La prensa informa que a los gobiernos estatales llegó un oficio que les notificaba que las participaciones previstas por concepto del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) de gasolinas y diésel en el mes de mayo será de cero pesos (https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/05/18/austeridad-en-hacienda-estados-se-quedaran-sin-varo-de-ieps-por-gasolinas/). Las participaciones son recursos que el gobierno federal entrega a los estatales como resultado de la recaudación de impuestos o cobro de derechos. Este es el resultado de la política del gobierno para contener el precio de los combustibles.
Durante la campaña y, en cada oportunidad que se presta en sus conferencias mañaneras, López Obrador promete y presume que no habrá ni ha habido nuevos gasolinazos. Que los precios de las gasolinas se han mantenido en el mismo nivel desde que entró a gobernar. Sin embargo, esta promesa se ha vuelto cada vez más costosa de cumplir para el erario público y seguirá haciéndose más difícil porque la coyuntura mundial -marcada por la guerra económica de Estados Unidos en contra de China y Rusia, la escalada militar en Ucrania y el ambiente inflacionario mundial- ha espoleado el precio de los bienes, especialmente el de los energéticos -el barril del petróleo aumentó 70% entre abril de 2021 y abril de 2022. Pues bien, para cumplir la palabra dada, el gobierno mexicano implementó, desde febrero de 2022, el “estímulo fiscal al IEPS de gasolina” al 100% además de un estímulo complementario que va renovando mes a mes; en el mes de abril, cada litro consumido de gasolina magna estuvo subsidiado con 2.26 pesos; de gasolina Premium, con 1.60; y de diésel, con 5.91 pesos. Un subsidio que se hace a costa, ahora se confirma de las participaciones de los estados.
A pregunta expresa de los periodistas sobre el costo de este subsidio, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, respondió que no lo sabía, pero que podía compensarse con los ingresos petroleros extraordinarios, “va a costar, pero estamos cubiertos” dijo en la rueda de prensa de la XXX Reunión de Directores de Citibanamex (https://tendenciashoy.com.mx/contener-precios-de-gasolinas-va-a-costar-pero-tenemos-recursos-hacienda-tendencias-de-economia/). Sin embargo, según cálculos recientes de Karina Ramírez funcionaria de la Secretaría de Hacienda, se recaudará, por concepto de IEPS de gasolinas, solo 11% de lo programado y 16% de lo recaudados en 2021 (https://www.eleconomista.com.mx/economia/IEPS-a-gasolinas-dejaria-al-erario-30777-mdp-este-ano-20220505-0129.html). Es decir que lo que por un lado el gobierno da (en este caso a los consumidores de gasolinas y diésel), por el otro, lo quita (directamente a los gobiernos estatales, pero en última medida, a los beneficiarios del gasto de los estados).
Muy seguramente esta política tendrá sus defensores, particularmente entre las filas de los neoliberales que esgrimen que la intervención del estado tergiversa las decisiones de gasto de los individuos y genera asignaciones menos eficientes de recursos. Sin embargo, hay que decir que este cambio no implica una suma cero a nivel social. Este juego de manos entre subsidios y participaciones, implica una redistribución del ingreso entre los distintos sectores de la población; es decir, que da más de lo que quita a unos grupos, y ocurre lo contrario con otros. Todo ello pasa en un entorno de enorme y creciente desigualdad de ingresos, en el que a todas luces urgen políticas de combate a la desigualdad y atención a la pobreza. Hay que acercar la lupa a las políticas que tienen un impacto directo en la desigualdad, esto es, a las que se refieren a subsidios e impuestos.
El IEPS de gasolinas y diésel es un impuesto indirecto que grava el consumo de productos que traen costos sociales que no están completamente capturados en el precio. Paga más el que consume más. No es exactamente un impuesto pensado para combatir la desigualdad. Sin embargo, es bien sabido que quien consume más energéticos, hablando del IEPS de gasolinas y diésel, son los estratos con mayores ingresos. Así que la exención de impuestos y el subsidio al consumo traslada riqueza social al bolsillo sólo de los consumidores de estos productos, que son, mayoritariamente, población de estratos de ingresos medios y altos. Esta medida, en cambio, implica recortar recursos para que los estados puedan afrontar los gastos de los servicios públicos que les toca atender a los estados y a los municipios. Es decir, los gastos en educación y obra pública, esto es, infraestructura y mantenimiento de la red de agua potable, drenaje, calles, recolección de basura. Todos estos servicios son particularmente escasos en las zonas marginadas, donde vive la población más empobrecida del país.
Esto también se puede observar en la composición de ingresos a nivel estatal. Mientras que las participaciones federales le aportan a la Ciudad de México menos del 20% de su ingreso, a los estados más pobres como Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Chiapas y Durango, las aportaciones federales representan más de 65% de sus ingresos.
En suma, esta política da los ricos, y quita a los pobres la parte de la riqueza que, de acuerdo con la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos Federal de 2022 le correspondía. Y a todo esto, vale preguntar si entre las promesas del presidente las hay de primera y de segunda; pues, para cumplir su promesa de “no más gasolinazos”, ha dejado de lado la de “primero los pobres”.
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