Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, el servicio de agua fue un problema que alcanzó números rojos. Fugas de agua, falta de alcantarillado, escasa distribución del servicio y mala calidad del líquido, fueron las necesidades más urgentes que hizo al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) solicitar una inversión para mejorar las condiciones del sistema.
Ante esto, Rafael Moreno Valle entregó una concesión a un consorcio de tres empresas mexicanas y una colombiana, Agua de México y Epcor (de Juan Diego Gutiérrez) y Ticsa (empresa mexicana que fue comprada por la empresa de Servicios Públicos de Medellín).
Algunos de los puntos del millonario acuerdo fueron: estar a cargo del servicio durante los próximos 30 años a cambio del pago de la deuda multimillonaria a los bancos, por los préstamos realizados. La extensión abarca cuatro municipios de la zona conurbada de la capital, con un total de más de 2 millones de usuarios.
Los compromisos estructurales fueron: modernizar la infraestructura hídrica con un valor de 5 mil 890 millones de pesos, reparación de fugas para evitar la pérdida del 30% del agua potable, expandir la red de distribución, para llegar a las zonas más vulnerables, así como bajar los costos y permitir la flexibilidad con el pago de los usuarios.
“Hace algunos años el sistema que operaba el servicio, tenía una deuda de 300 mil millones de pesos a instituciones bancarias; sin embargo, en el año 2018 la deuda incrementó a 500 mil millones de pesos, esto debido a la privatización del servicio”, así lo denunció el exdirector de Sopap, Francisco Castillo Montemayor.
Lo que pareciera haber sido una decisión correcta que beneficiaría tanto a Soapap y a los poblanos, cada día se vuelve una atadura y un problema que afecta realmente la vida de los usuarios.
Antes de la participación activa de Morena en el poder, el gobernador actual Miguel Barbosa Huerta, decretó que la privatización del agua sería cosa del pasado. Así mismo Gabriel Biestro y Nora Merino, actuales diputados morenistas apoyaron la idea proponiendo la “Ley del Agua para el Estado de Puebla” que decretaba que los cortes del líquido no debían llevarse a cabo por el incumplimiento en pagos.
Sin embargo, como ya es distinguida la política del Movimiento de Regeneración Nacional, todo se han quedado en promesas, pues desde que el funcionario Miguel Barbosa Huerta ingresó a palacio municipal, no se ha vuelto a tocar el tema, muy por el contrario de lo que dijo, según evaluaciones de los últimos dos años, ahora los usuarios pagan una tarifa 500% más cara, además de afrontar violaciones a derechos humanos por los cortes totales y los desperfectos en los ductos del drenaje, los tandeos se intensificaron, y las colonias ahora reciben solo tres horas del líquido a la semana, además de lugares que el abasto de agua solo llega cada 40 días y aún existen 83 colonias completas sin suministro.
Miguel Barbosa declaró: “No me meteré en el tema, porque las decisiones de empresas privadas no son asunto mío”. Igualmente, al realizarse una entrevista con los diputados, Nora Merino, declaró: “los cortes al agua son porque la gente no realiza sus pagos, si se sigue así se tendrá que llegar ya no solo a suspender, sino a embargar al usuario en caso de ser necesario, los servicios también necesitan mantenimiento”.
¿No es este uno de los cientos de ejemplos para evidenciar que Morena, no es ni de cerca un Gobierno para los pobres? ¿O cuánto habrá costado, como dice la expresión “hacerse de la vista gorda” ante semejante crueldad al pueblo?
No es un desatino decir que este Gobierno disfrazado de izquierda ha comprobado con hechos que lo que busca no es cambiar la política, sino solo ser parte de ella.
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