razón que les asiste, manifestada públicamente, para lograr que una autoridad determinada los escuche y resuelva en su favor, cuando esté de su parte el derecho y la racionalidad. Dicho de otra manera, la Constitución no condena todo tipo de presión, sino solamente aquélla que se ejerce a través de la violencia y la amenaza.
No es ningún secreto, en cambio, que muchos funcionarios públicos tienen y practican una idea distinta de la cuestión. Su concepción autoritaria del ejercicio del poder les hace ver en toda manifestación pública, así sea la más timorata y respetuosa, un verdadero desafío no sólo a su propia autoridad, sino, incluso, a la autoridad completa del gobierno. Para este tipo de funcionarios, recibir una comisión de ciudadanos que encabecen una manifestación, escuchar sus quejas y peticiones, pero, sobre todo, resolver favorablemente sus demandas, es no sólo una humillación que les causa urticaria por varios días, sino una verdadera claudicación "ante las presiones" que pone en riesgo, a su juicio, la estabilidad misma del sistema.
Es precisamente, como todo mundo sabe, de esta concepción autoritaria del ejercicio del poder y de las garantías individuales, de donde ha brotado la frase favorita de funcionarios prepotentes y antidemocráticos, con la que justifican aún sus más absurdas negativas a atender las peticiones ciudadanas: "El gobierno no negocia bajo presiones".
Pues bien, si es verdad que el gobierno, que sus funcionarios, a la luz de los cambios políticos ocurridos en los últimos tiempos, reconoce que es necesario abrir las puertas a una mayor participación ciudadana en la vida política y social del país, que el ciudadano común y corriente, sólo u organizado, no solamente puede, sino aún debe, tomar parte en las decisiones que afectan su vida y la de su comunidad. Si estamos realmente dispuestos a entrar en una era de auténtica y profunda democratización de la vida nacional, en todos sus ámbitos y niveles, es necesario y urgente abandonar la concepción autoritaria del poder. Y resolver junto a los peticionarios las necesidades más apremiantes de los ciudadanos con sus organizaciones de cualquier índole. De no hacerlo no se sorprendan que la lucha tenaz del pueblo organizado seguirá denunciando y desenmascarando y en mayor escala a los que en su momento dijeron que trabajarían para todos, pero que en los hechos no lo están cumpliendo. Un llamado a tiempo. Vale.
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