En la Ciudad de México (CDMX) existen cientos de hogares sin escrituras y sin servicios públicos básicos. Tan solo en el año 2016 en la capital del país, el 39 por ciento contaba con vivienda regular, vivienda con escrituras, es decir, el 61 por ciento habita en viviendas irregulares. No tener una vivienda regular implica no tener seguridad de acceso a servicios, pues las autoridades gubernamentales les niegan injustamente los servicios básicos, condenando a vivir a todas estas familias en la marginación.
Según datos del Inegi, el más alto porcentaje de habitantes de la Ciudad de México, sin acceso al agua potable entubada en el hogar, está en las viviendas sin escrituras. Pero hay otro sector de la población que no cuenta con vivienda, formado, en parte, por el crecimiento natural de los pueblos originarios del sur. Y ¿cómo resuelven su problema? Muchas veces hacinados con varias familias en una misma casa.
El proyecto de vivienda de interés social del Instituto de vivienda (INVI) que debía ser la solución, resultó ser un proyecto para las clases medias, con empleo formal y sueldos de tres salarios mínimos; quedando en la indefensión, millones de familias que trabajan en la informalidad, éstos son arrojados y expulsados de las zonas urbanas, viéndose obligados a formar parte de los asentamientos irregulares. Aquí llegan a vivir los más pobres de la ciudad.
En estos asentamientos, la brecha se acentúa aún más, pues el gobierno de la CDMX, con el pretexto de que son asentamientos irregulares, prohíbe la dotación de servicios en estos predios, condenando a las familias a vivir, incluso, sin los servicios básicos indispensables de agua potable, electrificación, drenaje, alumbrado público, entre otros, por lo que la gente vive en condiciones muy insalubres.
La información disponible sobre el tema, en la CDMX, es extremadamente escasa, es posible aproximarse a ella. Según el extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) Simón Neuman, (centrourbano.com/1 de nov 2013), estimó en 900 el número de asentamientos irregulares en nueve delegaciones, principalmente en Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac, Cuajimalpa; en menor medida en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón; con una población de alrededor de 2.5 millones de habitantes, y refirió que muchos de ellos están plenamente consolidados, con más de 20, 30, hasta 50 años. Para hacernos una idea de la dimensión del problema, en Tláhuac se estimaban entonces 93 asentamientos irregulares, actualmente las autoridades locales, reconocen 150.
A los habitantes de estas zonas se les utiliza como botín político; a cambio de su voto se les ofrece el cambio del uso de suelo, se les utiliza como carne de urna sobre todo para Morena; se les niegan los servicios por ilegales, pero son legales cuando se trata de votar.
A cuatro años de su mandato, Claudia Sheinbaum no ha resuelto el tema de los asentamientos humanos, a pesar de que es un problema añejo.
Pero, además,Sheinbaum ha atropellado los derechos humanos de estos habitantes. Dos ejemplos, como ya lo hemos denunciado antes, en el predio Tempiluli, en Tláhuac, fueron desalojadas y destruidas, por disposiciones de la jefa de Gobierno, las casas de 300 familias, mismas que quedaron en la vil calle en plena época de pandemia. Otras tantas familias en distintas alcaldías se inundan con agua de drenaje en época de lluvias.
Las familias de estos predios, además de sufrir en carne propia la falta de servicios y de apoyo por parte de las autoridades, tienen que soportar represión, golpes, humillaciones. Soportar calumnias de morenistas en las redes sociales, pues se les acusa de robarse las tierras, cuando, con documentos en mano, han demostrado que ellos las compraron a los ejidatarios, que a nadie le han robado tierra. Solo a un demente se le ocurre ofender a las víctimas y defender a los victimarios.
El Movimiento Antorchista ha luchado durante años para que sean reconocidos varios de estos asentamientos, que se dé a las familias que los habitan certeza jurídica sobre su patrimonio, pues, ellos viven ahí por necesidad de vivienda y es inhumano que por esa condición de irregular se les nieguen los servicios públicos básicos tan elementales como el agua potable, la luz eléctrica y el drenaje, y qué decir de otros servicios como la seguridad o el derecho de contar con calles dignas y transitables.
Y todavía salen personajes como el diputado Aníbal Cáñez, que con el afán de hacerse publicidad y de hambre de protagonismo para figurar en la opinión pública, hace declaraciones sin presentar ningún argumento, él señaló, en una nota publicada en Reforma, el 16 de noviembre pasado, que nuestra organización es una de las que comete invasiones.
Ante esto, queremos dejar muy claro que el Movimiento Antorchista capitalino tiene presencia política y realiza trabajo en 13 de las alcaldías de la Ciudad de México y nunca, bajo ninguna circunstancia, ha participado en alguna acción que tenga que ver con invasiones; entonces, las declaraciones vertidas por este diputado no tienen otra intensión que difamar a nuestra organización y por alguna razón que desconocemos pretende enlodar la imagen del antorchismo.
Antorcha no invade y toda la actividad que realiza en la ciudad, desde hace más de 30 años, a favor de miles de habitantes en la capital, logrando importantes obras y servicios con nuestra gestión, mejorando la calidad de vida de miles de habitantes de colonias y pueblos de la capital siempre se ha llevado dentro del marco legal.
Por lo tanto, condenamos las declaraciones irreflexivas de Aníbal Cáñez, y externamos que miles de capitalinos que integran el Movimiento Antorchista en la capital del país, están inconformes por las declaraciones del legislador panista, que no analiza sino que repite como loro.
El Movimiento Antorchista de la Ciudad de México y de todo el país trabaja y lucha por los más desprotegidos de la patria, siempre respetando la Constitución Política que rige en todo el país.
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