Es cierto que por primera vez los mexicanos, no todos de eso estoy seguros, participaran en la revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril. Irónicamente en esa fecha se cumplen 103 años del asesinato de Emiliano Zapara, impulsor de luchas sociales y defensor de la propiedad comunal de la tierra, así como de la justicia social, la libertad y la igualdad. La revocación de mandato, no tiene absolutamente nada de ser un ejercicio democrático, más bien es una imposición y mandato de estado para que el presidente recupere la popularidad perdida, como resultado de una errática administración. Aun así, con toda la maquinaria a su favor, será muy difícil que los treinta millones que llevaron a López Obrador a ocupar la silla presidencial, para desgracia de la mayoría de mexicanos, asistan a ratificarlo.
Para empezar, hay una contradicción entre lo que dice la ley de revocación de mandato y la actuación del partido Morena y del propio presidente de la Republica. En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 14 de septiembre de 2021, en el articulo 7, dice: “El proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de las personas ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos de diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores en cada una de ellas.” Pero en la práctica, es el estado el promotor y el financiador de esta revocación. Desde el presidente, hasta diputados, senadores, gobernadores están promocionando este evento e incluso están echando mano de los programas de transferencia monetaria directa, para condicionar a los beneficiarios a que asistan a las casillas para el próximo domingo, con la amenaza de que si quitan a AMLO perderán el apoyo que están recibiendo.
Siempre han existido este tipo de prácticas en las elecciones en épocas pasadas, pero los actores cuidaban las apariencias, eran más discretos en el desvió de recursos públicos, pero ahora, en la época de la 4T, definitivamente perdieron todo tipo de pudor, se quitaron las máscaras. El presidente puso en marcha una operación de estado, disfrazada de un ejercicio ciudadano, porque esta revocación no son los ciudadanos quienes la convocaron, es él, el presidente que no le importa gastar miles de millones de pesos para cumplir un capricho y de paso preparar el terreno, para asestarle un golpe mortal al Instituto Nacional Electoral y quedarse con el control de este organismo independiente. En este juego los gobernadores y gobernadoras de morena tienen luz verde para echar mano del presupuesto y desviar recursos públicos para garantizar que los ciudadanos asistan a depositar el apoyo a AMLO.
Existen elementos sobrados para decir que es una revocación de mandato de estado y no de los ciudadanos. Por ejemplo, Morena se adueñó prácticamente de las 57 mil 517 casillas que se instalarán en todo el país, registra el 110% de las representaciones que le corresponden como partido, sumando todas estas anomalías, no hay duda que este proceso de revocación es un autentica farsa, es una estrategia del presidente para ganar adeptos y recuperar la popularidad perdida en los tres años de su gobierno y por consiguiente es una violación descarada a la ley.
Ojala y el pueblo de México se dé cuenta de esta nueva burla del que es objeto por parte del gobierno morenista, y no asista el próximo domingo, diez de abril, a las casillas y se prepare para que el próximo 2024, para terminar con este gobierno que está destruyendo al país, con un gobierno de ocurrencias y no de soluciones, efectivamente, el pueblo pone y el pueblo quita, pero todo a su momento, solo el pueblo organizado y educado políticamente puede hacer grandes transformaciones, hay que prepáranos para el 2024.
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