Un año después de consumado el gobierno morenista en nuestro país, desapareció el Seguro Popular, quedando en su lugar el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), dando el servicio muy poco tiempo. Por decreto se dispuso, a partir del 31 de agosto de 2022, la creación del IMSS-Bienestar, convirtiéndose en el instrumento que sustituirá al INSABI, cuyo propósito era atender a los mexicanos que carecían de seguridad social laboral y que en su momento lo realizaba el Seguro Popular.
También estipula dicho decreto que los recursos para que funcione la nueva institución será a través del fideicomiso público de administración y pago que, en su caso, se constituya”, esto quiere decir que no se tiene un presupuesto establecido para su funcionamiento.
A principios de mayo de este año, salió un decreto que modifica la Ley General de Salud (LGS), que extingue al INSABI, y precisa cuales son las funciones del IMSS-Bienestar, considerándolo como un Órgano Público Descentralizado (OPD).
En realidad, el hoy desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar nunca funcionó, sólo se limitó a firmar convenios generales con los estados, a invertir en la construcción de hospitales y centros de salud inconclusos, en la compra de equipo y medicamentos, en este último punto precisamente por su ineficiencia se invitó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos a realizar dichas compras, sin obtener mejores resultados. De lo que se trata es transferir a los estados y que ellos acepten la federalización voluntaria de prestación de los servicios médicos.
Lo que se ve claramente es que las propuestas del actual gobierno no están funcionando, no plantea cómo será el financiamiento, pues el IMSS tiene su propio presupuesto, pero en el caso del INSABI no, funcionaba a través del fideicomiso (FONSABI), que llegó a tener 106,000 millones de pesos en 2019. La ley de Ingresos de la Federación de 2023 señala que se tomará ese remanente de ese fondo para el arranque del OPD IMSS-Bienestar, es decir, se tiene que tomar el recurso de un fondo que está destinado para cualquier contingencia en materia de salud, nada más porque así lo determina el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con base en los datos que presenta la investigadora Judith Senyancen Méndez Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el presupuesto programado para salud en este año, es el 2.8 por ciento del PIB, que equivale a 107,552 millones de pesos, comparado con el año pasado (2022), fue de 126,088 millones de pesos (2.9 por ciento), esto significa 18,536 millones de pesos menos; lejos de incrementar se disminuye el porcentaje, que de acuerdo a las recomendaciones internacionales se podría destinar hasta un 6 por ciento del PIB y que ni siquiera a un tres por ciento hemos llegado.
El fracaso del INSABI deja ver claramente que no se tiene interés por parte del gobierno en resolver los problemas de salud que aquejan a la población desamparada de este importante servicio, y que miente a los mexicanos al decir que nuestro sistema de salud es uno de los mejores del mundo; como muestra un botón, en el Estado de Querétaro, donde el periodista Sergio A. Venegas Alarcón, (Diario Plaza de Armas, 15 de junio), manifiesta con toda razón que hoy tenemos un viejo hospital cerrado y sin futuro.
Si bien es cierto que se construyó un nuevo hospital de especialidades y que fue inaugurado en febrero de 2021, eso no quiere decir que no pueda funcionar el que está, solo es cuestión de rehabilitar y puede dar otro tipo de servicios alternativos, la población queretana es de dos millones 368 mil 467 habitantes, y los capitalinos más de un millón, claro que se necesita, pero el problema es de índole económica. Ante esta situación, el gobernador Mauricio Kuri González decidió entregarlo al IMSS para la ampliación de su clínica desde 2022, pero no se concretó el plan por el incumplimiento de la institución encabezada por Zoé Robledo, ahora aspirante al gobierno de Chiapas, no presentó el proyecto para su utilización. Han sido pretendidas por la facultad de Medicina de la UAQ, lo mismo que por los dueños del Centro Comercial Plaza Galerías, se rumorea la posibilidad de venderlo, pero al ser una donación con un fin específico de salud no es posible.
Por las restricciones económicas derivadas de los recortes federales, por la carencia de recursos estatales y municipales, ningún gobierno le entra al toro por los cuernos, le dan la vuelta, porque implica inversión de recursos en favor de del pueblo, hay quienes no se pueden curar de enfermedades sencillas, porque están mal alimentados, pero tuvieran atención médica y se les brindaran medicamentos y vitaminas se salvarían; que podríamos decir de aquellos que su enfermedad es complicada y requiere operaciones o tratamientos largos y costosos, van derechito al cementerio.
Deberían darse una vuelta al Hospital General de Ignacio Zaragoza, al Seguro Social, al ISSSTE, a los centros de salud, donde la gente ya ni asiste por la falta de médicos que atiendan y si antes fallaba la entrega de medicamentos hoy estamos peor. A últimas fechas se dio a conocer un dato aterrador, en lo que va del sexenio el Seguro Social ha dejado de surtir 45 millones de recetas, una y otra vez con la receta en la mano sin contar el medicamento que necesita, esto es el colmo. El pueblo debe despertar y hacer valer sus derechos a la salud.
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