Desde fines de mayo del 2021, ya se anunciaba la llegada de una tercera ola de afectaciones de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 que produce la covid-19, incrementada en su magnitud debido a la aparición de la variante Delta, que se caracteriza por tener mayor propagación. En este sentido, en el mes de julio ya se había detectado la fuerte afectación de esta tercera ola en 14 estados de la república mexicana, según anunciaron diversos medios informativos.
Ante este panorama, la fuerza con la que cada familia recibe este golpe depende de los recursos económicos y materiales con los que cuenta para enfrentar la pandemia. Al respecto, hay que considerar que la mayoría de los trabajadores mexicanos carecen de condiciones suficientes para enfrentar la tercera ola de covid-19 y para aspirar a mejorar su nivel de vida.
A nivel nacional, al 20 de julio de los corrientes, se tenía registrado que el 93% de los casos activos se concentraban en 14 estados, siendo en la Ciudad de México la más alta con 29 mil 495 casos, seguida del Estado de México con ocho mil 451 casos; mientras que estados como Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Veracruz, se registraron más de tres mil casos activos; y por otro lado, entre mil y tres mil casos activos se encontraban Quintana Roo Tabasco, Guerrero, Baja California Sur, Sonora, Yucatán, Tamaulipas, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Hidalgo y SLP.
Sin embargo, aunque las cifras puedan variar cada día que pasa, no debemos olvidar que cada caso activo ya sea hombre o mujer, o sea niño, joven o adulto, necesita de condiciones adecuadas para superar la enfermedad y no convertirse en otra víctima mortal del virus. Por eso, debe contar con servicios de salud públicos, que le permitan acceso a atención médica gratuita y de calidad: consultas, medicamentos, estudios, cuarto de hospitalización y respirador en caso necesario.
Al respecto, el Informe del Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 (Coneval), sostiene que, según datos registrados en 2018, el 57.3% de la población presentaba carencia por acceso a este derecho social. En algunos estados, como Quintana Roo la cifra de población sin acceso a seguridad social, se dispara hasta el 88%; siendo en los municipios de Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, donde la mayoría de su población no goza de la garantía del derecho a la salud, lo cual trae como consecuencia un incremento de la cantidad de víctimas mortales a causa de covid-19, siendo que al 21 de julio ya se habían se acumularon más de 3 mil casos en todo el estado.
Otra característica, que deben garantizar las familias para enfrentar esta situación es contar con ingresos económicos suficientes, ya que en caso de que un integrante se enferme gravemente por coronavirus y no tengan acceso al servicio de seguridad social, el cual debiera ser gratuito para todos los ciudadanos mexicanos, deberán pagar el servicio privado para atender su salud.
De esta forma, cabe resaltar que los ingresos de una persona o familia están ligados directamente a su actividad laboral y dependen de si cuenta o no con un trabajo permanente u ocasional; según el Inegi a mayo de 2021, el número de desempleados en México es de 2.3 millones de personas, al respecto, es obvio concluir que si uno de esos desempleados o alguno de sus familiares se contagia de covid-19, no tendrá ni siquiera un peso para adquirir una caja de paracetamol ni mucho menos pagar por un día de hospitalización cuyo costo, en una unidad de primer nivel es de 9 mil 272 pesos, de acuerdo al tabulador de precios dado a conocer por el director de Finanzas del Seguro Social para 2021, para población no derechohabiente.
Por otra parte, tener empleo y un salario semanal, quincenal o mensual, no exenta a un trabajador o a su familia de una situación igual de dramática, porque en caso de contagio es muy difícil que sus ingresos mensuales les alcancen para cubrir los gastos de atención médica, toda vez que según el Coneval, si una familia de cuatro integrantes tiene ingresos mensuales inferiores a 11 mil 290 pesos, esos recursos económicos serán insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, educación, vivienda y salud.
Por tal motivo, si consideramos que el salario mínimo es de 2 mil 400 pesos al mes y ocurriese la tragedia de que algún familiar padeciera covid-19, estos enfrentarán un calvario para solventar los gastos extraordinarios no absorbidos por los servicios públicos de salud, en primer lugar, de estudios especializados, en segundo, por compra de medicamentos, debido al permanente desabasto; derivado de lo último la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ha documentado en fechas recientes 74 quejas en contra de hospitales estatales y 69 contra el IMSS y el ISSSTE por falta de medicamentos y negación de atención a pacientes.
En este contexto es evidente a todas luces que para un trabajador con ingreso laboral insuficiente la atención médica en hospitales privados es prácticamente imposible, ya que los precios son considerablemente altos. Por ejemplo, un paciente atendido por covid-19, en uno de los hospitales más prestigiados del país, conocido como ABC, debió pagar alrededor de 80 mil pesos por día de hospitalización, además del pago de honorarios de los médicos especialistas, asimismo, el periódico El Financiero, informó en julio de 2020 que, por 14 días en observación a distancia, 18 en terapia intensiva y 17 en piso superó el pago de 4 millones 300 mil pesos, de tal forma que atenderse en un hospital privado costaría ¡20 años o más de su sueldo!
En Quintana Roo, también se documentan casos parecidos. El diario Por Esto, el 20 de julio pasado, hace eco del lamentar de un campesino quien dice “los enfermos procedentes de las comunidades mayas, prácticamente están condenados a morirse por los altos costos de servicios en el Hospital General de “Felipe Carrillo Puerto”, en este caso su padre enfermo de covid-19 y al darlo de alta, su cuenta ascendía a 229 mil pesos, cantidad por debajo de sus ingresos ya que se dedica a vender artesanías de bejuco, pero la baja de la actividad turística en el estado, prácticamente lo dejo sin trabajo.
Conforme lo anterior, es contundente la evidencia de que los trabajadores no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad social y de ingresos suficientes, para enfrentar la tercera ola de la pandemia que nos afecta a todos, ni para asegurar el bienestar mínimo a que tienen derecho ellos y su familia.
Por tal motivo, es tiempo de que el pueblo trabajador tome conciencia de esta realidad, que los trabajadores son los creadores de la riqueza social, y por tanto merecen disfrutar de buena alimentación, suficiente y nutritiva, de educación de calidad a todos los niveles para ellos y para sus hijos, de servicios de salud pública capaces de atender desde una enfermedad sencilla hasta una contingencia sanitaria como la que se vive hoy día, de contar con una vivienda con espacio adecuado, limpia, segura, con todos los servicios, donde su familia este tranquila y contenta; pero para alcanzar un nivel de vida así, es condición indispensable la unidad de la clase trabajadora, capaz de desarrollar una fuerza organizada suficiente para exigir y alcanzar su derecho a gobernar, su derecho ejecutar un proyecto de nación superior a la llamada 4T. Ni más, ni menos.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario