Más de medio México que es aficionado al futbol entenderá perfectamente bien la frase que está a la cabeza de este trabajo y estará de acuerdo en que así no se puede pactar en serio un partido ni siquiera entre las fuerzas inferiores. A menos, claro, que todo sea un tongo. Eso es precisamente lo que está sucediendo en estos días: el presidente de la república quiere que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice una consulta ciudadana sobre la revocación o mantenimiento de su mandato, es decir, quiere que se resuelva que la ciudadanía lo reclama y desea que continúe otros tres años como presidente de la república, pero sin autorizarle suficiente dinero al INE para cubrir los gastos de la organización de la consulta.
Digo que es una decisión del presidente de la república porque, aunque el recorte en el presupuesto fue acordado por la Cámara de Diputados, todo mundo sabe que el partido del presidente, el partido Morena, tiene la mayoría y, sabe también, que el presidente ha dicho en público muchas veces que no permitirá que los diputados le cambien ni una coma a sus propuestas, lo que las convierte de hecho en imposiciones; en esta ocasión, se siguió el mismo procedimiento: no se cambió ni una coma.
En fin, más allá de la forma, en la esencia, que es lo que realmente cuenta, en el país está severamente agredida la división de poderes y las decisiones legislativas las toma por sí, y ante sí, Andrés Manuel López Obrador y, en el caso de la propuesta de gastos del gobierno para el año 2022, en el PEF 2022, se le recortaron al INE nada menos que 4 mil 913 millones de pesos, recursos que estarían destinados a los ejercicios de revocación de mandato y consulta popular. La autoridad electoral maniatada por falta de recursos. Como le dijo el propio presidente de la república al alcalde de Hermosillo que se atrevió a solicitarle más dinero para atender a sus gobernados, “¿y de qué quieres tu nieve?”.
El INE se defiende y formalizará la promoción de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la determinación de la Cámara de Diputados de recortarle esos recursos y dejarlo sin posibilidad práctica de organizar la consulta. La posibilidad de la revocación de mandato se incorporó en la Constitución mediante la reforma publicada en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 2019, la cual modificó el artículo 35 para añadir en su texto tal procedimiento. Cabe agregar que la figura de la revocación de mandato fue una propuesta de Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene que consultar al pueblo si desea que su presidente siga en el cargo en un plazo menor a los seis años que dura el cargo, es más democrático; consultarlo, por ejemplo, a los tres años, posibilidad que quedó asentada en la Constitución.
La realidad, como en otras afirmaciones del presidente, no coincide. La democracia, tal como existe, deja mucho que desear. Criticarla por extenso sería muy largo. No obstante, vale recordar que, si bien es cierto que las leyes mexicanas otorgan a todos los mexicanos el derecho de votar y ser votados, la élite en el poder se las ha ingeniado desde hace muchos años para dejar bien reglamentado que sólo quien sea propuesto por un partido político o llene complicados requisitos para ser considerado “independiente”, puede ser candidato a un cargo de elección popular. Todos son iguales ante la ley, pero unos son más iguales que otros.
El partido político, por su parte, para poder actuar legalmente, debe ser registrado por la autoridad y, para alcanzar ese registro, la misma ley de las élites, exige a los ciudadanos que quieren formarlo, transitar por un complicado y costoso proceso que, bien se sabe, termina rápido y sin contratiempos, sólo quien tiene el visto bueno de los poderosos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación, que declaran representar los más caros intereses del pueblo, están muy cómodos con la ley electoral tal como se encuentra, ni desean ni impulsan ningún cambio. Al contrario. Han hecho declaraciones y propuestas que, de aprobarse, volverían todavía más difícil y complicado el registro y la actividad de un partido auténticamente popular.
Tratando, pues, de presentar un rostro muy democrático sin ir a la raíz de la ocupación del poder, es que se les ocurrió someter el cargo de presidente de la república a una aprobación, a los tres años de ejercicio. No se conoce ninguna argumentación acerca de por qué, si es mejor estar consultando al pueblo cada tres años, no se reduce definitivamente el período presidencial a sólo tres años y se vuelve a elegir uno nuevo pues, de acuerdo con el razonamiento de quienes hicieron la propuesta de consulta, eso sería todavía mejor. Tampoco se dice por qué no se consulta a los electores cada año o cada seis meses. Nada de esto se dice ni se considera viable porque en realidad no se trata de arriesgar el poder detentado, sólo de hacer creer que el mandatario tiene mucho respaldo popular. Se posibilitará la votación del pueblo, pero conservando todo el poder de la nación, o sea, casi sin correr riesgos.
Si ya la nueva ley tiene mucho de demagogia, ahora, para asegurar resultados en un entorno en el que la mortandad por el Covid, los crímenes espantosos por la violencia y el empobrecimiento terrible de la población, han reducido drástica y peligrosamente el apoyo que recibió López Obrador en las elecciones del 2018, se opera para que el INE lleve a cabo la consulta sin dinero. Como si no supieran que, para garantizar la imparcialidad y legalidad de los resultados, el INE necesita integrar e instalar 162 mil casillas, para lo cual requiere visitar a 12 millones de ciudadanos y capacitar a cinco por cada casilla y que, para ello y más, necesita aproximadamente 4 mil millones pesos.
Ahora bien, no debe perderse de vista que las modificaciones al artículo 35 de la Constitución, con todo y las limitaciones ya señaladas, sólo abren la posibilidad de realizar una consulta para la revocación de mandato del presidente de la república, es decir, que para hacerla realidad, la ciudadanía todavía tiene que llenar una serie de complicados requisitos. Entre ellos, debe mencionarse que la ciudadanía tiene que hacer una solicitud y reunir firmas entre los electores; deben firmar nada menos que el tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de por lo menos 17 entidades federativas y el resultado de la votación, será válido si hay una participación de al menos 40 por ciento de los inscritos en la mencionada lista nominal de electores. Para mayor comprensión, preciso que el tres por ciento de los electores equivale a dos millones 770 mil 372 firmas y que el 40 por ciento de participantes equivale a 36 millones 938 mil 294 votos (todo ello, si tomamos en cuenta que al 12 de noviembre pasado la lista nominal constaba de 92 millones 345 mil 735 electores).
Estas altísimas exigencias, no sólo no ocultan, exhiben descaradamente que, para alcanzarlas, se necesita echar mano del poder de la nación. Los grupos de ciudadanos, menos aún los sin partido, tienen pocas o ninguna posibilidad de conquistar y ganar una revocación de mandato de un presidente enemigo del pueblo. En este caso, ya se está ejecutando esa operación desde el poder. El presidente de la república está ordenando a los militantes de Morena, muchos de los cuales son empleados del Estado (recuerde usted a los miles de Servidores de la nación), a que promuevan y se hagan responsables de la realización de la revocación de mandato y de la obtención de resultados favorables. El pueblo está ante un nuevo engaño. Más todavía si se conoce la pregunta a la que va a tener que dar respuesta el votante: “¿Estás de acuerdo en que al (nombre) Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período?” y se debe saber que la pregunta consignada en la ley no incluye las posibles respuestas, como el hecho de que el votante contesté SÍ, ¿sí, qué? ¿sí se queda o sí se va? En fin, además de obligarnos a jugar un partido sin árbitro, todavía nos esperan otras sorpresas.
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