Llamó mi atención el reportaje publicado la semana pasada, en el diario El Universal, llamado: “Universidades del Bienestar, mucho gasto y muy pocos alumnos”. En el cuerpo del trabajo, el medio de comunicación señala que existen 140 sedes en todo el país, con un presupuesto para este año de mil 89 millones de pesos, aunque algunas de estas escuelas apenas cuentan con 13 alumnos, como el caso de Yahualica, Hidalgo, o con 20, en Las Margaritas, Chiapas. Asimismo, hay 50 sedes que tienen menos de 100 alumnos. En total, en el primer trimestre del año pasado había 28 mil 87 estudiantes inscritos en las Universidades del Bienestar (muy lejos de la meta sexenal, que es de 256 mil) los cuales disfrutan de una beca mensual de 2 mil 400 pesos. Adicionalmente, la nota menciona que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) detectó irregularidades en la matrícula de estas universidades.
De entrada diré que soy de los que opinan que hay un déficit en cuanto a cantidad y calidad en la educación superior y que la idea de crear nuevas instituciones no está mal en sí misma; pienso también que los jóvenes mexicanos tienen derecho a estudiar una carrera universitaria para progresar individualmente y contribuir al desarrollo de toda la sociedad. Sin embargo, a mí no me parece que la insistencia de López Obrador para crear estas escuelas y el aumento en el presupuesto año con año sea por el simple interés de que la juventud tenga más opciones para estudiar, más cuando no se ve con claridad que las Universidades del Bienestar estén dando buenos resultados.
¿De dónde saco esto? Uno, de la hostilidad del presidente hacia las instituciones de educación superior cuando éstas no se pliegan a sus intereses y caprichos, en unos casos haciendo valer su autonomía institucional y en otros la opinión de la comunidad académica y estudiantil. Ahí están los encontronazos con la UNAM, el CIDE y últimamente con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dichas escuelas de nivel superior, reconocidas por su excelencia académica no solo a nivel nacional, sino internacional, cometieron el delito de contradecir en cuestiones como la pandemia y el presupuesto educativo al inquilino de Palacio Nacional.
El segundo elemento es el que han advertido analistas: la 4T busca asaltar las instituciones de educación superior más importantes del país y convertirse en el actor predominante de ese nivel educativo, para, desde ahí, impulsar un tipo de pensamiento acorde con sus necesidades políticas. El presidente, pues, busca crear instituciones educativas que él pueda controlar, que le rindan pleitesía; él no quiere educar a los mexicanos para que el país se desarrolle, sino para que su Cuarta Transformación se perpetué en el poder. Los mexicanos de buena fe lo deberíamos registrar y actuar en consecuencia para evitar tal catástrofe.
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