Es costumbre ya del gobierno actual, del presidente Andrés Manuel López Obrador, para decirlo con más precisión, que cuando una brillante idea atraviesa su mente, la razón y la lógica o las protestas empiezan a ser inexistentes.
Ya fuimos testigos de la supresión del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), importando, para él, poco o nada las implicaciones sociales de 3.6 millones de niños mexicanos en situación de vulnerabilidad, importando poco los millones de voces que se alzaron en señal de protesta exigiendo la reintegración de dicho programa.
Lo mismo ha ocurrido con el proyecto del Tren Maya, sobre el que múltiples especialistas hablaron del negativo impacto ecológico que tendría semejante obra, tampoco faltaron las protestas y así, un sinfín de caprichos más del presidente. Y en todo esto, la rama de las energías no podía pasar desapercibida.
En el sexenio anterior, durante el gobierno de EPN, la Reforma Energética impulsada en 2013 buscaba, entre otras cosas, descentralizar el control estatal en materia energética, permitiendo que la industria privada incursionara en ese sector. Dicha reforma alcanzó una votación mayoritaria, con una aceptación de al menos tres cuartas partes en el Congreso de la Unión, atribuyéndole de esta manera un carácter constitucional, es decir, que pasara a formar parte de la Constitución Política de nuestro país.
Hoy en día se discute, a raíz de una propuesta de Morena, la ley Bartlett (aprobada en el 2021), que busca, a diferencia de la Reforma Energética de 2013, centralizar, primero, la energía eléctrica en manos del gobierno.
Es propio preguntarnos el porqué, ya que nuestro presidente no da paso sin huarache. La discusión gira en torno a que esta ley, según los argumentos de la oposición, es anticonstitucional y por eso ha trascendido hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde la discusión continúa.
De aquí, López Obrador se proclama ganador, queriendo pasar, nuevamente, por encima de la ley, la razón, la lógica. Centralizar las empresas, al menos en el México contemporáneo, es sinónimo de crear un grupo de funcionarios o burócratas que mal administren en pos de sus intereses, que lleven a la quiebra una empresa que es de todos los mexicanos para beneficiarse ellos, y, por los altos costos de producción cuesten más a los ciudadanos en todos los sentidos, en el erario y en el bolsillo de los mexicanos. Por otra parte, se desincentiva la inversión privada que, si algo ha demostrado, es ser más eficiente en la mayoría de los casos.
La ley Bartlett es el primer paso para centralizar las energías en manos del gobierno, centralizar el poder en manos del presidente, que ha sido la visión del éste desde sus inicios. Ser él quien administre y reparta los bienes y recursos de la nación. Es una estrategia para perpetuarse en el poder.
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