Tulum, Quintana Roo.- Ante la carencia e incertidumbre de un trabajo que garantice el acceso a los mecanismos crediticios para adquirir una vivienda, los asentamientos irregulares se han convertido en la opción única de miles de familias pobres, que como es el caso de Quintana Roo, van en aumento; es el camino para poder hacerse de un patrimonio para tener un lugar donde vivir, aunque ello signifique padecer la ausencia de obras y servicios públicos básicos y de enfrentar la marginación social”, aseguró David Sánchez Reyes, dirigente antorchista en Tulum.
El Movimiento Antorchista –dijo--, ha encauzado la adquisición de terrenos, en compra-venta, para dotar a sus afiliados, carentes de una vivienda, de lotes donde pueden empezar a construir sus sueños de tener un hogar y legar un patrimonio a sus descendientes.
“Nuestras familias necesitan de un lugar para vivir y aunque hay varias opciones para hacerse de una vivienda es imposible acceder a ellas; primero, porque los mecanismos crediticios obligadamente piden tener un trabajo formal, depender de una empresa y como están y seguirán las cosas muy difícilmente pueden ser beneficiarios, por ejemplo, de un crédito de Gobierno, del Infonavit”, expuso.
“Invadir un predio es un delito grave y no es opción, por lo cual el Movimiento Antorchista siempre ha privilegiado la negociación, el diálogo para la compra de los terrenos donde ha creado sus colonias, tal es el caso de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, donde desafortunadamente las acciones de bienestar social llegan a cuenta gota”, expresó.
En muchas ocasiones –dijo—, hemos solicitado el apoyo de las autoridades para hacer frente a las carencias, a la ausencia de servicios públicos, pero en la mayoría de los casos se nos ignora, argumentando varias cosas, las más frecuentes, la falta de presupuesto y que no son colonias municipalizadas o regularizadas. Debido a lo anterior, hemos planteado, en reiteradas ocasiones a los diferentes alcaldes de Tulum, Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres (mínimo de tres administraciones) y a SEDETUS, que se implementen programas de regularización donde las familias han tenido que comprar sus lotes, sin cumplir con toda la excesiva normatividad, que lo único que logra es incrementar las operaciones de compra venta de manera irregular, ante la creciente necesidad de contar con “un pedacito de patria” para construir un hogar.
Por ello realizó un llamado a las tres órdenes de gobierno para que emprendan acciones concretas, que ahora sí se cumplan las promesas que en cada campaña se han realizado, en el sentido de realizar un amplio programa de regularización de la inmensa mayoría de los más de 400 asentamientos humanos irregulares que existen en la zona norte del estado, para darle certeza jurídica a más de 700,000 personas que viven en estas zonas, y así poder empezar a abatir, en serio, el rezago social, la marginación y la pobreza que prevale en la mayoría de los municipios de la entidad donde las familias han logrado construir, con grandes esfuerzos, sus viviendas.
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