Ha transcurrido casi un cuarto del sexenio del actual gobierno de Colima, y, por lo que se ve, las cosas no han mejorado aún, esencialmente, tal como nos prometieron, cosa que, estoy seguro, lamentamos mucho todos. De la falta de seguridad, de empleo remunerador, de salud suficiente, y, por tanto, falta de bienestar en general, ya nos hemos referido en otras ocasiones.
Hoy, a manera de sincero reconocimiento público a mis compañeros del municipio de Tecomán, quiero hablar de un tema esencial para ellos, y que es casi totalmente ignorado por los principales personajes políticos y los gobiernos de todos los colores; me refiero, a la falta de vivienda popular.
Sé que no es este un tema nada nuevo en el país y en la entidad, pero, después de más de cinco años de un Gobierno federal que prometió que velaría por los más pobres, y el tiempo que llevamos en Colima de un gobierno con las mismas promesas, las cosas en esta materia siguen igualmente en el abandono.
Primeramente, quiero repetir lo que yo ya dije en un trabajo similar a este; es decir, que no es lo mismo hablar de vivienda popular, que referirse a la vivienda de interés social. Saber esto es importante, porque casi todos los gobiernos pasados y presentes, abusan de este desconocimiento para rehuir la responsabilidad constitucional que tienen, conforme al artículo 4, de facilitar a sus gobernados vivienda digna y decorosa.
Se sabe que una casa de interés social o vivienda incluyente, como también se le conoce, es aquel inmueble que se promueve para simular que se provee de una vivienda digna a un individuo o familia de escasos recursos. Pero el precio de venta de estas viviendas oscila entre los 230,000 y los 750,000 pesos, sin importar si se trata de una casa o de un departamento. Su valor de venta, sin embargo, responde más a la ubicación del conjunto habitacional y a los acabados finales con que están construidas.
Aunque, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), integrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Viviendas (SNIIV), comprar una casa de interés social tiene un costo máximo de 924 mil 402 pesos en el mercado de bienes raíces. Y en cuanto a su tamaño, de acuerdo con el manual explicativo del programa “Vida integral del Infonavit”, las viviendas de interés social, pueden llegar a ser como mínimo, de 38 metros cuadrados, en lotes promedio de 75 metros cuadrados, incluyendo áreas de vivienda y un patio.
Por otro lado, tenemos la vivienda popular, también conocida como vivienda autoproducida. Según la Ley de Vivienda, artículo 4-I”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006, este tipo de vivienda, a diferencia de la modalidad ya comentada, “es aquella en la que el proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda está bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción”. (CGUM, 2006).
Según especialistas en el tema, la vivienda progresiva, desde el punto de vista popular, “es donde se plantean las etapas de crecimiento en función de los recursos de sus propietarios, de las necesidades propias del proceso de vida humana y sus cambios en el tiempo, como un factor determinante y constante”.
He aquí la diferencia tangible entre ambos tipos de vivienda. Y en Colima, que es el caso que hoy puedo dar como ejemplo, no ha existido, por lo menos en los últimos 15 años, salvo los intentos que el Movimiento Antorchista ha impulsado en varios municipios, un solo proyecto oficial de vivienda verdaderamente popular.
Aquí es donde entra la hazaña que están forjando un grupo de familias humildes del municipio de Tecomán, que han tenido a bien organizarse para reclamar su derecho a las autoridades correspondientes, en el cumplimiento a la Constitución en cuanto a materia de vivienda.
Con fecha 31 de marzo de 2021, las familias que refiero, solicitaron al entonces Gobierno del estado, a través del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda (Insuvi), por ser de su propiedad, la compra de la parcela 1789 de cinco hectáreas, ubicada en el municipio de Tecomán, para beneficio de 200 familias carentes de vivienda, con la intención de edificar allí una colonia popular.
El 18 de mayo de ese mismo año, por instrucciones del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el Insuvi les contestó mediante el oficio DG-218/2021, informando el acuerdo de venderles la parcela mencionada, agregando además lo siguiente: “Por medio del presente, se les hace entrega del anteproyecto de la parcela 1789, ubicada en el municipio de Tecomán, Colima. Se anexan planos de la Integración Urbana, Lotificación, Zonificación y Estructura Vial, así como la Presentación de la Propuesta [de modificación del PDU]”.
Es decir, hasta aquí, todo hacía parecer que la vivienda popular que pretendían las 200 familias de Tecomán era toda una realidad. Se les entregó, incluso, una corrida financiera por lote, señalando el costo total del predio: 11 millones 600 mil pesos. Se esperaba pues, sólo la fecha para la firma de los contratos.
Pero vino luego el proceso electoral para renovar la gubernatura del estado, y, como ya sabemos, la candidata que impulsaba el gobernador perdió la elección. Supimos entonces, que, buscando subsanar los millonarios adeudos que se dice dejó el gobierno de Peralta Sánchez, entregó la parcela 1789 de INSUVI, al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol), como abono a su adeudo con los trabajadores. Todo un atropello para las familias de Tecomán.
Luego de esto, el 1 de diciembre de 2021, las 200 familias dirigieron oficio al director del Ipecol para informarle de la situación que vivían, y solicitarle en venta para su proyecto, de la parcela que ya hemos mencionado. El director contestó verbalmente que no tenía inconveniente en la venta del predio, previa consulta con el Consejo de Gobierno del Instituto. Pero luego renunció. Los solicitantes entonces ratificaron su petición el día 2 de agosto de 2022 al nuevo director, quien a su vez, ratificó la intención de venderles la parcela, previa actualización del avalúo del predio mencionado. Y así los trajo dando vueltas a la capital por siete meses.
Finalmente, el día 15 de marzo de 2023, luego de una larga y tortuosa espera, el director de Ipecol informó finalmente a los solicitantes de la supuesta actualización del avalúo, y ratificó la promesa de venta: la parcela cuesta ahora 14 millones 847 mil pesos. ¿Por qué el aumento?; no lo sabemos. Pero, aun así, los solicitantes no renunciaron a su empresa. Le hicieron saber a Ipecol y a la gobernadora Indira Vizcaino, su propuesta de pago del predio: en parcialidades en un plazo de 36 meses, con el Insuvi como intermediario. Y desde entonces no hay respuesta.
¿Va a intervenir la gobernadora a favor de las humildes familias solicitantes de vivienda? Aquí sólo hay dos salidas: o la gobernadora no interviene, y con eso violaría la Constitución; o sí interviene, y con eso demostraría, además, que, bajo su gobierno, sí son primero los pobres. Ya veremos.
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