La pandemia causada por la enfermedad denominada coloquialmente como covid-19 ha puesto de manifiesto los problemas económicos, sociales y medioambientales ya existentes, así como la necesidad de una solución pronta por parte de todos.
América Latina y el Caribe son zonas críticas de la pandemia de covid-19. Por ejemplo, hasta el 3 de octubre de 2020, se habían registrado alrededor de 9,4 millones de enfermos, de los cuales 340, 000 habían fallecido, es decir, el 28% de los afectados. Se observa, además, que la cantidad de muertes y contagios, en lugar de atenuarse, mantiene un crecimiento constante, siendo los problemas preexistentes, las principales de las causas, como lo son la informalidad laboral, la baja productividad, el alto grado de pobreza y marginalidad y la disparidad de género, así como la fragilidad de los servicios de salud y protección social.
En términos económicos, si comparamos el crecimiento del PIB regional, con base en la proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), será del -9.1% para el 2020. La peor caída en la historia, comparable a la crisis que se vivió en 1930, con una caída del 5%. El PIB del 2020 es comparable al PIB del 2010, es decir, que tenemos un retroceso de 10 años. Por otra parte, aquellos países cuya economía depende principalmente del turismo ven fincada su mayor fuente de ingresos, además, de ser lugares vulnerables por los huracanes y el cambio climático.
Si a lo antes mencionado le sumamos el aumento del desempleo, tenemos una proyección que supondrá un aumento de personas en situación de pobreza del 45.4 millones, es decir, el total de personas en la pobreza pasará de 185.5 millones en 2019 a 230.9 millones, que representa al 37.3 % de la población latinoamericana. La CEPAL proyecta que el coeficiente de Gini tendrá un decremento entre 1 % y 8 %.
Como se mencionó, la informalidad también representa un gran problema, sobre todo porque este sector no tiene acceso a la seguridad social. Las mujeres, las jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes y los migrantes componen este sector informal. El 78 % de las mujeres trabajan en los sectores más afectados por la pandemia, lo que las hace más vulnerables al desempleo y por ende, al empleo informal. Además, las medidas de contención, como la cuarentena, el cierre de las escuelas y la cantidad de enfermos, asientan las diferencias de la desigualdad de género. Por ejemplo, si consideramos solo al sector salud, el 78.2 % del personal son mujeres quienes dedican el triple de tiempo que los hombres en el trabajo doméstico, así como al trabajo no remunerado. También, ha incrementado la violencia domestica, obviamente, por la reclusión, recayendo sobre todo entre las mujeres y las niñas. No debemos descartar que la decadencia de la economía doméstica obliga a los niños a entrar al sector laboral, es decir, las familias más pobres son las más afectadas, teniendo ahora un 7.3 % de los niños entre 5 y 17 años que ya laboran.
En 1980 hubo una serie de reformas estructurales que en América Latina y el Caribe, las cuales, después de un tiempo de inestabilidad, permitieron a los países alcanzar un estado de equilibrio y desarrollo económico. Dicha recuperación coincidió con la el establecimiento de regímenes “democráticos” después de largas y cruentas dictaduras militares. A pesar de esa etapa de “estabilidad”, el descontento social existe, cuyas banderas son los malos resultados del modelo de las nuevas “democracias”, lo que se ve reflejado en la desconfianza existe por parte de la ciudadanía hacia las instituciones. Desconfianza que, en lugar de ser disminuida con las acciones tomadas en la pandemia, ha sido incrementada. Por ejemplo, en México, el discurso presidencial empezó con frases como: “la pandemia nos cayó como anillo al dedo”, “salga, abrácense, no pasa” y continuó hasta el punto de iniciar las clases “llueve, truene o relampaguee”, sin considerar que la población estudiantil, principalmente niños, no se han vacunado; sin considerar que en las escuelas no se tienen las medidas sanitarias, los espacios adecuados, ni siquiera, servicios de agua. Según cifras oficiales, la cantidad de muertes en este sector de la población, entre 7 y 20 años, representa el 5.3 %, el cual se verá incrementado por las medidas tomadas por el Gobierno Federal. Este descontento muchas veces se ve reflejada en la desobediencia civil y el gobierno, para hacer valer las medidas sanitarias, en muchas ocasiones recurre a la fuerza pública o al ejército.
En resumen, la crisis sanitaria solo vino a mostrar los problemas que ya conocíamos desde hace muchos ayeres: la inmensa desigualdad entre los ricos y pobres, consecuencia de los modelos económicos existentes, la corrupción política como acuerdo entre empresarios y gobierno para el enriquecimiento personal, la poca o nula inversión pública en los sectores más vulnerables, es decir, la falta de inversión en salud pública, educación pública, desarrollo de infraestructura en zonas marginadas como luz, agua potable, drenaje, caminos, etc.
