Desde que México optó por un régimen republicano, democrático y federal, a partir de la constitución de 1824 y reafirmado en la de 1917, el Supremo Poder Federal se dividió en tres poderes: el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta división surgió de la necesidad de que las decisiones dentro del aparato estatal no se concentraran en el Poder Ejecutivo, que existieran contrapesos y equilibrios en la toma de decisiones de la nación.
En este sentido, las resoluciones del Poder Ejecutivo, en materia de gasto de los recursos públicos, están balanceadas por el poder Legislativo, en particular por la Cámara de Diputados.
La principal tarea de los diputados es legislar para beneficio del país; también garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos; y, por último, pero no menos importante, la discusión, aprobación y vigilancia del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es decir, distribuir los recursos que el gobierno obtiene de diversas fuentes, principalmente de los impuestos. Este mecanismo mantiene, hasta cierto punto, el equilibrio de poderes. Por ejemplo, las modificaciones en el presupuesto aprobado y los retrasos en su gasto deberían ser claramente justificados por el gobierno ante los diputados en la cámara, esto, a pesar de que el Poder Ejecutivo, a través de la SHCP, puede realizar ajustes de manera discrecional y generar retrasos en la ejecución de los recursos.
Sin embargo, en el México de 2022, los contrapesos entre poderes están muy desdibujados. Por ejemplo, tanto el PEF de 2020 como el de 2021 fueron aprobados sin modificaciones por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. De este modo se eliminaron sin reparo alguno programas como el Seguro Popular, vacunas para los infantes y el VIH, la desaparición del ramo 23 que se destinaba para infraestructura municipal, los comedores comunitarios y las guarderías, entre muchos otros ramos.
Esto se dio en un contexto en el que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tenía la mayoría de los escaños en la Cámara y, ante la victoria de Andrés Manuel, en diciembre de 2018, la mayoría de diputados que no pertenecían a ese partido buscaban alinearse a lo que éste dictaminaba para no desprestigiarse frente a la opinión pública por la gran aprobación popular que todavía tenía.
No obstante, en lo que concierne a la aprobación del presupuesto para el año 2022, hubo algunas protestas en el Poder Legislativo respecto a la distribución de los recursos del PEF. En la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde se aprueba el PEF antes de enviarlo a la Cámara en Pleno, la votación para su aprobación fue de 31 a favor con 24 en contra; con la Cámara en Pleno, la votación quedó en 273 a favor y 214 en contra (44 por ciento). Además, los jóvenes universitarios, investigadores y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) protestaron cuando les recortaron los recursos al CONACYT y quisieron reducir el presupuesto a algunas universidades como el CIDE, la UNAM, la Autónoma de Nayarit, entre otras. Llama la atención que, en una encuesta del periódico Reforma, de finales de 2021, momento en que se llevó a cabo la aprobación del PEF 2022, la aprobación de la gestión de Andrés Manuel había bajado mucho, alcanzando niveles similares de aceptación de presidentes como Fox y Zedillo a mitad de sus gobiernos.
Ante el panorama de no contar con la aprobación tan arrasadora como al inicio de su sexenio, AMLO no se atrevió a hacer tan evidente el privilegio que tenían sus programas y proyectos emblema en la distribución de los recursos públicos. Así pues, la Cámara aprobó el PEF 2022 con una determinada distribución, que se tenía que repartir de forma calendarizada en los cuatro trimestres del año. Esta calendarización de la distribución de los recursos es importante porque permite la planificación del gasto, especialmente aquel concerniente a obra pública y que requiere utilizar los recursos por etapas, o los recursos que, por las necesidades que satisfacen, como la educación, la salud y el deporte, requieren ser utilizados continuamente a lo largo del año.
Sin embargo, a pesar de la estructura del PEF 2022 aprobado por la Cámara, el poder Ejecutivo –con la SHCP ejecutando las órdenes– ha jugado por debajo del agua al redistribuir los recursos públicos de la forma en que mejor se acoplan a los intereses de la 4T; esto sin ninguna protesta por parte de los diputados y sin que los mexicanos se enteren de las consecuencias por venir. En el primer trimestre de 2022, los rubros que destacan por no haber recibido ningún recurso ya aprobado, a pesar de ser de vital importancia, son: la Atención a la Salud (-1,846 mdp), Servicios Estatales de Salud (-1,352 mdp), Atención Médica (-444 mdp), Educación Física de Excelencia (-60 mdp), Subsidios por cáncer (-42 mdp) y Modernización de catastros (-16 mdp). Además, de acuerdo con datos de México Evalúa, los recursos destinados a inversión directa disminuyeron si se compara con el promedio gastado en los últimos años (-54 mmdp), principalmente los que están bajo la ejecución del Gobierno Federal, pues tienen la posibilidad de ser manejados con más discrecionalidad. Uno de los programas con menores recursos entregados es Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en particular el gasto en mantenimiento de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras).
El programa de Vivienda Social también ha sido de los más castigados con un recorte de 82 por ciento de lo programado. Además, se ha hecho de lado la inversión en infraestructura y mantenimiento de Pemex y CFE, dando prioridad a los megaproyectos, los cuales han demostrado no estar en condiciones para funcionar a pesar de que ya se han inaugurado.
