Parece que el derecho a la libre expresión y acceso a la información para cualquier ciudadano ha sido condicionado, pues el crimen contra los periodistas en lo que va de este sexenio va en aumento.
La situación alarmante de los ataques y restricciones a la prensa que enfrentan los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es cada vez más preocupante.
De acuerdo con el informe de la Unesco, América Latina y el Caribe es la región con más ataques contra los periodistas. Desde 1993, mas de mil 600 periodistas fueron asesinados por cumplir con su labor de informar al público; en nueve de cada diez casos los asesinos salen impunes y en lo que va de 2023 cada trece horas se da el asesinato de un periodista.
En México han sido asesinados siete reporteros y 41 periodistas han perdido la vida por ejercer su profesión en lo que va del sexenio de López Obrador.
Si bien los asesinatos son la forma más extrema de censurar a los medios de comunicación, estos también están expuestos a secuestros, torturas e incluso hostigamiento digital. La violencia contra los periodistas crea un clima de miedo a los profesionales de los medios de comunicación, pues temen a la libre información, opinión e ideas entre los ciudadanos.
En México han sido asesinados siete reporteros y 41 periodistas han perdido la vida por ejercer su profesión en lo que va del sexenio de López Obrador.
Por otro lado, los sistemas judiciales han dejado impune a los autores de la violencia contra los periodistas; incluso no sustentan bien la investigación para dar una respuesta a la sociedad. Además, se hace hincapié en el aumento de la violencia cuando algún periodista saca a la luz información verídica de una mala administración en política, pues es ahí donde están más expuestos.
Mi pregunta es: ¿realmente el Estado respeta la libre expresión?, ¿vela por la seguridad de la prensa que lo único que hace es cumplir con su trabajo? Los datos no mienten, y más bien se quiere dar visibilidad al papel de una prensa segura y libre, cuando en realidad lo único que tratan es proteger la integridad de las elecciones que se avecinan y del sistema “democrático”. Esto reafirma que toman las medidas necesarias para impedir que salga a la luz todo tipo de información que eche de cabeza las postulaciones.
Por eso, el Gobierno federal hace caso omiso a la ola de inseguridad, pobreza y desigualdad que se vive en el país, pues es evidente que no está dispuesto a “estropear” el proceso electoral.
Es necesario que el Estado tome medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas; garantizar que se haga una investigación minuciosa; que los responsables sean llevados ante la justicia y reparen los daños.
Sin embargo, esto no será posible con un Gobierno como el de la 4T, que fecunda un país en las peores tragedias como un suceso demagógico y electorero, en vez de que sea una sociedad justa y por lo tanto, pacifica. Buscar una sociedad así es una tarea urgente para los mexicanos, pero es necesario que protestemos, el descontento social; exijamos respuestas claras y terminar con la sucia política.
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