A pesar de que el artículo cuarto constitucional establece el derecho de toda familia para disfrutar de vivienda digna y decorosa, la realidad es muy diferente. Según la organización Hábitat para la Humanidad México, en el país 14 millones de familias no tienen medios para comprar o construir una vivienda, situación que empeoró en las últimas décadas por la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos. Son alrededor de 8.2 millones las viviendas requeridas en nuestro país (Inegi), una demanda muy alta.
En México, las políticas públicas de los diferentes gobiernos, fueron modificando el sistema institucional construido para atender el problema de la vivienda. Desde 1990 se delegó la promoción de vivienda social al sector privado, quedando el papel institucional sólo como simples financiadores de créditos hipotecarios para los demandantes. Los organismos nacionales de viviendas (ONAVIS) a eso redujeron su papel; siendo los más famosos el Infonavit y el Fovissste.
La vivienda, como casi todo lo existente en el sistema capitalista, es una mercancía. Se calculan más de 1,200 empresas inmobiliarias en el país encargadas de ofrecerlas. De 2015 a 2021 el precio de la vivienda se incrementó en 42 por ciento, mientras que el salario de los trabajadores disminuyó en términos reales en 21 por ciento. Así, la vivienda ha dejado de ser un derecho constitucional, para convertirse en mercancía que favorece a la jugosa acumulación de capital de los empresarios mexicanos y extranjeros.
El gran pensador alemán, Federico Engels analizó el problema de la vivienda en el sistema capitalista; lo realizó en su estudio que tituló “Contribución al Problema de la Vivienda”, escrito para el Volksstaat (1872), órgano central de prensa del Partido Obrero Socialdemócrata de Alemania. Ese país, como México, apareció tarde en el mercado mundial, pero su industria se desarrolló antes que nosotros, por lo que la afluencia de la población rural a las zonas urbanas, también generó penuria de la vivienda en las ciudades.
Engels planteó que “el crecimiento de las grandes ciudades modernas da a los terrenos, sobre todo en lugares centrales, un valor artificial, a veces desmesuradamente elevado”. Y que “La penuria de la vivienda para los obreros y para parte de la pequeña burguesía de nuestras grandes ciudades modernas no es más que uno de los innumerables males menores y secundarios originados por el actual modo de producción capitalista”. Esto explica el acaparamiento de los terrenos céntricos en las ciudades por los capitalistas para establecer sus jugosos negocios; mientras que los trabajadores solo pueden hallar espacio y a precios accesibles en los barrios, vecindades y periferia, que frecuentemente carecen de servicios básicos. Engels también expone que no debemos ver la carencia de vivienda como un asunto aislado de los problemas sociales en el capitalismo, sino como un resultado propio de este modelo económico rapaz, desigual e injusto.
En México, la burguesía tomó el poder a partir de la Revolución Mexicana de 1910; para ese año solo había 15.2 millones de mexicanos, en su mayoría población rural. Con el avance del capitalismo, la población se ha concentrado en las ciudades. Para 1950, el 43 por ciento de la población vivía en localidades urbanas; en 1990 el 71 por ciento, y en 2020 el 79 por ciento, de los 126 millones de mexicanos censados por el Inegi. Esto ha acelerado la demanda de vivienda en las urbes. Pero las políticas públicas de los gobernantes en turno no respetan el derecho a la vivienda plasmado en la carta magna, y, al contrario, favorecen más a las inmobiliarias.
En nuestro país no solo existe penuria de vivienda, sino que millones de familias con casas, no tienen certeza jurídica de sus predios. Sus lotes no están regularizados, carecen de escrituras, lo que usan de pretexto las autoridades de la 4T para negarles obras y servicios. Según datos de José Alfonso Iracheta Carroll, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), hay siete millones de predios habitados por mexicanos en condición irregular (Gobernantes.com 5 de octubre 2022); incluso reconoce que la 4T solo ha regularizado 50 mil acciones a nivel nacional. Esto demuestra que al gobierno de Morena no le interesa dar certeza jurídica a los mexicanos sobre los predios que poseen.
En el estado de Veracruz, aparte del alto rezago de regularización del Insus, está el de Invivienda y el de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Son miles de familias que viven sin certeza jurídica de su patrimonio. Han cumplido con infinidad de trámites y pagos a Invivienda y Sefiplan, y siguen esperando su escritura. Ejemplos son miles de vecinos del Puerto de Veracruz en las Reservas Territoriales de Matacocuite y Vergara Tarimoya 4; tienen 18 años asentados y el Invivienda no les regulariza. En Xalapa hay 29 colonias en la zona oeste que Insus tampoco tiene escritura, las familias llevan más de 35 años viviendo ahí. (Col. Dolores Hidalgo, 21 de Marzo, Insurgentes, Porvenir, Renacimiento.)
La Dirección de Patrimonio del Estado ha recibido enganches y pagos de terrenos, pero no avanza la regularización de los predios en municipios como Coatzacoalcos, Córdoba, Fortín, Coatepec, Poza Rica, Tuxpan, Alvarado, entre otros. También en Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, dos mil familias de las colonias San Regino, Monte Albán, Santa Teresita, El Rodeo, Nuevo Progreso y Margarita Morán Véliz, ocupan sus lotes desde hace 25 años y es hora que Insus no avanza en la regularización.
Esta política de no dar certeza jurídica de sus lotes a las familias, se ha acentuado con el gobierno de la 4T. Usan como pretexto la falta de regularización para negar recursos en obras y servicios que mejoren las condiciones de vida del pueblo trabajador. Con ello, Morena y Andrés Manuel López Obrador, anulan el derecho a la vivienda de los más desposeídos; y sí usan el poder, para servir y favorecer a los dueños del capital.
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