Esta situación de precariedad en algunos ramos contrasta visiblemente con la abundancia de presupuesto en otros programas y proyectos del gobierno, que han rebasado lo que se tenía calendarizado gastar durante el primer trimestre del 2022. Se han destinado mayores recursos a los programas de transferencia monetaria directa, estandartes de la 4T, como la Pensión de Adultos Mayores y Jóvenes Escribiendo el Futuro (que recibieron 38.6 y 1.87 mdp más de lo aprobado, respectivamente). Además, el gasto en el Tren Maya ha rebasado lo calendarizado en 40 por ciento, y en aportaciones a Pemex en 96.5 por ciento más, similar a 2021, donde se le destinaron 271 mmdp más que lo aprobado.
Ante las cifras ya relatadas, podemos hacer algunas observaciones. En primer lugar, que la austeridad republicana no aplica para todos los programas y ramos del presupuesto, sino solo a aquellos que no son importantes para realzar la imagen de la 4T y comprar conciencias; aunque esto resulte perjudicial para la población mexicana. Buena parte de la población cree que los programas de transferencia monetaria son preferibles a otro tipo de programas porque se dan directamente al pueblo y se evita así la corrupción, y se sienten agradecidos por la caridad que les brinda el presidente. Andrés Manuel es quien se ha encargado de esparcir esta forma de pensar en sus mañaneras, basta recordar cuando en 2019 comparó a los pobres con mascotas a las cuales debe dárseles el alimento porque ellos mismos no lo pueden ir a buscar. Sin embargo, la población debe saber que estos programas existen, principalmente, por los impuestos que el mismo pueblo de México paga de su salario al gobierno, y que es deber de éste gastarlos de la forma que más convenga al país.
Hay elementos para decir esta política tiene toda la intención de confundir al pueblo para que siga simpatizando con él y su gobierno. No es casualidad, por ejemplo, que en febrero dieran montos mayores en los programas para adultos mayores y las becas para estudiantes, con el pretexto de que se estaban adelantando los apoyos porque en los meses siguientes iba a haber veda electoral por revocación de mandato y elecciones en seis estados. Además, la 4T hace creer a la población que estos programas de transferencia monetaria benefician al sector más pobre, cuando en realidad, tanto Jóvenes Escribiendo el Futuro como las Pensiones para el Bienestar de los Adultos Mayores son regresivos: en el primero, el 20 por ciento más pobre recibe solo el 10.6 por ciento y el 20 por ciento más rico, el 22.5 por ciento; en el segundo, el 20 por ciento más pobre recibe el 7.7 por ciento y el 20 por ciento más rico, el 20.9 por ciento. Es decir que los programas estandarte de la 4T benefician en mayor medida a la población que menos lo necesita.
Pero, por si fuera poco, también hay evidencia de que se quitaron recursos a programas que son más importantes para la población más vulnerable, pero que son más difíciles de capitalizar por la imagen presidencial porque los recursos son manejados o gestionados por los municipios o instancias menores. Por ejemplo, el mantenimiento de los caminos rurales, la vivienda, la infraestructura en agua potable, alcantarillado y saneamiento, los programas destinados a salud, etc. A esto se suma que se ha documentado a través de distintos medios que en la consulta realizada en abril y en la elección de los nuevos consejeros que integrarán el congreso nacional de Morena, hubo manipulación por parte de los Servidores de la Nación para que la gente saliera a votar, so pretexto de desaparecer los programas o quitarles directamente el apoyo económico a tal o cual familia. Esta forma de entregar los apoyos por parte de los servidores de Morena es una clara compra de votos en potencia.
La 4T se niega a tomar en cuenta otras maneras en que la población puede mejorar su situación económica más allá de los programas de transferencia directa, que son evidentemente meros paliativos que se emplean para mantener la simpatía de la población. Por ejemplo, no se ha llevado a cabo ninguna política en materia de creación de empleo, a pesar de que esta es la forma más eficaz de mejorar la situación económica de los trabajadores, aunque de forma más dignificante, porque no obliga a que la población venda su conciencia a quien le hace creer que le da caridad a través de transferencias monetarias.
La segunda observación que podemos hacer es que la Cámara de Diputados se ha mantenido pasiva ante la reasignación del presupuesto con fines electoreros por parte del Poder Ejecutivo. A pesar de que la SHCP tiene total capacidad legal de modificar el presupuesto aprobado o la calendarización de la repartición de los recursos, lo cierto es que es deber del congreso protestar cuando se están lastimando los intereses de la población mexicana, por ejemplo, cuando se recortan recursos a la Salud y demás programas que satisfacen necesidades vitales de la población. En cambio, la Cámara ni se inmuta de los tejemanejes que se están realizando con los recursos por parte de la SHCP por órdenes del presidente.
Como mencionamos líneas arriba, no basta con votar la aprobación del PEF 2022, sino, como mínimo, es necesario vigilar que se cumplan los montos y los plazos en que se tienen que dar los recursos a quienes deben ejercerlos, porque son indispensables para el funcionamiento de la sociedad.
Este actuar del Congreso demuestra que los diputados no están interesados en defender los intereses del pueblo y el presidente tampoco. Por tanto, solo queda una única opción al pueblo mexicano: unirse y luchar por defender sus intereses. En lo inmediato, hacerse escuchar mediante movilizaciones; y en el largo plazo, formar un verdadero partido del pueblo trabajador que postule a representantes surgidos de su seno a la Cámara y a la presidencia de la república para que construyan un nuevo modelo económico que beneficie a toda la nación.
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