Todo lo anterior nos lleva a analizar qué ocurre con el estado de derecho, con los derechos humanos. Las medidas que se han tomando por parte de los gobiernos – principalmente por parte del Poder Ejecutivo – las podemos enumerar de la manera siguiente: declaraciones de cierre y reapertura condicionada de las fronteras aéreas, terrestres, marítimas y fluviales; emergencia sanitaria o estado de excepción por catástrofe; restricciones a la circulación de las personas y prohibición de circular (cuarentenas preventivas y obligatorias); toques de queda; restricciones del derecho a la libertad de movimiento, del derecho de reunión o aglomeración y del derecho a la educación mediante la suspensión de las actividades educativas, el dictado de clases virtuales y la reapertura progresiva; distanciamiento físico; teletrabajo, y fronteras o cordones sanitarios internos; como créditos con tasas de interés bajas e incluso nulas para dar liquidez a las empresas, financiamiento dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y asesorías, capacitaciones u otras herramientas destinadas a reactivar la actividad de estas últimas, otorgar subsidios y seguros de desempleo, entre otras medidas.
Con la prolongación de la pandemia, muchas de estas medidas empiezan a considerarse como normales (la nueva normalidad), es decir, que sean medidas de efecto permanente o, por otra parte, sean ocupadas por algunos grupos que buscan beneficiarse a expensas de los demás.
Otra medida alarmante es que muchos derechos fundamentales se han visto mermados, de manera inevitable, como el derecho de circulación, el de manifestación (por ende) y el de reunión o el de la privacidad de las personas. Asimismo, la aprobación de leyes que dan a la policía y al ejercito ciertas facultades, como salir a las calles (en caso del segundo) o usar armas de fuego en legitima defensa. Sobre todo, por la posible reprensión o retroceso que algunos grupos vulnerables han conseguido en materia de derechos a través de las manifestaciones públicas, como la comunidad LGBT o la agencia ambiental.
Los recursos tecnológicos también son alarmantes ya que algunas tecnologías como el reconocimiento facial mediante cámaras, el uso de datos sobre la temperatura corporal, el escaneo de códigos para conocer los espacios frecuentados por cada persona, cuya finalidad es dar seguimiento a los posibles contagios. En fin, el uso de la inteligencia artificial y los macrodatos se continúen ocupando al termino de la contingencia es un tema preocupante, que atenta contra la privacidad de los ciudadanos. El fortalecimiento del autoritarismo para el establecimiento de las medidas sanitarias no es un tema menos alarmante.
Y por último, pero no por eso menos importante, la corrupción, es decir, que bajo la justificación o la emergencia de ciertas medidas que implican un gasto, el dinero empiece a ser utilizado o desviado hacia otro propósito.
En fin, hay demasiados aspectos que preocupan, sobre todo por el antecedente que existe en América Latina y el Caribe. Si analizamos esta segunda parte con un poco más de detenimiento, lo que se plantea como una posible violación al estado de derecho y a los derechos humanos es una situación conocida por la población en general. A pesar de que las “democracias” triunfaron en los 80, poco o nada han cambiado respecto a las antiguas “dictaduras”. La población vulnerable es y será siempre la misma, los problemas se agudizan más y más y la prueba está en que la pandemia mostró la capacidad de reacción de los gobiernos y la ciudadanía frente a la crisis, que es prácticamente nula. En pocas palabras, la situación de vida de la gente es tan precaria e inestable y la pandemia fue la demostración. Sin embargo, para la población menos vulnerable, esta casi pasó desapercibida. Por ejemplo, en materia educativa, mientras en algunos hogares, los niños y jóvenes no podían estudiar por falta de espacio o de dispositivos electrónicos, varios medios hicieron alarde de la implementación de la tecnología por parte del Tecnológico de Monterrey. En materia económica, en el portal electrónico de Forbes, se menciona que los 36 millonarios de la lista de billionaires mexicanos tuvieron un aumento promedio superior al 20% en sus fortunas.
Entonces, ¿qué se requiere para obtener un cambio? Como mencionamos líneas arriba, que el estado de derecho se afiance a través de las instituciones que deberán estar respaldadas por la ciudadanía. Se requiere una participación plena de la ciudadanía que haga valer el estado de derecho y de los derechos humanos. Cierto es que la democracia tiene como base la voluntad popular a través de un representante, pero como hemos visto en México, esta representatividad es casi inexistente y más hoy en día, en donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, intenta concentrar el poder, a las instituciones bajo su mando. El descontento social debe ser encaminado a propuestas no para un grupo en particular, sino para la ciudadanía en general, a través de propuestas claras sobre el tipo de gobierno y gobernantes o actores que requeríamos, que necesitáramos y que bien, pueden y deben salir de la misma actividad ciudadana. Sólo así podrá garantizarse el estado de derecho y la democracia.
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