Es lamentable, penosa y triste la realidad de los mexicanos que no cuentan con un trabajo decente, pues éste no es, según su definición, “un empleo productivo que genere ingresos justos, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas y la igualdad de oportunidades, y trato para todos, mujeres y hombres”.
Ante esto, los potentados y millonarios empresarios y los beneficiados con algún cargo en el sistema de gobierno de los tres órdenes quedan excluidos.
¿Una utopía? Para muchos sí, en especial para quienes el sistema de gobierno no les ha podido prodigar siquiera los elementos suficientes garantizados en la constitución, a fin de tener un nivel de vida digno, y ello ocurre porque no se reparte la riqueza de manera justa, y por consiguiente, si no pueden con eso, mucho menos prodigar a más de 35 millones de personas con un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.
Quizá para los mexicanos, según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente o digno es un concepto que va más allá de la moralidad de la actividad, se trata de una ocupación con condiciones laborales adecuadas, que respeta los derechos fundamentales y permite el desarrollo personal, son irreales, o más bien dicho, un sueño guajiro que muy pocos pueden hacer realidad.
También es verdad que esas expectativas son condicionadas por las circunstancias económicas que priva y enfrenta México, desde hace ya varios años, dificultades que frenan el desarrollo que anhela su población y una de esas aspiraciones es tener un trabajo, el que sea, que esté bien pagado, que no denigre y que permita mejores estadios de vida.
Pero la triste realidad es que, en nuestro país, se estima que más del 60 por ciento de la fuerza laboral no conoce este concepto porque carece al menos de uno de estos pilares, o en su caso todos.
Cuántas veces hemos escuchado a múltiples personajes de la vida social, política y económica de México y de nuestras entidades, externar que es vital, urgente, inaplazable, e impostergable, la generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo en condiciones de verdadera libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.
Esos planteamientos u ofrecimientos lo han dicho y ofrecido políticos de todas las esferas del poder; desde diputados, alcaldes, senadores, gobernadores y hasta presidentes, pero corto ha quedado el intento de lograr otorgar empleo, ya no digamos digno y bien remunerado, a los ciudadanos.
La realidad que vivimos, que vemos todos los días en las calles de nuestras ciudades, es muy diferente a lo que dicen que pueden darnos, incluidos los potentados empresarios, que ahora analizan la posibilidad de acortar la jornada laboral, y sin duda con ello, el pago de los salarios, porque la pobreza permea por donde se quiera mirar.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en nuestro país, al menos 34.9 millones de personas ocupadas no cuentan con acceso a una institución de salud, es decir, 6 de cada 10 trabajadores están en esta condición.
Pero también es real que el gran porcentaje de empleados carecen de vacaciones pagadas, de un aguinaldo y a una legal jornada laboral y remuneración económica, puesto que los empleadores prefieren sacrificar a los obreros y evadir con ellos sus obligaciones fiscales.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) contabiliza a 13.3 millones de asalariados que no tienen acceso a prestaciones de ley; este grupo representa al 34 por ciento de las personas que trabajan en esta condición.
“En México, los derechos laborales se violan y eso explica la cantidad de personas en pobreza y la permanencia de esa condición. La causa de esta situación es la falta de mecanismos de defensa porque 18 millones 640 mil personas, más de la mitad de los trabajadores asalariados, carecen de contratos estables (52 por ciento) y la inmensa mayoría 31 millones 230 mil personas, carecen de organización sindical para la negociación y defensa colectiva de sus derechos (87 por ciento)”, indica la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
El 27 por ciento de la población ocupada tiene una jornada laboral por semana superior a las 48 horas, más del límite legal establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para muchos, la ausencia de empleos decentes es parte de un círculo vicioso en el que no sólo se ve afectada la calidad de vida de las personas, también la productividad de las empresas.
Es de suma importancia, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconozca que el trabajo decente en nuestro país “enfrenta desafíos enormes y retos de gran calado” para que la mayoría de la fuerza laboral cuente con ello. Esto se debe en buena medida al “déficit de justicia social y laboral que las políticas públicas desarrolladas en las últimas décadas han generado”, señala la dependencia.
Por ello, se contempla que para el 2023, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), asigne 629.3 millones de pesos a la STPS para fomento del trabajo decente.
Ante ese panorama, nos queda claro a dónde será canalizado el presupuesto federal del próximo año, que el gobierno de la república invertirá en sus obras y programas electoreros, que ni un solo peso partido por la mitad será usado para contrarrestar la pobreza y desigualdad social, por el contrario, ese dinero estará etiquetado para engordar más los bolsillos de los grandes empresarios, los amigos de la 4T, mientras que a los pobres los seguirán maiceando con la promesa de que aspiren a mejores niveles de vida.
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